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La demagogia política y el verdadero foco problemático en materia de vivienda en Castilla-La Mancha

Emiliano García-Page

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Escuchar las declaraciones del Sr. Page en materia de vivienda y ocupación conlleva que, como mínimo. te chirríen los oídos dada la situación y la problemática de la vivienda en Castilla la Mancha y España.

En su última visita a Tomelloso acusaba sin citar a ciertos partidos políticos de no tener “ni idea” de los problemas que ocasiona el fenómeno de la “okupación”. Es más, en dichas declaraciones insta a los ayuntamientos a saltarse la ley y no empadronar a los vecinos y vecinas que se encuentran en la situación de tener que ocupar una vivienda por no tener ninguna alternativa habitacional, vulnerando así el derecho y la obligación por parte de los ayuntamientos de empadronar y el dictamen de instrucciones técnicas sobre gestión del padrón municipal según resolución con fecha del 29 de abril del 2020 y publicado en BOE n.º 122 de 2 de mayo de 2020.

Voy a intentar, en la medida de lo posible, aclarar una serie de conceptos y aportarle una serie de datos en materia de vivienda y ocupación.

No voy a utilizar el manido termino de ‘populismo’ al referirme al Sr. Page. Voy a utilizar un término que, creo, se acopla más a sus declaraciones y a su forma de actuar, que es la más absoluta demagogia. Me explico:

Después de siete años de gobierno en la comunidad autónoma, no ha sido capaz de consensuar ni de sacar adelante aún una Ley de Vivienda Regional, siete años, sí, así como suenan, 2555 días de gobierno.

Atendiendo a sus últimas grandilocuentes declaraciones, destacaba que en septiembre de 2022 va a aprobar un “macro Plan de Vivienda” que va a beneficiar a más de 30.000 personas. A fecha de hoy, ni el Diario Oficial de Castilla-La Mancha (DOCM) ni en la web de la Junta de Castilla-La Mancha tenemos aún nada de ese “macro plan”.

Olvida asimismo en sus diferentes declaraciones, no sé si de manera consciente, que por parte del Gobierno de coalición del Estado Español (PSOE y Unidas Podemos) se van a trasferir 500 millones a las comunidades autónomas en materia de vivienda. Siento mentar a la bicha Sr. Page, pero esa trasferencia se hace gracias al gobierno de coalición de PSOE y de Unidas Podemos.

Pero vayamos, Sr. Page, a la realidad del día a día de los ciudadanos y ciudadanas de la comunidad autónoma de Castilla la Mancha y por extensión del país.

Algunos datos…

Según la Fiscalía General del Estado, la ocupación de viviendas en España es escasa y no ha aumentado, por lo que la alarma social desatada por algunos partidos y medios de comunicación en los últimos años no tiene razón de ser. Esos datos de la Fiscalía General del Estado vienen a consolidar la opinión de algunos jueces que hablan abiertamente de “bulo” sobre los mal llamados ‘okupas’.

Seguimos Sr. Page …

El Ministerio Público lo difundió en su memoria anual de actuaciones de 2021, en la que recoge un epígrafe concreto sobre el delito de usurpación de inmuebles, con el que se asocia el fenómeno de la ocupación. El otro delito relacionado con el fenómeno es el de allanamiento de morada, un delito grave que, sin embargo, no se asocia únicamente a la ocupación, sino también a los robos y como agravante de otros delitos.

La usurpación es lo que suele denominarse informalmente ocupación. Es un delito leve que consiste en entrar de forma ilegal en un inmueble deshabitado, que no constituye la vivienda de nadie, sin consentimiento de los propietarios con el fin de convertirlo en residencia.

El allanamiento, en cambio, se refiere a la entrada en el domicilio habitual de una persona (también la segunda residencia). Es un delito grave que acarrea penas de prisión de seis meses a dos años, llegando hasta cuatro años si media la violencia o la intimidación. Tras una denuncia por allanamiento, con independencia de lo que se dilate el procedimiento judicial, la Policía puede desalojar al intruso y detenerlo en pocas horas. La usurpación suele tardar más tiempo en resolverse, ya que se da en casos de viviendas o locales vacíos pertenecientes a bancos o grandes propietarios.

La Fiscalía señala una “tendencia de estabilización” en cuanto al número de incoaciones por el delito de usurpación. Según sus datos, en 2021 se incoaron en España 9.739 procedimientos judiciales por usurpación, solo nueve más que en 2020. En 2019 y 2018, las diligencias previas iniciadas por este delito no superaron las 9.700 en todo el país, lo que supuso un aumento de apenas el 1% respecto a años anteriores.

