García-Page, Lambán y Mañueco piden a Europa un régimen común de ayudas a la actividad económica en Cuenca, Teruel y Soria

Los presidentes de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, del Gobierno de Aragón, Javier Lambán, y de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, han mantenido este viernes un telemático con la vicepresidenta europea y comisaria de la Competencia, Margrethe Vestager.

Han defendido, según ha informado el Gobierno de Castilla y León, un “régimen común de ayudas a la compensación de la actividad económica en áreas despobladas para Soria, Teruel y Cuenca”.

El encuentro tenía como objetivo seguir avanzando en la solicitud conjunta para la designación de las provincias de Soria, Teruel y Cuenca como “zonas más desfavorecidas”, según el acuerdo firmado por los tres gobiernos autonómicos el pasado mes de julio en la capital soriana.

En este documento se instaba al Gobierno de España a que dirigiera la notificación oportuna a la Comisión Europea para la modificación del Mapa Nacional de Ayudas Regionales aplicable al actual periodo de programación y al periodo 2022-2027. En el encuentro mantenido hoy con la comisaria europea de la Competencia, los tres presidentes autonómicos han defendido una posición conjunta a favor de modificar las futuras directrices de ayudas estatales de finalidad regional que entrarán en vigor en el periodo 2022-2027.

Durante la reunión celebrada esta tarde, Vestager ha confirmado que “hará lo posible para buscar una solución técnica que permita satisfacer esta solicitud”.

Fusionar las categorías jurídicas de 'zonas poco pobladas'

Asimismo, han pedido a la Comisión Europea que se fusionen en un único régimen jurídico, las categorías jurídicas de ‘zonas poco pobladas’ y de ‘zonas de muy baja densidad de población’ permitiendo así que el régimen de ayudas con finalidad regional, que actualmente se permiten solo a la segunda categoría, en la que están englobadas las regiones más septentrionales de los países nórdicos, con problemas de población similares a las provincias de Teruel, Soria y Cuenca, sean de aplicación para todas.

Curiosamente, la futura Ley castellanomanchega de Despoblación que se está preparando sí quiere distinguir entres varios tipos: las escasamente pobladas, las que están en riesgo de despoblación, las zonas rurales intermedias y las zonas rurales periurbanas.

De esta forma, señala el comunicado emitido por el Gobierno de Castilla y León, la nueva categoría englobaría a estas tres provincias, -como zonas NUT3 que tienen una densidad de población inferior a 12,5 hab/Km2- con los territorios NUT2 con una densidad de población inferior a los 8 hab/Km2 en donde se engloban las áreas del norte de Europa. “Esta distinción actual entre ‘zonas poco pobladas’ y ‘zonas de muy baja densidad de población’ ya no tiene justificación cuando presentan los mismos problemas en los que se necesitan similares soluciones”, señala el comunicado.

Las ayudas de compensación a las actividades económicas, (ayudas al funcionamiento), son aquellas dirigidas a cualquier actividad económica sin que afecten a la competencia y al comercio. En zonas con problemas de población tienen efectos positivos en el empleo, los salarios, la creación de empresas y las tendencias para fijar población.

Por otra parte, las consecuencias económicas de la actual crisis sanitaria causada por el coronavirus “van a ahondar los desequilibrios que padecen estos territorios, haciendo que se reduzca aún más su tejido industrial, lo que aumentará su despoblamiento”.

Los tres presidentes autonómicos han puesto de manifiesto que las Comunidades de Aragón, Castilla-La Mancha y Castilla y León están colaborando y participando “activamente” en los debates del Foro de Regiones con Desafíos Demográficos, en las distintas Conferencias Sectoriales, en el Grupo Institucional para la elaboración de la Estrategia Nacional frente al Reto Demográfico o en el Comité europeo de las Regiones, con el objetivo común de reducir las desigualdades derivadas de los desafíos demográficos y mantener su cohesión económica, social y territorial, a cuyo refuerzo debe encaminarse la acción de la Unión Europea, con arreglo al artículo 174 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE).

Las tres comunidades autónomas han venido trabajando durante los últimos años y consensuando planteamientos dirigidos a paliar las desigualdades generadas en sus territorios a causa de los altos índices de envejecimiento, despoblación y dispersión, reclamando que la financiación autonómica descanse en el principio constitucional de igualdad entre todos los ciudadanos.

Así, sus tres responsables autonómicos consideran que el debate y aprobación del nuevo Marco Financiero Plurianual de la Unión Europea (MFP) para el periodo 2021-2027 deberá afrontar desafíos como el reto demográfico, y que resulta fundamental que Europa incluya a España entre las regiones afectadas por el fenómeno de la despoblación.