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La nueva Ley electoral ya es oficial

El PP propone que las Cortes de Castilla-La Mancha estén formadas por 33 diputados, 16 menos que en la actualidad

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María Dolores de Cospedal firma el documento oficial que promulga la Ley 4/2014, de 21 de julio, que reforma la Ley Electoral de Castilla-La Mancha de 1986, por la que se establece que la Cámara regional pasa a estar formada por 33 diputados, con un mínimo de tres escaños en cada una de las cinco provincias de la región. Tal como señala el texto, los 18 diputados restantes se distribuirán entre las provincias en proporción a su población, al dividir la cifra total de la aquellos habitantes considerados “por derecho” por 18, con lo que cada provincia obtendrá tantos escaños como resulte en esta división. Los diputados restantes, se destinarán a las provincias que, según esta regla, obtengan una fracción decimal mayor.

La exposición de motivos del documento, repite los tan aireados por el Gobierno regional para justificar una medida que ha sido calificada como “pucherazo” por la oposición. María Dolores de Cospedal asegura que sólo se pretende seguir los esfuerzos y ajustes, señalados también en la reforma del Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha, destinados a solucionar la crisis institucional y financiera de la región, ya que los representantes de los ciudadanos deben asumir los ajustes para contribuir al esfuerzo colectivo. “La reducción de parlamentarios es una demanda abrumadora de la sociedad castellano-manchega”, afirma el documento.

A pesar de que el Parlamento se quedaría reducido al de la Comunidad Autónoma de la Rioja, cuya población es seis veces menor a la de Castilla-La Mancha, el documento afirma que la Cámara Legislativa Autonómica se adapta a la realidad social de Castilla-La Mancha, añadiendo que se sujeta a los principios de la Constitución y de la legislación estatal del Régimen Electoral General. A pesar de que los análisis afirman que la participación de las terceras fuerzas políticas se pondría en entredicho con la ley, el documento asegura que la ley garantiza un sistema electoral que impide resultados que “puedan falsear la voluntad popular”. De hecho, asegura que el reparto de escaños tiene al máximo equilibrio entre la asignación territorial y proporcional, gracias a criterios que “no responden a supuestos de oportunidad”.

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