Los fiscales señalan además que la proporción entre los procedimientos incoados y las calificaciones emitidas sigue siendo “muy bajo”. En concreto, los fiscales calificaron como usurpación alrededor de un 2% de las incoaciones: 197 el año pasado frente a 177 en 2020. En 2019 fueron 210 y en 2018 alcanzaron las 201. En cuanto a las sentencias dictadas en tribunales por este delito, en 2021 apenas fueron 255. En cuanto al allanamiento de morada, la memoria de la Fiscalía habla de solo 83 delitos calificados como tal por los fiscales en 2021.

A este respecto me gustaría informar al Sr. Page, que según información facilitada por el delegado del Gobierno en la región, Francisco Tierraseca, según los datos preliminares del informe que encargó el delegado del Gobierno en la región a los responsables de la Policía Nacional y de la Guardia Civil con el fin de conocer las características específicas de la ocupación ilegal de inmuebles en la región, el 75 por ciento de los propietarios de viviendas ocupadas en Castilla-La Mancha no ha formalizado una denuncia ni ha manifestado expresamente esa oposición a la ocupación ilegal de viviendas.

Seguimos con datos Sr. Page. El pasado año 2021 Castilla la Mancha se encontraba en la vergonzosa lista de las diez comunidades autónomas en las que no se construyó ni una sola vivienda VPO (las siglas con las que genéricamente se conoce la vivienda protegida, aunque las denominaciones varían en cada comunidad), según datos del ministerio.

Para dar más datos, los desahucios realizados en Castilla-La Mancha durante el segundo trimestre de 2021 se han disparado un 643,8 por ciento con respecto al mismo trimestre del año anterior, alcanzando números similares a los que existían antes de la pandemia. Una tendencia al alza constatada por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que ha publicado recientemente su informe 'Efectos de la crisis económica en los órganos judiciales'. También se aprecia en dicho informe un aumento en el número de desahucios practicados por cada 100.000 habitantes, que ha pasado de los 3,1 del segundo trimestre del 2020 a los 23,2 del mismo periodo; así como en los lanzamientos derivados por ejecuciones hipotecarias resueltas, que han aumentado un 19,7 por ciento en los últimos dos años.

Si atendemos a la radiografía del alquiler social, los porcentajes son el 1,6% en España frente al 9,3% de la Unión Europea. Los datos, recopilados en el Boletín Especial de Vivienda Social que presentó el MITMA en septiembre de 2020, implican que España necesitaría incrementar su parque de vivienda social en casi un 8% para aproximarse a la media de los países europeos. El déficit es mucho mayor si se compara con el 30% de Holanda; el 24% de Austria; el 20,9% de Dinamarca; el 19% de Suecia; el 17,6% de Reino Unido; el 16,8% de Francia, y el 13% de Finlandia.

En Castilla la Mancha la vivienda protegida en régimen de alquiler solo representa un 2%, siendo así la comunidad autónoma que menos vivienda tiene en régimen de alquiler social en el conjunto del estado. España cuenta con el menor parque de viviendas sociales en alquiler de todos los países europeos de la OCDE, con apenas 290.000 inmuebles, el 1,1% de todas las viviendas del país, según un estudio sobre la situación del mercado del alquiler en Europa elaborado por el profesor Josep Oliver, catedrático emérito de la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB). Desde el comienzo de la crisis económica en 2008, decenas de miles de personas que no podían mantenerse al día en el pago del alquiler de su vivienda han sido desalojadas. Desde 2013, se han producido 153.667 desahucios. Tan solo en 2016 hubo 34.193 desahucios de viviendas en alquiler en España, además de 26.397 desalojos hipotecarios.

El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas pidió a España en 2012 que recopilara información estadística con vistas a identificar a las personas y grupos afectados por las medidas de austeridad. 

Estos datos son esenciales para contar con un diagnóstico sobre las necesidades de vivienda de la población y diseñar una estrategia en materia de vivienda que garantice de manera efectiva el derecho a la vivienda adecuada, priorizando los colectivos más desfavorecidos. En un momento de creciente demanda de vivienda social, las autoridades han procedido a adoptar medidas regresivas sin ningún tipo de justificación, con una reducción de un 70,4% del presupuesto público español para el acceso a la vivienda y fomento de la edificación desde 2009.

Como comentamos anteriormente, España cuenta con un porcentaje de vivienda social de menos del 2% del total del parque de viviendas; es uno de los países que menos gasto público emplea en vivienda y, sin embargo, su población ha visto cómo el gasto personal en vivienda se incrementaba hasta el 17,4% del gasto total de los hogares al 23% en 2015 y más del 30% en el año 2021, (siendo los porcentajes mucho mayores en familias en situación de riesgo y exclusión) el mayor en la Unión Europea.

Estos, que son solo algunos datos, demuestran que la intención de ciertos políticos es apartar el foco del verdadero problema, que no es la ocupación, ya que es verdaderamente insignificante en este país y en esta comunidad autónoma, si no la falta de acceso a la vivienda y la falta de ideas e iniciativa al abordar el problema por parte de ciertas personas de la clase política de este país.

Por favor dejemos la demagogia a un lado y seamos más serios.

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