La regeneración democrática comienza por la legitimación de la representación política con el voto igual de los ciudadanos

Si consideramos que cualquier sistema democrático debe partir de potentes sistemas de legitimación, uno de los más importantes es el propio sistema electoral que a través de la traducción en representación política del voto de los ciudadanos determina la configuración de los parlamentos y las mayorías de gobierno.

No es esta una cuestión menor ya que la propia democracia en su origen estaría en cuestión si la arquitectura del sistema y su régimen jurídico-electoral careciera de la legitimación de base que establecen las urnas, mediante la conexión de la ciudadanía con el sistema representativo resultante de su voluntad.

En los tiempos actuales asistimos además a un cuestionamiento de las instituciones del Estado, y de las propias fuerzas políticas como consecuencia de la falta de respuesta a los importantes casos de corrupción y a la imposición sin debate alguno de una posición doctrinaria en lo económico y de retrocesos en derechos sociales sin precedentes.

Es pues una posición no solo populista sino ventajista del peor estilo pretender justificar la presente reforma en la impopularidad de la “política” en un sentido amplio, y puesta en marcha precisamente por aquellos cuya contestación social y ciudadana acumula enteros por ambos fenómenos.

La reforma se impone además sin que formara parte en ningún caso del programa electoral del Partido Popular en el gobierno, abusando de una mayoría absoluta que rompe los más elementales consensos en esta materia y se instala en una deriva con evidentes tintes autoritarios.

La resultante será con toda seguridad la dificultad de acceso a las Cortes de los representantes de diversas fuerzas políticas con una estimable base electoral, como ha quedado de manifiesto en las recientes elecciones europeas, en un claro ejemplo de abuso de poder, utilizado para perpetuarse en el gobierno, ya que la consiguiente legislación electoral se va a diseñar con ese evidente propósito.

La reforma del Estatuto de Autonomía no puede responder a exclusivos intereses electorales del partido en el gobierno, y denota un bajo concepto del sentido último de la autonomía abordar toda una reforma de nuestra “ley máxima” sin consensos políticos ni sociales y obviando los importantes problemas de nuestra comunidad autónoma limitando su contenido a la reducción del número de diputados.

Por otra parte, dicha reducción conllevará un empobrecimiento de la democracia en tanto en cuanto un recorte tan drástico de efectivos humanos limitará la función de control al Gobierno que tiene la Cámara autonómica, devaluando el papel que el Parlamento regional debe jugar como sede de la soberanía popular como institución central de la arquitectura autonómica.

En un momento en que son enormes las exigencias ciudadanas para con las instituciones y con los comportamientos de las fuerzas políticas, CCOO CLM considera fundamental la mejora de la calidad democrática en nuestro país, en nuestra región y en sus instituciones representativas. Por tanto la utilización torticera y demagógica del ahorro como excusa, solo contribuye a ahondar en la deslegitimación y cuestionamiento de las instituciones que forman parte del Estado de Derecho. En definitiva se trata solo de una operación cuya razón de ser no es otra que intentar perpetuarse en el poder, y constituye sin duda un atentado de la máxima gravedad a los principios más elementales del sistema democrático vulnerando las más elementales normas de convivencia.