Los sindicatos se movilizan en Castilla y León para negociar el convenio de universidades

Los sindicatos CCOO, CSIF, STECyL y UGT han amenazado con movilizaciones e incluso recurrir a la vía judicial si no se avanza en un nuevo convenio colectivo para el profesorado universitario de Castilla y León, en lo que llevan más de 10 años, y que tiene a esos docentes en “la precariedad”, con “el salario más bajo y los complementos” peor remunerados de toda España.

En un comunicado, los sindicatos que conforman la parte social de las universidades han recordado que en mayo del 2023, y tras dos años de espera, fueron convocados para negociar el tercer convenio colectivo en el que siguen estancados en la actualidad, “en un proceso pasivo y contrario a avances” para su firma.

Los sindicatos han defendido que ellos han presentado una propuesta común de tablas salariales, aspecto fundamental para sentar las bases de un III Convenio colectivo del Personal Docente e Investigador (PDI) laboral con garantías.

Plantean la equiparación de Profesor/a Permanente Laboral a Titular de Universidad en términos retributivos, subidas salariales de los Profesores/a Ayudantes Doctores/as, Profesores/as Colaboradores, Profesores/as Sustitutos, Profesores Asociados y la regulación del Personal Investigador en el marco del convenio.

Con ello, pretender alcanzar unas retribuciones dignas para el PDI de las universidades públicas de Castilla y León ya que en estos momentos se sitúan como las más bajas, a la cola, comparativamente hablando, frente a esas mismas figuras en la mayoría de las universidades del ámbito nacional.

Los sindicatos han recordado que los procesos de negociación, que ya se dilatan durante más de 10 años, han presentado pocos avances, y por sentencia judicial, y muchas promesas no cumplidas.

A su juicio, “la estrategia de la Junta de Castilla y León de no asistir a las negociaciones, no tiene otro fin que evitar subir la financiación del Capítulo 1 -gastos de personal- que permitiría dignificar el salario del profesorado de las universidades públicas”.

Esta postura, según los sindicatos, “cuenta además con la connivencia de las universidades, quienes gestionan las retribuciones de su profesorado laboral creando desigualdad (existen figuras que tienen salarios inferiores en la misma comunidad autónoma) y se presentan a las reuniones de negociación del convenio colectivo sin ninguna propuesta”.

A ello se suma “que no tienen ningún afán de avanzar en la negociación de un convenio que, sin acuerdos salariales, lo único que haría sería favorecer el aumento de la brecha salarial entre las universidades públicas de Castilla y León y el resto de las universidades públicas de otras comunidades”.

Los sindicatos han sostenido que están “en los últimos puestos retributivos a nivel nacional, que la equiparación de PPL (o PCD anteriormente) al TU lleva años, e incluso décadas, siendo una realidad en la mayoría de las comunidades autónomas, que los complementos autonómicos son de los más bajos de España y que, sin un compromiso en esos aspectos básicos, resulta imposible construir un convenio adecuado y justo para el PDI laboral”.

“Seguiremos reivindicando una firma del convenio con tablas salariales dignas como base, igualmente le pedimos a los representantes de las universidades que negocien con nosotros de manera limpia, sin dilaciones y que dejen de ser cómplices de la Junta de Castilla y León en el deterioro de las condiciones retributivas del PDI de las universidades públicas de nuestra comunidad”, han demandado.

Y han reclamado un proceso de negociación justo, con reuniones productivas, propuesta serias a nivel retributivo y que hagan valer la autonomía universitaria para acordar con la Junta de Castilla y León la mejora de su profesorado.

Los sindicatos han advertido de que hasta que “no vean un cambio proactivo en la negociación, las organizaciones sindicales nos vemos en la obligación de utilizar todas las herramientas de presión a nuestro alcance, actuar administrativa y judicialmente en todos aquellos aspectos que la Junta y las universidades públicas no cumplan, a convocar movilizaciones del profesorado y a trasladar a la opinión pública ese menosprecio al personal que trabaja en las universidades públicas de Castilla y León.