La Comisión para el Patrimonio Natural y la Biodiversidad rechaza el borrador de la Estrategia del lobo del Gobierno

La Comisión Estatal para el Patrimonio Natural y la Biodiversidad –en la que participan el Gobierno y las comunidades autónomas, a través de sus correspondientes directores generales, en el caso de Castilla y León el director general de Patrimonio Natural y Política Forestal, José Ángel Arranz- ha rechazado el borrador de Estrategia Estatal para la Convivencia de las Actividades en el Medio Rural con el Lobo y su Conservación, elaborada por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

Según ha comunicado la Junta de Castilla y León, el rechazo al borrador ministerial se produce después de haber sido sometido a la votación de sus miembros y obtener el rechazo de la mayoría de las comunidades autónomas, incluidas Castilla y León, Asturias, Cantabria y Galicia, que habían solicitado a este organismo la retirada del documento. De esta manera, el Ministerio, al no haber sido aprobado el borrador en la Comisión, “no podrá elevar el documento para su aprobación a la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente, en la que están representados tanto el Ministerio como todas las comunidades, a través de sus correspondientes consejeros autonómicos”, señala la Junta.

Las cuatro comunidades autónomas que albergan más del 95 % de las poblaciones de lobo de toda España han considerado en su postura de rechazo que el borrador del Ministerio “no se ajusta a ninguna de las finalidades de las estrategias que establece la Ley del Patrimonio y de la Biodiversidad, salvo que sus redactores, argumentan las cuatro comunidades del noroeste, ”consideren que las actividades del medio rural son una de las principales amenazas para la biodiversidad de nuestro país“. ”Algo que rechazamos de forma rotunda“, han remarcado”.

Además, los directores generales de Castilla y León, Asturias, Cantabria y Galicia han denunciado que el borrador “no precisa la identidad de sus autores ni el organismo o entidad al que pertenecen”, por lo que han reiterado su postura de no sentirse partícipes de las decisiones que por parte del MITECO se están tomando en la tramitación del borrador en el seno del Grupo de Trabajo del Lobo.

Por todo ello han reiterado que el borrador indique quiénes son los autores materiales y los asesores que han trabajado en la elaboración del texto sometido a la valoración de la Comisión Estatal, y en representación de qué comunidades autónomas y organizaciones lo han hecho. “El documento presentado a la consideración de la Comisión Estatal carece en estos momentos de sentido porque, además de que muchos de sus contenidos podrían vulnerar el régimen competencial establecido en nuestro país y, por tanto, resultar ineficaces, se construye sobre una decisión ya adoptada por parte del Ministerio y que resulta crucial para la gestión de cualquier especie, como es su estatus legal”, han señalado.

Un estatus, han recordado, que, en el caso de Castilla y León, ha sido modificado por una orden -en referencia al LESPRE, publicada por el Ministerio el 21 de septiembre de este año- que ha alterado el régimen legal del lobo en esta comunidad autónoma, y su propia consideración en la directiva hábitats de la Unión Europea. Castilla y León, Asturias, Cantabria y Galicia han recordado que dicha orden, en la que se basa el borrador de Estrategia presentado por el Ministerio, ha sido recurrida por los servicios jurídicos de cada una de estas cuatro comunidades autónomas ante la Audiencia Nacional, por lo que han preferido reservarse cualquier apreciación adicional sobre los contenidos de una futura estrategia del lobo a la existencia de sentencia firme, rechazando hasta entonces cualquier documento de borrador o proyecto que al respecto se someta a la consideración de estas autonomías.

Por último, las cuatro comunidades que gestionan más del 95 % del lobo han considerado que una nueva estrategia de conservación y gestión del lobo en España “debe elaborarse previa valoración detallada del resultado de aplicación de las diferentes directrices contenidas en la Estrategia vigente” y, una vez concluida, la actualización del censo nacional de la especie. “Sin ambos procesos finalizados, ni el cambio de estatus legal de la especie que hemos recurrido ni el borrador de estrategia que rechazamos son admisibles”, han finalizado.