La desastrosa política de vivienda de la Junta

La política de la Dirección General de Vivienda en el Barrio del Polígono de Toledo es la inacción. La alarmante escalada de precios en compra o alquiler en nuestro barrio se produce por la pasividad e incluso con la complicidad de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Ello, a pesar de poseer todas las posibilidades y ventajas que tiene al ser propietaria de todo el suelo del barrio, suelo que le fue regalado por el simbólico precio de una peseta.

No actúa en la contención de precios, no administra las viviendas de alquiler o lo hace de forma caótica, tiene congelada y maniatada la venta de parcelas para nueva vivienda, y abandonada la necesaria promoción de vivienda en alquiler.

Esta política se limita a realizar declaraciones como las del consejero de Fomento, diciendo que facilitaría suelo para que los jóvenes puedan acceder a la vivienda, o no permitir guetos en viviendas sociales, pero nuestro barrio es un ejemplo de que están practicando todo lo contrario.

Los precios por las nubes

Para comprobar esto solo hace falta consultar la oferta de las inmobiliarias. Una oferta que es escasísima tanto para compra como para alquiler, y que se está haciendo inaccesible para la gran mayoría. Pero es que además, siendo la práctica totalidad viviendas protegidas, se compra y se vende a precios por encima de este mercado regulado. Esto es consecuencia de la dejación de la Junta de Comunidades durante décadas ya que nunca ha querido articular mecanismos para que esto no sucediera.

Hay algunos precios de venta totalmente disparatados. En alquiler, el precio se ha llegado a duplicar. Y ante la imposibilidad de acceso para alquilar una vivienda, el mercado de alquiler por habitaciones como única posibilidad se ha lanzado.

Aparte de en las inmobiliarias, también podemos ver anuncios en diferentes lugares. Sitios como farolas o centros de trabajo que demuestran la difícil situación para quien busca vivienda. Es notorio que un mercado que estaba siendo relativamente accesible está a día de hoy imposible, y todo ello como consecuencia de la inacción de la Junta de Comunidades. Que lo sabía es patente, que se la ha avisado en diferentes ocasiones también. Pero aquí, como en los accesos al barrio, han estado mirando para otro lado sabiendo lo que venía con la apertura del hospital. La dejadez y la desidia han sido constantes. En resumen, alquilar en el barrio es prohibitivo y los alquiles por habitaciones en algunos casos en estados lamentables nos recuerda a épocas que creíamos pasadas. 

La Junta bloquea el suelo para construir vivienda

La Dirección General de Vivienda tiene cartas solicitando que se sacase suelo a licitación en 2019 y 2020, haciendo oídos sordos. En diciembre de 2020 se publicó un artículo en Toledodiario.es con el título “Por qué sacar suelo en el Polígono para vivienda” incidiendo otra vez en esta urgente necesidad. Hace cinco años se llegó a un acuerdo con la Dirección General de Vivienda para sacar parcelas a la venta… Pues bien, se sacó un concurso para suelo de negocios, oficinas y hotelero, que dio como fruto la instalación de Mercadona en la Calle Boladiez, pero nada de nada para vivienda. Y todo esto con empresas solicitando suelo.

El caso más notorio de esta desidia es el estado deprimente de la parcela ubicada entre el Paseo Gregorio Marañón y Río Fresnedoso, donde se construyó la mitad de la parcela en un convenio de la Empresa Municipal de la Vivienda propietaria de este, pero la Junta de Comunidades ante la solicitud de la otra mitad la bloquea teniendo este espacio en un estado vergonzoso.

Más bloqueos. Salió a concurso una parcela en la calle Valdemarías, por debajo de la sede del SESCAM (frente al hospital) y muy cerca de las 86 viviendas que la propia Junta de Comunidades tiene sin concluir desde hace doce años en la calle Guadalmena, que nos está costando al contribuyente la vigilancia a 24 horas durante este tiempo. Pues bien, se presentaron tres empresas con sus respectivos proyectos para construir, pero la adjudicación está paralizada desde que se abrieron los sobres en junio del año pasado, con la demanda de vivienda que hay. 

No construyen viviendas de alquiler y las que hay tienen una gestión nefasta

Es notorio que en las dos legislaturas que García-Page lleva al frente de la Junta de Comunidades no se ha realizado ni una vivienda de alquiler. ¿Dónde está el plan social cacareado por el consejero Nacho Hernando para los más necesitados y vulnerables? Desde luego no pasa la prueba del algodón. Reiteramos: ni una sola vivienda. Mucho predicar pero ni un solo grano de trigo.

