Cecale y CVE denuncian la “persecución” que suponen las medidas del Consejo de Ministros a las empresas

El presidente de la Confederación de Organizaciones Empresariales de Castilla y León (Cecale), Santiago Aparicio, considera “decepcionantes, incalificables y gravísimas” las medidas en el ámbito laboral aprobadas el pasado viernes en el Consejo de Ministros, que suponen una “persecución” para las empresas.

En su opinión, son medidas de “dudosa constitucionalidad” y critica que se hayan hecho fuera del Diálogo Social “atentando contra la libertad de empresa” en unos momentos “complicados” por el COVID-19, que ha provocado que las empresas no tengan ingresos ni trabajo.

Por ello, ha solicitado, a través de un vídeo remitido a Europa Press, que el Gobierno central “inyecte liquidez” a las mismas para que puedan hacer frente al pago a proveedores, de impuestos y de cuotas de préstamos anteriores.

“Necesitamos esa liquidez como el comer y por eso exigimos al Gobierno que se centre en esas medidas y anule todas las que ayer sacó adelante”, ha aseverado Aparicio.

En este sentido, ha criticado que el Gobierno “no está actuando de una manera consecuente, sino que está poniendo en peligro la estabilidad del país con medidas que únicamnete pueden acarrear es el cierre de cientos y miles de empresas y pérdidas de puestos de trabajo”.

“No podemos aceptar que se ponga en duda la honorabilidad de los empresarios y que se les considere como defraudadores por abusar de la situación provocada por la crisis del Covid-19. Es intolerable la persecución que estamos sufriendo”, ha apostillado.

Por su parte, la Confederación Vallisoletana de Empresarios (CVE) considera que estas medidas “impedirán sentar las bases de la necesaria recuperación económica de España, provocarán más desempleo y, lo que es peor, parecen ser adoptadas a espaldas y con un desconocimiento absoluto de la realidad que viven los empresarios y autónomos a raíz del COVID-19”.

Se trata de unas medidas “absolutamente desleales” con el mundo empresarial que desde un primer momento se ha puesto a disposición del conjunto de la sociedad, con “innumerables muestras de solidaridad y compromiso”, a pesar de que muchos sectores “prácticamente tienen prohibido” el ejercicio de su actividad y, aquellos otros que pueden ejercerla están “en mínimos de facturación”.

No se trata de despidos, agrega la CVE, sino de medidas cuyo impulso se acordó trasladar de forma conjunta por las centrales sindicales mayoritarias, CEOE y CEPYME al inicio de esta crisis y que en parte se incorporó a la normativa elaborada por el Gobierno de España, en concreto el Real Decreto Ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19.

Por ello, CVE, como también lo hacen sus organizaciones nacionales CEOE-CEPYME, o su organización regional Cecale, lamenta que el Gobierno “trate de arrojar sospechas y desconfianza sobre el empresariado, cuando se requiere justamente un esfuerzo conjunto y una unidad sin fisuras”.