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COVID y explotación sexual de mujeres

Mujeres en un prostíbulo de Ocaña (Toledo) durante una operación policial

Rosario Alises. Médica

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En agosto se publicó el Decreto 49/2020, de 21 de agosto en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha por el que se daba continuidad a las medidas especiales para evitar la propagación del coronavirus una vez levantado el estado de alarma impuesto por el gobierno de España. Nuestra comunidad ha sido una de las más afectadas en cuanto número de contagios y número de fallecimientos y, por ello, el ejecutivo regional determinó que se debían consolidar e incluso reforzar las medidas sanitarias dirigidas a controlar los brotes detectados en el ámbito social relacionados con reuniones familiares o de amistad, los locales de ocio nocturno, la agrupación de más de diez personas incluso la prohibición de fumar en espacios al aire libre. Como era un decreto que modificaba otro anterior, hay un artículo único con varios puntos; en el punto Nueve, de modificación del artículo 24 se dice en el apartado 3: “Deberán permanecer cerrados al público los denominados clubes de alterne o prostíbulos, con independencia de la licencia de actividad bajo la que operen”.

El 29 de octubre se publica otro Decreto por el que se declara el toque de queda (art.1) y el cierre perimetral (art.2) de la Comunidad Autónoma.

Yo soy médica de emergencias y tengo mi puesto de trabajo en lugar alejado de mi domicilio; por ello paso por delante del prostíbulo llamado El Conejo de la Suerte situado en la A4 km. 54 y término municipal de Ocaña (Toledo) de dos a cuatro veces por semana. Desde la publicación del Decreto y en todas las ocasiones en las que he conducido por esa zona a partir de las 18 h he encontrado el prostíbulo abierto con vehículos particulares en el aparcamiento privado del establecimiento y con sus luces de neón encendidas anunciando desde lejos la presencia del local. Así pues, el 25 de agosto formulé por escrito y con correo electrónico la que sería la primera queja por el incumplimiento de la normativa vigente por el citado prostíbulo; desde ese 25 de agosto he estado enviando quejas casi semanales a la Guardia Civil, a la Fiscalía de Toledo, a la Dirección General de Salud Pública del SESCAM, al Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha y a los medios de comunicación, entre otras instituciones. El 21 de septiembre se produjo una actuación de la Policía Judicial de la Guardia Civil de Villacañas en el establecimiento en el que se encontraron 26 vehículos, 10 clientes y 15 mujeres alojadas. Según la prensa, la policía instó a los responsables del establecimiento a cerrar sus puertas a lo que estos se negaron.

El prostíbulo ha continuado abierto ininterrumpidamente desde aquella fecha. El Instituto de la Mujer se ha puesto en contacto conmigo para comunicarme su preocupación por la situación de las mujeres que se encuentran alojadas en el prostíbulo y para decirme que están haciendo todo lo posible para encontrar una alternativa digna para esas mujeres, sin haberlo conseguido hasta la fecha.

La Delegación Provincial de Sanidad ha incoado expediente sancionador contra la empresa que regenta el prostíbulo y que se llama Proyectos Vendecar S.A. sin que se sepa la resolución de ese expediente.

La realidad actual, más de tres meses después de la publicación de la normativa, es que el prostíbulo sigue con su actividad como atestiguan las luces interiores encendidas, el aparcamiento abierto y la presencia de vehículos particulares en su interior. No obstante lo cual, la Fiscalía me ha remitido un Decreto por el que se me informa que el expediente que abrieron por mi denuncia queda archivado ya que al Fiscal Jefe no le consta que se haya incumplido el mandato de cierre del local.

Y es en este punto donde surge la sorpresa y doy rienda suelta a la indignación. Cómo es posible que a la Fiscalía no le conste que el prostíbulo sigue abierto cuando yo, una simple ciudadana que circula por la A4, me doy perfecta cuenta de que está activo y aceptando puteros (pues no tienen otro nombre quienes acuden a un prostíbulo, sea cual fuere el objetivo de su visita). Cómo es posible que la Policía Judicial de la Guardia Civil de Villacañas no se persone en el establecimiento cualquier día a partir de las siete de la tarde y haga constar su estado de apertura. Cómo es posible que la Delegación Provincial de Sanidad no consiga cerrar esa supuesta empresa cuyo objeto social dice ser (atención a la diversificación) la hostelería, restauración, organización de eventos, alquiler de bienes inmuebles, explotación agrícola y ganadera, transportes terrestres y almacenaje, cuando está cerrando bares y discotecas por doquier. Cómo es posible que el Instituto de la Mujer no haya encontrado en tantos meses los recursos necesarios para garantizar la salud y prevenir el contagio de las mujeres que presumiblemente están siendo explotadas en ese burdel.

Solo encuentro una explicación y me baso en la experiencia y los conocimientos adquiridos por las lecturas de ciertos procesos judiciales, como podría ser la más reciente, la de la operación Carioca, en la que se demuestra la implicación de demasiados cargos de la función pública en la trama de prostitución y trata de personas con fines de explotación sexual. La explicación podría venir dada, presuntamente, tanto por la inmensa influencia que el responsable de la empresa (o, si es un testaferro, el verdadero cabecilla de la trama) tiene sobre los poderes públicos y los fácticos como por la facilidad que estos mismos poderes puedan tener para dejarse influir.

Me preocupa la situación de las mujeres que están obligadas a tener actividades de riesgo en época COVID, con hombres cuya situación sanitaria es desconocida para ellas; me preocupa que estas mujeres no tengan la posibilidad de acceder a unos ingresos económicos que les permitan alejarse de los espacios de riesgo; me preocupa que sus bocas estén selladas por las amenazas que los proxenetas han vertido sobre las familias que dejaron en el país de origen; me indigna que los proxenetas sigan enriqueciéndose a costa de la deuda de las mujeres explotadas y que nadie los inculpe por el delito de explotación sexual; me escandaliza que los fiscales no usen la interpretación de las leyes para sentenciar y condenar como se merece a estos delincuentes. Me entristece, en definitiva, que todavía haya quien justifique la existencia de esos espacios donde se están produciendo violencias machistas que atañen a la salud física y mental de las mujeres.

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2 de diciembre de 2020 - 11:27 h

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