La administración de las viviendas de alquiler, si se le puede llamar administración, es calamitosa, pura desidia. Cuando se tomó la decisión de derribar las 48, el entonces alcalde de Toledo, Emiliano García-Page, sentenció con toda pomposidad que nunca más volvería a permitirse un gueto. A día de hoy en nuestro barrio sabemos que no se ha cumplido estas palabras. La dejación, la nefasta gestión a través de GICAMAN, nos han conducido a situaciones surrealistas. Por cierto, también habría que recordar aquí el magnífico proyecto de remodelación del espacio de las 48 viviendas sociales, publicado en el DOCM el 25 de octubre de 2010, y  licitado en las siguientes cantidades: Presupuesto base de licitación sin I.V.A.: 2.944.674,26 euros. Cantidad de I.V.A.: 530.041,37 euros. Presupuesto Total de licitación: 3.474.715,63 EUROS. El cartel anunciador todavía está al pie de la Calle Alberche, junto al punto de salida de los autobuses urbanos, sin que se haya hecho nada.

Otro ejemplo. La situación que se está viviendo en la Calle Yedra es descomunal, y la mayor parte del problema viene de la dejación de la Junta y de Gicaman ¿Cómo es posible que unas 30 viviendas se tengan años y años sin adjudicar con la necesidad de viviendas y listas de espera que hay?¿No deberían rodar cabezas?

Las consecuencias de esta política de vivienda o de ausencia de ella están siendo nefastas.Las viviendas ocupadas ante tanta desidia y no precisamente por personas necesitadas con una convivencia normalizada, si no por lo que Nacho Hernando, consejero de Fomento, describió con la siguiente frase: “Hay que luchar contra el fraude en este sentido, por ejemplo, de mafias de okupas, de gente que realquila de manera fraudulenta”.

No se puede estar hablando constantemente de atención a la infancia, de asistencia a los más vulnerables, y a la vez manteniendo esta situación que marca a familias, mujeres o niños, que no les queda más remedio que vivir en esta situación

Las consecuencias que derivan estas dejaciones de la Junta son simplemente dramáticas, con personas acosadas, en algunos casos agredidas. No se puede estar hablando constantemente de atención a la infancia, de asistencia a los más vulnerables, y a la vez manteniendo esta situación que marca a familias, mujeres o niños, que no les queda más remedio que vivir en esta situación y en este medio. Predicar no es dar trigo y el control del que habla Nacho Hernández brilla por su ausencia.

La Junta y el Ayuntamiento de Toledo no pueden limitarse a realizar un estudio tras otro de la situación, y pasado un tiempo volver a realizar otro estudio. Se necesita intervención, se sabe cuál es el problema y que este se ha creado por la mala administración, por la dejación, y avisos han tenido durante años. El gobierno municipal también sabe de sobra lo que hay y no puede mirar hacia otro lado diciendo que es competencia de la Junta, ¿o es que dentro del municipio hay espacios de los que se inhibe sabiendo que dentro hay familias vulnerables que sufren acoso y que viven con miedo?

Pero la política de mala administración no solo es en este espacio. En las viviendas de alquiler para jóvenes (en su origen) también se ha propiciado la “guetización”. Las administraciones saben perfectamente que cuando un edificio sobrepasa un cierto peso social en cualquier orden eso termina mal y ocurre hechos como el apoderamiento del territorio.

Cuando estas viviendas que popularmente conocemos como “Parchís”, con una superficie limitada y para jóvenes con un nivel determinado de ingresos finalizaron su concesión, en vez de iniciar un nuevo proceso de adjudicación, se prorrogó de forma indefinida el contrato. Se optó así por lo fácil, sin compromiso social por lo más justo. Se concentró a familias que anteriormente se habían dispersado para mejorar la convivencia, a la par otras se marcharon por presiones, y permanentemente se permiten hechos y actos que rompen esta convivencia, que son los que al final degradan en todos los sentidos estos espacios.

Para terminar

Esta es, por tanto, la realidad conocida. Sin embargo, no quisiera acabar este artículo, este llamamiento, sin emplazar también a los partidos políticos A que de cara a las próximas elecciones del próximo mayo se tomen el problema en serio. Estamos ante una prioridad absoluta.