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Se lanza el párroco de Yepes y su feligresía, a través de la plataforma 'Salvemos la Colegiata', a realizar una campaña para recabar apoyos para su restauración, acción que parece urgente a juzgar por el estado de la techumbre. Y entre los actos realizados una masiva manifestación dirigida a reclamar la atención, nos preguntamos, ¿de quién?
Hay que señalar que la política de la parroquia yepera con respecto al patrimonio religioso de la localidad ha sido ambicioso para una localidad de apenas 5.000 habitantes. Cuenta, además de la iglesia parroquial (que no colegiata) de San Benito Abad con varias ermitas (San Luis Gonzaga), un antiguo hospital y un complejo parroquial, y, recientemente, ha inmatriculado también el Hospital de la Concepción y la ermita de San José, que ha vendido a un particular, frustrándose el intento de inmatricular la ermita de San Sebastián (cementerio municipal) o del Hospital de San Nicolás. Por último, la orden de carmelitas descalzas mantiene una fundación: el convento de San José y San Ildefonso.
En la propia iglesia parroquial, que perdió gran parte de su patrimonio mueble durante la Guerra Civil, se han hecho fuertes inversiones públicas en la restauración de la capilla del 'Santo Dubio', en la sustitución de la solería del templo y, también en la techumbre, intervención esta última que por lo que vemos no fue suficiente para evitar los efectos que provocó la 'Filomena'. Además, se han realizado muchas actuaciones menores (restauración de pinturas de Tristán y otras, erección de un monumento al Sagrado Corazón de Jesús), algunas, por cierto, sin tener el visto bueno de la Viceconsejería de Cultura.
Evidentemente, la calidad del inmueble y de los bienes muebles que aún atesora hacen necesaria su correcta conservación. Bien es cierto que la prioridad de la inversión en estas urgencias, en una provincia que tiene más de 250 templos parroquiales y cientos de edificios de culto, lo tienen que establecer las comisiones mixtas que se forman entre los distintos actores: la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, la Diputación, el Arzobispado y las propias parroquias.
Nos preguntamos si en este caso, el Consejo parroquial, y en concreto el de asuntos económicos, tiene una línea de continuidad en la gestión de los fondos parroquiales que atiendan las distintas necesidades de los inmuebles que de ella depende. Por lo que sabemos, el pueblo de Yepes, que muestra una práctica religiosa muy extendida, ha sido generoso con los proyectos y obras parroquiales que han logrado construir nuevos edificios, atendido a las mejoras en el templo parroquial y algo menos para otras dependencias parroquiales. A la hora de exponer en público la necesidad de nuevas inversiones, bien pudiera hacer más transparente la gestión de sus fondos.
Esta reflexión también la hacemos al Arzobispado, al Cabildo Catedralicio o a las parroquias capitalinas que en los últimos años han realizado una política de inversión en apartamentos turísticos, o que gestionan museos e inmuebles para su explotación turística. El proyecto de apertura de un nuevo hotel en la que fuera cárcel del Vicario no ha hecho sino poner sobre la mesa la oportunidad de este tipo de inversiones que, a veces, choca con otras políticas que pudieran generar servicios sociales o fomentar a la población residencial. ¿Realmente hay una pastoral concreta al respecto?
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