Dignifiquemos y fortalezcamos la atención primaria

La atención primaria de servicios sociales en Castilla-La Mancha sufrió unos terribles recortes en la anterior legislatura. Muchas partidas presupuestarias en general y sociales en particular los sufrieron, pero no cabe duda de que la atención primaria en servicios sociales fue de las que más.

No me cabe duda de que se están haciendo esfuerzos por recuperarla, por volver a ratios de profesionales y recursos que permitan una calidad de atención adecuada, lo que merece nuestra tierra. Nos toca hacer de pepitos grillos exigiendo un esfuerzo más cada día.

Pero a raíz del lamentable hecho acaecido en Torralba de Calatrava (Ciudad Real) donde una alcaldesa que ni se ha preocupado en dos años en preguntar por la labor que desarrollaban en su pueblo las profesionales que allí trabajaban desde hacía 15 años, ha decidido borrar con una facilidad pasmosa el plan concertado de servicios sociales de esa localidad, me gustaría centrar esta columna.

Para quien no lo sepa, el plan concertado de servicios sociales de atención primaria lo firman tres administraciones, Ayuntamientos, Junta de Castilla-La Mancha y el Ministerio que tenga las competencias de servicios sociales, en este caso el de Sanidad y Política Social, que por cierto cada año pone menos dinero. Los/as profesionales que desarrollan aquí su labor, dependen directamente de esos Ayuntamientos.

Y así miles de profesionales de los servicios sociales, entre los que nos encontramos mayoritariamente trabajadores/as sociales, desplegamos nuestra labor profesional en los Ayuntamientos, siendo personal contratado directamente por estas administraciones locales, si bien el porcentaje más alto del coste salarial lo paga la Junta de Castilla-La Mancha en el caso de nuestra tierra. Es decir nuestro jefe directo es el Alcalde/sa o Concejal/a que en ese momento esté gobernando.

Unas veces nos encontramos con ediles muy concienciados y respetuosos con nuestro trabajo, lo entienden, y si no es así se preocupan por preguntar, y comprenden que en este caso los/as expertos en la intervención profesional somos nosotros, respetan nuestras opiniones y por supuesto nuestras intervenciones.

Pero a veces lamentablemente esto no es así.

Llevo trabajando más de 20 años en atención primaria y he podido hablar con decenas de compañeros y compañeras de toda la región; esta interlocución ha sido más intensa desde que soy presidente del Colegio Oficial de Trabajo Social de Castilla-La Mancha y he recogido multitud de testimonios que corroboran lo positivo y lo negativo.

Por supuesto me preocupa lo negativo, y por ello pondré ejemplos que me han llegado a mis oídos en estos años.

“Necesito que hagas un informe social donde digas que esta persona es excluida”

Alcaldes/as que exigen la realización de un informe social en un sentido concreto. “Necesito que hagas un informe social donde digas que esta persona es excluida”

Concejales que no ven con buenos ojos que alguien se ausente del despacho para un acompañamiento a una familia, o por una visita a domicilio.

Alcaldes, o como la alcaldesa de Torralba, que opina que si caduca comida de un banco de alimentos es una mala praxis. Es decir que ni se han molestado en aprender que la caridad y la beneficencia no es algo que nosotros/as practiquemos.

Ediles que se permiten juzgar cada paso que da un profesional en su intervención, ya que al parecer al igual que en cada casa de España hay un entrenador de fútbol en potencia, de servicios sociales sabe todo el mundo.

Concejales que tiran para abajo proyectos de prevención a largo plazo, porque lo que quieren son “cosas que se vean” ya.

No solo de políticos va la cosa. Son numerosas las experiencias negativas con algunos altos funcionarios municipales, los secretarios de los ayuntamientos que con una visión negativa sobre los servicios sociales que ven como un “gasto”, estiran al máximo la legislación para, sin salirse de la legalidad, poner palos en las ruedas de los proyectos sociales municipales que hacen reducir sensiblemente la duración y el impacto social del proyecto programado. O que son incapaces de entender que los ritmos de la gente en exclusión no se pueden ajustar al pie de la letra de lo que las normativas imponen, o que se muestran inflexibles con ordenanzas injustas para algunas familias en situación de vulnerabilidad que simplemente solicitan un fraccionamiento en el pago de un servicio municipal.

Compañeros/as que expresan su hartazgo de tener que estar en todo momento justificando el trabajo que hacen, ya que a veces se duda de este.

Podría seguir con más quejas que compañeros/as me han ido trasladando durante muchos años.

Pero ¿adónde quiero llegar con esta reflexión? Pues ante la disyuntiva en que se encuentran los/as profesionales de los servicios sociales de atención primaria que ven como a veces las ordenes que reciben de su superior va contra su código deontológico; código que hay que cumplir y que ha de ser respetado.

Sin embargo vemos cómo la persona con la que has de confrontar los principios de la profesión tiene el poder de eliminar de un plumazo los servicios sociales de atención primaria, tal y como observamos que ha sucedido en Torralba de Calatrava.

No seré yo quien cuestione la autonomía municipal, la descentralización de los servicios sociales. Pero todo ello ha de ir acompañado de un blindaje de la autonomía del profesional que allí presta su servicio; y aquí es necesario que se implique la FEMP-CLM y la Junta de Castilla-La Mancha de una forma seria y contundente.

“¿Por qué vemos con normalidad que esto le puede pasar a un trabajador social?”

Todas las situaciones descritas serían impensables que le sucedieran a personal sanitario, educativo ¿Por qué vemos con normalidad que pueda pasarle a un trabajador social? Es un hecho intolerable que hay que corregir.

Estos días numerosos/as trabajadores sociales de planes concertados se han dirigido a mí para contarme lo que hoy aquí describo, pero al mismo tiempo manifestar su miedo a expresarlo públicamente por temor a ser los siguientes “eliminados”  Si estas cosas están pasando, incluido este miedo, algo muy gordo falla.

Aumentar equipos de servicios sociales de atención primaria es positivo, hay que aplaudirlo; pero si estos profesionales no pueden realizar su intervención social con autonomía no habremos hecho nada y estaremos dando por sentado que los servicios sociales son algo muy secundario.

El sistema público de servicios sociales se mejora con más profesionales y recursos, pero también apoyando desde todos los ámbitos la profesionalidad y la dignidad de quien ejerce esta labor.

Animo desde aquí a los y las profesionales de los Planes Concertados de la región a ponerse en contacto con el Colegio para de forma grupal y coordinada exijamos un cambio a estas situaciones.