Gobierno y Junta negociarán las “discrepancias” en la aplicación del 'impuesto Garoña'

La Comisión de Cooperación entre Castilla y León y el Gobierno de España han acordado crear un grupo de trabajo para resolver las “discrepancias” sobre la aplicación del impuesto que gravará los residuos almacenados en la central nuclear de Santa María de Garoña, en Burgos, según publica en su edición de hoy el Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl).

El acuerdo para la creación de ese grupo de trabajo viene abalada por la firma de la ministra de Política Territorial y Función Pública, Meritxell Batet, y por el consejero de la Presidencia de la Junta de Castilla y León, José Antonio de Santiago Juárez.

El texto indica que se van a iniciar negociaciones para resolver las “discrepancias manifestadas en relación con el artículo único cuatro de la Ley 6/2018, de 13 de noviembre, por la que se modifica el impuesto sobre la afección medioambiental causada por determinados aprovechamientos de agua embalsada, por los parques eólicos y por las instalaciones de transporte de energía eléctrica de alta tensión regulado en el texto refundido de las disposiciones legales de la Comunidad de Castilla y León en materia de tributos propios y cedidos.

Esa negociación se realizará mediante ese grupo de trabajo, cuya creación también contempla la disposición publicada en el Bocyl, que propondrá a la Comisión de Cooperación entre Castilla y León y el Gobierno el acuerdo que alcancen. Del mismo modo, se da comunicación de este acuerdo al Tribunal Constitucional.

La Consejería de Economía y Hacienda planteó a finales del pasado año para su aprobación en las Cortes de Castilla y León la configuración de un impuesto especial por el almacenaje de residuos radioactivos en la central nuclear de Santa María de Garoña, una vez que Nuclenor dedició el cese de la actividad en esta planta ubicada en el burgalés valle de Tobalina.

La Junta de Castilla y León estima recaudar unos 15 millones de euros anuales por este impuesto que invertirá en diferentes medidas para impulsar alternativas de dinamización económica para esta comarca de la Burgos, que se ve afectada en lo laboral por el cierre de esta central nuclear.