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La caza amenaza a los osos pardos mientras Castilla y León no actualiza su protección legal en tres décadas

Imagen de la osa abatida este domingo de un disparo en Fuentes Carrionas.

C.J. Domínguez

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Los ecologistas denuncian el “récord mundial” de ejemplares de oso, especie en peligro de extinción, muertos por disparos en la Montaña Palentina, mientras el Gobierno de Castilla y León insiste en defender que se realicen cacerías en sus santuarios. Mientras, se acumulan ya 30 años sin revisar ni actualizar el Plan de Recuperación de la especie, a pesar de insistentes exigencias y la obligación legal.

El pasado domingo 29 de noviembre saltó la noticia como un disparo: un nuevo ejemplar de oso pardo, en este caso una hembra con una cría, caía abatido por la escopeta de un cazador en el transcurso de una batida de jabalí. Este era el relato oficial.

No ocurría en un lugar cualquiera sino dentro del Parque Regional protegido de la Montaña Palentina, en cuyo interior la Junta de Castilla y León mantiene la Reserva Regional de Caza de Fuentes Carrionas y la actividad cinegética es habitual a pesar de albergar numerosos ejemplares de especies tan sensibles, incluso catalogadas como en extinción, como el propio ursus arctos.

La noticia disparó además las suspicacias, por un suceso que rápidamente la Junta tildó de “accidental”, ya que se aireó desde el principio que el cazador confundió a la hembra de oso con un jabalí, además de aseverar que la batida contaba con la vigilancia de dos celadores y un miembro de la Patrulla Oso de la propia Junta, que en los días previos habría rastreado la zona sin observar indicios de presencia osera.

En apenas dos días, por un lado la Fundación Oso Pardo (FOP), que desarrolla todos los programas conservacionistas de la especie para la Junta y con múltiples fondos, también europeos, y también WWF, dudaron de numerosos detalles de esa versión oficial. Y fue sobre todo esta última la que dio la voz de alarma: han sido tres los ejemplares abatidos a disparos en los últimos siete años sólo en esa misma zona. Uno de ellos, el 18 de noviembre de 2017, puso ante el juez por un presunto delito contra la fauna, a dos cazadores, que resultaron absueltos en 2019 por falta de pruebas. Se enfrentaban a una posible pena de cárcel y multa de entre 5.001 y 200.000 euros.

Respecto al último caso, hasta la FOP aireó este vídeo asegurando que la hembra y su osezno ya habían sido visibles desde el verano.

El siguiente paso, tras la necropsia, los tribunales: todos, incluida la Consejería de Fomento y Medio Ambiente de la Junta, se personan ante el Juzgado de número 1 de Cervera de Pisuerga que ahora debe averiguar qué volvió a ocurrir para acabar con un nuevo cadáver de esta especie en peligro de extinción.

Los últimos en sumarse a la ofensiva judicial, Ecologistas en Acción, que acusan al consejero leonés Juan Carlos Suárez-Quiñones de ser la máxima responsabilidad en el “desastre de la gestión cinegética” en el Parque Natural de la Montaña Palentina, “récord mundial de osos muertos por causas humanas”.

Un 'historial' de finales violentos

El disparo de aquel domingo resuena todavía mucho más atrás en el tiempo, por no ser una excepción, precisamente. Efectivamente, son muchas las muertes de osos por disparos, entre otras violencias causas.

El trabajo 'Revisión del Plan de Recuperación del OsoPardo (Ursus arctos) en la Comunidad Autónoma de Castilla y León', obra de 2014 firmada por Alberto Puente de la Rosa, de la Universidad de Valladolid, ya identificaba que entre los años 2000 y 2014 se han contabilizado un total de 19 ejemplares muertos, de los cuales 11 procedían de la subpoblación oriental, más numerosa, y ocho de la más exigua occidental, y 13 de ellas achacables directamente al hombre.

Aún más en detalle, los Centros de Recuperación y Recepción de Animales Silvestres (Cras) que gestiona la Junta de Castilla y León, desde 2001 hasta 2012 recibieron “hasta 16 ejemplares de la especie, si bien la gran mayoría lo hicieron ya cadáveres” y “como consecuencia de envenenamientos y disparos principalmente”. La inmensa mayoría han quedado siempre impunes.

El consejero contraataca

A las críticas generalizadas de colectivos conservacionistas, el consejero responsable de Fomento y Medio Ambiente de Castilla y León, defensor a ultranza de la caza a pesar de muchas sentencias judiciales y polémicas que salpican también a las batidas contra lobos, a su vez ataca el “oportunismo demagógico de determinadas entidades ecologistas que no buscan el interés general, sino obtener polémica y aprovechar determinadas circunstancias para embarrar el debate ecologista”.

Por eso, asegura tajante que la caza en este tipo de espacios se mantendrá, aunque haya especies a extinguir, porque es la Junta sigue “un camino recto y claro” contra “la evidente sobrepoblación” de especies como el jabalí “que pone en riesgo la salud del resto de animales y la humana”.

Pero todo este problema que de manera tan visible sufre el oso pardo choca con otro problema de naturaleza cien por cien burocrática. En concreto, la demora que ya suma 30 años de puesta al día de la única planificación formal en vigor de la Junta de Castilla y León. Tres décadas de constantes incumplimientos.

