Ley de Despoblación de Castilla-La Mancha: blindar el acceso a los servicios públicos, ayudas para retornar al pueblo o tributos especiales

Hace ahora un año, el Gobierno de Castilla-La Mancha sometía a consulta pública la que entonces venía a denominarse Ley de Desarrollo Rural Territorial y contra el Despoblamiento.

La razón es que más del 90% de la geografía regional es rural, más de la mitad de sus municipios tiene menos de 500 habitantes y solo nueve sobrepasan los 30.000 habitantes.

Frenar la despoblación en una de las regiones de España donde más se ha vaciado el medio rural era y sigue siendo el objetivo de la que ahora se denomina Ley de Medidas Económicas, Sociales y Tributarias frente a la Despoblación y para el Desarrollo del Medio Rural en Castilla-La Mancha.

De la norma ya hay un borrador y hasta el próximo 4 de diciembre se podrán presentar observaciones, sugerencias o alegaciones a un texto normativo que se encuentra en fase de anteproyecto.

Entre los primeros esbozos del texto normativo del otoño de 2019 y el actual han pasado muchas cosas y no solo nos referimos a la irrupción de una pandemia global.

De hecho, durante los meses del confinamiento hay quien apuntaba que lo rural saldría reforzado tras la crisis sanitaria como “referente de lo perdido”. Otras voces sacaban los colores a la realidad de vivir un confinamiento e intentar teletrabajar en el medio rural con un sistema de “internet a pedales”.

Más allá de estas cuestiones, en las Cortes regionales se ha celebrado durante todo este tiempo una Comisión no permanente de Estudio para alcanzar un Pacto contra la Despoblación. Por ella han pasado 46 ponentes en 12 sesiones y se espera que a finales de este mes de noviembre se publiquen las conclusiones.

Se clasifican los tipos de zonas rurales

Entre tanto, la norma regional avanza y más allá de las claves iniciales del proyecto legislativo ahora se vienen a concretar algunos de sus aspectos. Se le ha cambiado hasta el nombre.

Por ejemplo, la ley definirá cuáles son los criterios y cómo queda delimitado lo que podemos definir como medio rural.

Además, se establece una clasificación de los tipos de zonas rurales de la región: las escasamente pobladas, las que están en riesgo de despoblación, las zonas rurales intermedias y las zonas rurales periurbanas.

‘Perspectiva de impacto demográfico’ que se reflejará en la memoria de los Presupuestos anuales

En la norma también se quiere dejar claro cuáles son las competencias del Gobierno regional. No solo marcar las pautas de la política, sino su papel de “sensibilización social”.

 Y sobre todo introduce lo que podríamos definir como ‘perspectiva de impacto demográfico’. Es decir, una vez aprobada la ley, los planes y actuaciones del Gobierno regional deberán incorporar “un informe sobre impacto demográfico, teniendo en cuenta la perspectiva de género, que analice los posibles efectos sobre las zonas rurales con problemas de despoblación y establezca medidas para adecuarla a la realidad del medio rural y para luchar frente a la despoblación”.

Eso incluye considerar esta cuestión en los presupuestos regionales que deberán llevar en su memoria el detalle del gasto individualizado sobre políticas activas de lucha contra la despoblación.

Esas políticas activas, se traducen tanto en dos instrumentos de planificación, que son en realidad dos estrategias diferenciadas. Por un lado, la Estrategia Regional frente a la despoblación (ERD) y por otro la Estrategia Regional de Desarrollo Rural (ERDR).

¿Qué principios regirán las políticas públicas para lograr estos objetivos? La norma dedica todo un capítulo a este aspecto.

Se potenciará tanto la colaboración Institucional como la contratación pública, habrá ayudas y subvenciones públicas específicas, se apostará por el empleo público, la simplificación normativa y administrativa, la administración digital, la seguridad ciudadana y la colaboración público-privada entre otros.

Una “ordenación territorial del servicio público educativo”

La norma aspira a favorecer un “carácter transversal” en las actuaciones y a ser garantista para la ciudadanía del medio rural.

