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Carta de un bombero forestal de las BRIF a Pedro Sánchez, a la ministra Montero y a la opinión pública

Bomberos forestales

Carlos Martín Bombero forestal de las BRIF. Representante por CCOO de los trabajadores de la BRIF de Prado de los Esquiladores. (Cuenca)

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Entre los pasados meses de febrero y marzo se registraron más de cien incendios forestales en Asturias; otro medio centenar en Cantabria; en Riaxo se calcinaron más de 1.160 hectáreas en el incendio más grave sufrido en Galicia desde 2017; y en Paterna del Madera (Albacete) se tardó cuatro días en extinguir otro incendio de nivel 1 que quemó unas cien hectáreas. Hubo que desalojar un cortijo de la zona por precaución. El alcalde de la localidad, Francisco García, se quejó por la tardanza en llegar de los medios del INFOCAM, “tuvieron que venir de Madrid o Murcia porque en Castilla-La Mancha no estamos en temporada de extinción”.

Los 560 trabajadores de las Brigadas de Refuerzo de Extinción de Incendios Forestales (BRIF) podríamos haber estado ayudando en las labores de extinción de todos estos fuegos, pero carecemos de disponibilidad para acudir a los incendios forestales que se produzcan fuera del periodo de campaña de extinción, establecido normalmente entre los meses de junio a octubre.

Las BRIF somos un colectivo de bomberos forestales adscritos a la empresa pública Tragsa, un dispositivo de unidades helitransportadas que el Ministerio de Agricultura Pesca y Alimentación (MAPA) pone a disposición de las comunidades autónomas para colaborar en la extinción de incendios forestales.

De las once bases BRIF repartidas por todo el territorio nacional, en Castilla-La Mancha hay ubicadas dos: una en la provincia de Toledo (La Iglesuela) y otra en Cuenca (Prado de los Esquiladores). Entre ambas emplean a unas 130 personas. Casi todos somos bomberos forestales que acudimos a colaborar en la extinción de incendios allí donde se nos requiera, pero sólo en los meses de campaña de extinción, en el resto participamos en labores preventivas o vamos al desempleo.

Todos los incendios que he mencionado se han producido en invierno y en las primeras semanas de la primavera. Y dada la situación de sequía consolidada en la buena parte del país -y más aún en Castilla-La Mancha-, fruto del déficit hídrico de los meses precedentes, junto a las temperaturas por encima de la media histórica y a la previsión de que las precipitaciones que puedan producirse en abril y mayo sean insuficientes para revertir esta situación, el Índice de Propagación Potencial (IPP) de los incendios forestales es muy superior a los valores medios para esta época del año, cuando aún faltan dos meses para el inicio de la campaña de extinción.

Desde 2015, los trabajadores de las BRIF venimos negociando con Tragsa un nuevo marco de regulación anexo al convenio de empresa que, entre otras cuestiones, se adapte más adecuadamente a la realidad que hoy suponen los incendios forestales, un problema cada vez más recurrente y sin una estacionalidad definida como consecuencia del cambio climático.

La negociación con Tragsa culminó en diciembre de 2017 con la firma de un acuerdo entre la empresa y los trabajadores; acuerdo que debía recibir el visto bueno de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), de la que depende Tragsa; del MAPA, que encomienda el servicio; y del Ministerio de Hacienda, que supervisa la negociación colectiva de las empresas públicas.

A lo largo de 2018 se produjeron los informes favorables de la SEPI y del MAPA; pero, tras 16 meses de espera, Hacienda mantiene un escandaloso silencio y sigue sin dar contestación a ninguno de los escritos que desde diferentes organizaciones se les han enviado.

Ante lo que consideramos una falta de respeto y de responsabilidad, tres sindicatos del colectivo de trabajadores de las BRIF, CCOO, UGT y CSIF, hemos convocado el próximo día 11 dos concentraciones en Madrid, primero ante el ministerio de Hacienda y luego a las puertas de la sede del PSOE en la calle Ferraz, por considerarlos responsables directos de la situación en la que se encuentra el dispositivo BRIF en la actualidad.

A nuestro colectivo no le faltan reconocimientos y homenajes, como el del ministro Luis Planas en noviembre del año pasado con la entrega de un diploma a cada una de las bases BRIF; o el más reciente del 21 de marzo, cuando el sindicato UGT premió con el 'Agracejo de Oro' a la base BRIF de Cuenca por el desempeño de una actividad “más que imprescindible para la conservación de nuestro Medio Ambiente”.

Agradecemos los homenajes y reconocimientos; pero, si no se respaldan de unas condiciones laborables adecuadas, provocan frustración.

A día de hoy, varios compañeros se encuentran en situación de desempleo por ser declarados no aptos para la extinción de incendios forestales al no superar las pruebas físicas que anualmente debemos realizar. El acuerdo mencionado incluye una segunda actividad para estos trabajadores realizando tareas de apoyo logístico en las intervenciones de las BRIF, lo que permitirá aprovechar su conocimiento y experiencia y aportará mayor operatividad e independencia al dispositivo.

El MAPA nos define como “personal altamente especializado”, pero Tragsa nos paga 1.000 euros brutos, 900 netos, los meses que trabajamos; y 3,8 euros (tres coma ocho euros) por cada día que nos jugamos la vida luchando contra el fuego en primera línea, englobando en ese plus la peligrosidad, la penosidad, la turnicidad, el ser personal helitransportado…

Las penosas condiciones de vida y de trabajo que afrontamos día a día no animan a continuar con estas labores, consideradas por todos tan importantes.

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