Las poblaciones han crecido

El Plan de Recuperación del Oso Pardo de Castilla y León, que nació en abril del año 1990, llegó en un momento en el que las poblaciones de osos cantábricos eran muy delicadas. La extinción estaba a una zancada. Se deba o no a este documento oficial de la Junta, es evidente, con la estadística en la mano, que el objetivo está cumplido.

30 años después, la presencia contabilizada de 38 hembras y 64 crías garantiza no sólo la especie sino que ha extendido geográficamente el territorio del oso, viéndose incluso alguno ya en Galicia y hasta en la zona de la Alta Sanabria (Zamora) y la colindante Portugal.

Ya se da por hecho también hace años que la población oriental (Laciana y Alto Sil sobre todo en León, así como en Asturias), mucho más numerosa, ya mantiene núcleos de conexión física con los de la oriental (Picos de Europa, también de Cantabria, y la Montaña Palentina), consolidándose un difícil corredor de unión que atraviesa complicadas barreras como la autopista León-Asturias, entre otras. En total, unos 200 ejemplares. La FOP no ha contestado a la petición de iLeon.com de valorar su evolución actual y cómo la normativa tan avejentada podría estar afectando.

30 años sin tocar el Plan

Sin embargo, más allá del trabajo de campo actualizando cifras, el marco normativo sigue parado en seco desde hace 30 años. Porque jamás se ha actualizado ese Plan de Recuperación a la cambiante coyuntura actual, ni aunque pocos años después de aprobada el Plan Nacional una Estrategia de Conservación a la que se tenían que amoldar los planes autonómicos.

Sólo Asturias lo hizo en 1999. Castilla y León, jamás. Abrió el trámite y lo sacó a información pública en 1996 y lo dejó morir. Así se lo afeó con dureza ya el Procurador del Común (Defensor del Pueblo de Castilla y León), en un duro informe fechado en el año 1999. Dos años antes ya había habido otros dos osos muertos por disparos en la Montaña Palentina. Por eso, el 'defensor' exigía a la Junta desde entonces “adoptar algunos mecanismos para la eliminación de muertes de osos causadas por personas”.

La caza y sus daños ya preocupaban en 1999

Instaba el Procurador del Común a que el nuevo plan actualizado de la Junta “recoja las líneas de actuación de la estrategia nacional, fundamentalmente todas las referidas a la necesidad de compatibilizar esa protección con la práctica cinegética”. Y “que la Consejería de Medio Ambiente apruebe un protocolo para cazadores en zona osera” con “recomendaciones sobre la actitud a adoptar ante encuentros o presencia de osos, con el fin de evitar posibles accidentes tanto para los cazadores como para el oso pardo”. Oídos sordos fueron la respuesta de la administración competente.

En estas tres largas décadas, entre otros motivos urgentes para la revisión, se cuenta la proliferación de infraestructuras y proyectos, la mayoría de ellos energéticos y de gran impacto potencial, como parques eólicos que se han desarrollado y sobre todo se planean desarrollar en las montañas y zonas eminentemente oseras de la Comunidad, además de otras especies incluso más endémicas, como el urogallo, gravemente en retroceso, con menos de 300 ejemplares en toda España y el 80% de ellos en la montaña leonesa.

Más de 4,4 millones gastados en 24 años

Eso no significaba que no hubiera actuaciones. Se han venido sucediendo durante 24 años, entre otras inversiones, varios proyectos LIFE por un importe que Puente de la Rosa cifraba hace seis años en algo más de 4,4 millones de euros, entre la Fundación Oso Pardo y la propia Junta.

El último, desde junio de 2016, se centró en la 'Desfragmentación de hábitats para el oso pardo en la Cordillera Cantábrica', que la FOP desarrolló en el Lugar de Interés Comunitario Valle de San Emiliano, Hoces de Vegacervera y Montaña Central de León, los tres en la provincia leonesa.

Pero la desidia institucional y administrativa de Medio Ambiente suma ya 30 largos años, tres décadas completas, sin actualización de la normativa que debe acompañar al crecimiento del oso, y su protección frente a los peligros ya evidentes de la caza. Y eso que ha habido mandatos políticos claros y unánimes. Todos ellos finalmente incumplidos.

Acuerdos políticos desoídos por completo

El último, a instancias de Podemos, se aprobó en las Cortes autonómicas en 2016, con incorporaciones del PP que gobernaba como hace 30 años en la Junta y el PSOE. Se pidió finalmente que el Gobierno autonómico elaborara de una vez un nuevo Plan de Recuperación del Oso Pardo en Castilla y León, un nuevo censo completo, ante la aparente debilidad de las poblaciones de la zona oriental (Montaña Palentina, Riaño y La Liébana (Cantabria), y la obligación de realizar análisis toxicológicos cada vez que aparecieran restos de un oso muerto o se encuentre un ejemplar vivo con una sintomatología anómala. Es conocido lo que hizo el PP en el Gobierno autonómico: nada de eso.

De paso, en la proposición no de ley se pedía además que se aprobaran los Planes Rectores de Uso y Gestión (Prug) de los Parques Naturales afectados, una exigencia que ya venía del Procurador del Común una década antes, y cuyo retraso ha sido igualmente antológico.

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