Una de las características más notables de la norma es su intención de garantizar el acceso a los servicios públicos en las zonas rurales. ¿A qué se refiere? La ley habla de blindar el acceso a la Educación Pública incluyendo una “ordenación territorial del servicio público educativo”, sin especificar cómo. También recoge la necesidad de estabilizar y mejorar las plantillas docentes de forma que se atraiga a nuevos habitantes.

Por otro lado “se garantizará la apertura de colegios rurales, donde se imparten clases de educación infantil y primaria, con un mínimo de cuatro alumnos y alumnas”. De forma excepcional se podrán mantener abiertos colegios con menos alumnado para fijar población.

También se fija el compromiso de una red de comedores escolares y aulas matutinas adaptados a la realidad de las zonas escasamente pobladas y en riesgo de despoblación.

Además, se implementará la figura del contrato programa de formación, para el alumnado con estancia efectiva en las zonas escasamente pobladas o en riesgo de despoblación, orientado a la realización de estudios no obligatorios, tanto en Formación Profesional como Universitaria. Será compatible con otras becas de ayuda al estudio. También se adecuará la oferta de Formación Profesional en las zonas rurales.

La sanidad en el medio rural: puntos de atención continuada y helicópteros sanitarios

Uno de los debates durante este año 2020 debido a la pandemia se ha centrado en el acceso a la Sanidad en el medio rural. La Plataforma nacional ‘La España Vaciada’ ha venido reclamando un nuevo modelo sanitario en este ámbito sin restar ni derechos ni servicios.

La futura norma castellanomanchega recoge la “garantía” de la Atención Primaria y de unos servicios sanitarios adecuados al medio rural, así como el acceso a servicios de emergencias y urgencias sanitarias.

Dice garantizar las citas y la coordinación de horarios, el acceso a los medicamentos y la incorporación de un programa de avances tecnológicos en la atención médica en el ámbito rural.

Una de las novedades será crear una red de puntos de atención continuada, con el fin de garantizar que cualquier núcleo de población de las zonas escasamente pobladas o en riesgo de despoblación se encuentre a menos de 30 minutos de aquellos durante las 24 horas del día.

O garantizar un servicio de helicópteros sanitarios “las 24 horas del día” que alcance a todos los núcleos de población de la región.

Y si hablamos de servicios socio-sanitarios, pocas novedades al menos en la formulación inicial de la norma. De no introducirse modificaciones habría que esperar a su desarrollo reglamentario para saber en qué se traduce.

El transporte público en el medio rural será “sensible a la demanda”

En este apartado la ley contempla establecer un “un sistema de transporte sensible a la demanda que tenga la máxima cobertura para la población a un precio asequible”, más allá de que pueda existir transporte regular de viajeros.

En las zonas escasamente pobladas, en riesgo de despoblación y zonas rurales intermedias, la idea, una vez implantado el transporte sensible a la demanda, se adaptarán “los contratos de concesión de servicio público regular de uso general de personas viajeras en cuanto a las rutas, calendarios y horarios”.

Además, la Junta promoverá la implantación de un sistema tecnológico y telefónico de pre-contratación que garantice la reserva de las plazas, así como la gestión y control de incidencias, y de información a tiempo real de los servicios.

Un programa de Retorno del Talento Interno o lo que es lo mismo ‘volver al pueblo’

La norma contempla muchas medidas orientadas a la cohesión social, económica y territorial de la región.

Una de ellas es el desarrollo del Programa de Retorno del Talento Interno. La idea es facilitar a las personas con titulación universitaria, ciclos formativos o certificados de profesionalidad, que se encuentren residiendo o hayan residido o trabajado en nuestra región, el retorno a las zonas rurales escasamente pobladas y en riesgo de despoblación, fomentando su contratación, su actividad emprendedora o la continuidad de su formación profesional

Otros de los aspectos novedosos tienen que ver con el apoyo a la comercialización de los productos forestales de la región, a la bioeconomía o el acceso a Servicios Bancarios en el Medio Rural.

En este último aspecto, la norma indica que las administraciones públicas de Castilla-La Mancha “podrán suscribir acuerdos con las entidades financieras para facilitar el acceso a los servicios financieros de las personas que viven en el medio rural”.

