Has elegido la edición de . Verás las noticias de esta portada en el módulo de ediciones locales de la home de elDiario.es.

Engañados por los 'Robin Hood' de los juzgados: prometieron sacar a su hijo de la cárcel y les estafaron 39.000 euros

Imagen de archivo de la prisión de Soto del Real

Alberto Pozas

0

Hace casi ocho años una familia de Ávila buscaba desesperadamente cómo evitar que su hijo, condenado a prisión por agredir sexualmente a su expareja, entrara en la cárcel. Contactaron con una asociación que, a cambio de parte de sus ahorros, prometía poner a sus abogados a trabajar en su caso y librarle del presidio: la Asociación de Víctimas del Sistema Judicial Democrático Español. La realidad es que se quedaron con 39.500 euros de la familia, no hicieron nada para sacar de la cárcel a su hijo y una de sus directivas ha sido condenada a dos años de cárcel por estafa. La investigación destapó que el líder de la asociación, que no pudo ser juzgado pero acaba de ser detenido, tenía su verdadero negocio en la venta de coches lujo de segunda mano y usaba los datos de sus víctimas para poner los vehículos a su nombre y no dejar rastro.

Los hechos, según la sentencia de la Audiencia abulense a la que ha tenido acceso elDiario.es, ocurrieron en la primera mitad de 2016. Un joven estaba a punto de entrar en prisión a cumplir la condena de seis años de cárcel impuesta por haber violado a su expareja en un descampado cerca de la localidad de El Barco de Ávila. El Supremo confirmó su condena a finales de 2014 y empezó entonces la cuenta atrás para su entrada en la cárcel.

Una mujer les puso en contacto con esta asociación, dedicada a atender a personas que se consideran víctimas de injusticias judiciales, y les prometieron que pondrían a sus abogados más especializados a trabajar en el caso del joven para evitarle la cárcel. A cambio, entre la madre y el hermano del chico les dieron 39.500 euros de sus ahorros, pero nunca les ayudaron. Su sentencia era firme y había poco que pelear pero, además, solo hicieron una cosa: poner una querella contra la víctima del delito sexual en un juzgado de Piedrahita que no llegó a ningún lado.

El dinero acabó en la cuenta de una de las acusadas, vinculada a la asociación, y no se usó para intentar sacar al joven de la cárcel. El presidente de la asociación fue 'cazado' por las cámaras de seguridad de un banco sacando parte del dinero de un cajero automático de Madrid. Otra parte del dinero fue destinado a pagar el seguro médico privado del mismo hombre. Y otra, finalmente, a pagar gastos personales de la única mujer condenada, en ese momento vicepresidenta de la asociación.

El presidente de la asociación, que responde a las iniciales J.J.P.M, no acudió al juicio y la sentencia de la Audiencia de Ávila, por ahora, no le afecta, aunque fuentes del caso explican que ha sido recientemente detenido para responder por este caso y por otras causas abiertas en juzgados de Madrid. Quien sí ha sido juzgada y condenada es la vicepresidenta de la asociación, A.M.C.A: dos años de prisión por un delito de estafa y la obligación de devolver el dinero a las víctimas.

La otra acusada, relacionada con los acusados, ha sido absuelta. Su caso ha destapado que detrás de esta estafa había mucho más que una asociación: había un negocio de venta de coches de lujo de segunda mano dirigida, supuestamente, por el presidentre.

Una denuncia en el municipio más rico de España

Las primeras investigaciones no arrancaron en el juzgado de Piedrahita de Ávila, sino en uno de la localidad madrileña de Pozuelo de Alarcón, el municipio con la renta media más alta de España. Cuando la Policía acudió a un domicilio ante las denuncias de los vecinos porque un hombre ocupaba todas sus plazas de garaje con coches de alta gama de segunda mano.

El hombre que ocupaba las plazas de garaje era el presidente de la Asociación de Víctimas del Sistema Judicial Democrático Español, pero los coches no estaban a su nombre. Los agentes tiraron del hilo y descubrieron que los dueños, sobre el papel, eran personas que habían acudido a la asociación a pedir ayuda. No se sabe si les ayudaron o si también fueron estafados, pero sí que el acusado usó sus datos de identificación para poner los coches a su nombre.

Fuentes del caso explican a elDiario.es que estos hechos y la compraventa de coches de segunda mano están en manos de varios juzgados de Madrid. Una de las personas que tenía coches a su nombre sin saberlo era una de las acusadas del juicio por la estafa de Ávila y que ha sido absuelta: puso en contacto a la familia engañada con la asociación y el dinero fue a parar a cuentas que estaban a su nombre, pero según los jueces no sabía que estaba participando en una estafa.

De hecho, según la Policía, ella “también ha sido objeto de engaño” en la firma de varios pagarés de más de 100.000 euros. Pero la vicepresidenta de la asociación era quien tenía poderes para manejar el dinero y el presidente fue el que hizo varias retiradas en efectivo de un cajero automático. Recién detenido después de no acudir a su cita con la Audiencia Provincial de Ávila, es previsible que sea juzgado después de que la primera sentencia del caso haya dejado por escrito que participó en el engaño y que las cámaras le grabaron sacando dinero del cajero con un casco de moto.

Mientras tanto, la condenada por la estafa ha presentado ya un recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León para combatir una condena de dos años de cárcel que, en caso de ser declarada firme, no implicará su entrada obligatoria en prisión. Le constan varias reseñas policiales por estafa y falsedad documental pero no tiene antecedentes penales. Tendrá que devolver, eso sí, los más de 30.000 euros que la familia que confió en ellos no han recuperado todavía.

Los jueces agravan su condena porque la madre del joven les dio “una suma de dinero no menor” y tuvo, incluso, que pedir dinero prestado para pagar. Ella, sin embargo, nunca tuvo intención de ayudarles: “Aparentaban ser abogados en ejercicio, prometieron que en un plazo de seis meses consegurían obtener su libertad cuando en realidad ni eran abogados ni pensaban realizar gestión judicial alguna”, sentencian los jueces de Ávila.

Etiquetas
stats