También se habla de fomentar la Investigación, el Desarrollo y la Innovación en el medio rural y de crear “un centro que coordine la investigación sobre despoblación, los retos demográficos y las oportunidades en el medio rural”.

Además, recoge el impulso a las energías renovables en la agricultura, ganadería y el sector forestal. La ley llega a hablar de fomentar la participación de los agricultores y las agricultoras en la cadena de valor, aunque sin más detalles.

Para los emprendedores, se quiere crear un sistema de complemento a las ayudas y subvenciones que hayan obtenido de la Administración General del Estado, si se implantan en zonas despobladas.

Se creará una Oficina de Fomento de la Vivienda rural

Para facilitar el acceso a la vivienda de las personas que viven en el medio rural, se creará una Oficina de Fomento de este tipo de viviendas y también habrá una nueva tipología: la Vivienda Rural Protegida.

La norma recoge además instrumentos de ordenación territorial y urbanística. En este aspecto, una curiosidad: “La prevención y minimización de la contaminación del aire, el agua, el suelo y el subsuelo”.

Medios de comunicación: la norma dice que se facilitará el acceso a “información veraz”

El proyecto de ley también contempla que la Junta impulse medidas para que los ciudadanos accedan a “información veraz” y se propone habilitar mecanismos que impulsen la radiodifusión, televisión y cualquier otro medio de comunicación social en el medio rural. Para eso señala que se colaborará “con los diferentes medios de comunicación social con presencia en el territorio regional”.

También hay un apartado dedicado a las tecnologías de la información y la comunicación. El objetivo será “garantizar una conectividad digital fiable y de calidad para el 100% de localidades, de banda ancha y móvil” y mejorar la calidad de penetración del servicio de las TIC en los diversos sectores de actividad económica en el medio rural o favorecer el acceso telemático.

¿Cómo se financiarán todas las medidas que quiere implementar esta ley?

La norma también recoge expresamente cómo será la financiación de las medidas para el desarrollo del medio rural y contra la despoblación. No solo se espera hacerlo con fondos propios o nacionales sino con los Fondos Estructurales y de Inversión (EIE) y otros instrumentos de financiación de la Unión Europea.

Y no solo eso, también se recogen medidas tributarias especiales para quienes vivan en las zonas rurales. Es una de las “novedades” de esta norma, según los propios redactores del texto y afectarán tanto a los tributos propios de la comunidad autónoma como a los cedidos.

En el caso de estos últimos, la intención es establecer deducciones en la cuota del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas además de tipos reducidos, bonificaciones y deducciones de la cuota en el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados.

Para la gobernanza de toda la planificación en torno a la despoblación está previsto crear el Consejo Regional para el Desarrollo del Medio Rural y frente a la Despoblación al que se incorporarán los actores económicos y sociales más representativos.

Cinco disposiciones adicionales de calado y cuatro cambios en leyes regionales vigentes

Otra de las cuestiones es el hecho de que el anteproyecto de ley incluya cinco disposiciones adicionales de calado.

Entre ellas, la que creará un Fondo de Inversión para el Apoyo a Proyectos Empresariales en Zonas Escasamente Pobladas o en Riesgo de Despoblación

O las que permitirán adaptar los pliegos de condiciones en la contratación de los servicios de comunicación de voz, datos y similares de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, además de la adscripción de Montes públicos de la Junta castellanomanchega.

Y por cierto, cuatro de sus siete disposiciones finales van a afectar a otras normas actualmente en vigor, para modificarlas. Se trata la Ley de fomento de las Energías Renovables e incentivación del ahorro y la eficiencia energética en Castilla-La Mancha, la Ley de Montes y Gestión Forestal Sostenible, la Ley de Educación y la reciente Ley del pasado año 2019 del Estatuto de las Mujeres Rurales de Castilla-La Mancha.

La nueva norma modificará otras cuatro: las leyes regionales relativas a energías renovables y eficiencia energética, a montes y gestión forestal, a educación y la norma que regula el Estatuto de Mujeres Rurales.