La Junta de Castilla y León considera “insuficiente y negativo” el Decreto sobre medidas extraordinarias para el sector del vino

“Era el momento de apostar por los vinos de calidad en España, y el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación no lo ha considerado así”. Así ha respondido el consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, de la Junta de Castilla y León, Jesús Julio Carnero, al hilo del decreto de medidas extraordinarias para el sector del vino para hacer frente a la crisis de la COVID-19.

Carnero ha mostrado su escepticismo este miércoles en varias reuniones que ha mantenido con los representantes de las organizaciones profesionales agrarias, las denominaciones de origen y las cooperativas vitivinícolas de la Comunidad. Ante el Real Decreto 557/2020, de 9 de junio, el consejero ha dejado claro que “es insuficiente y no equilibra las distintas zonas de España desde el lado de la oferta”.

Una de las reivindicaciones que el Gobierno ha desoído desde Castilla y León, es la que la Consejería le propuso al Ministro de Agricultura, en su día, que pidiera a la Unión Europea más fondos adicionales para el sector vitivinícola. “Esto no ha sucedido, como sí lo ha pedido, por ejemplo, Francia, y sí que se han reivindicado esas ayudas, por parte del Estado, para el sector del aceite de oliva”, explica la Junta en un comunicado.

Importe de las ayudas a la destilación

El volumen inicial de vino que recibirá ayuda a la destilación será de 2 millones de hectolitros, de los que 0,5 millones de hectolitros serán de vinos amparados por una Denominación de Origen Protegida (DOP) y 1,5 millones de hectolitros para el resto de vinos (graneles).

Aquí la Consejería había solicitado que hubiera un equilibrio, en el sentido de destinar al 50 % esta distribución, pero no se ha tenido en cuenta. Esta medida está dotada con 65,5 millones de euros, con importes de ayuda de 40 euros por hectolitro en el primer caso y de 30 euros por hectolitro en el segundo.

Los beneficiarios de las ayudas de destilación de crisis serán los destiladores autorizados de productos vitivinícolas que transformen vino en alcohol, pero se comprometerán con la bodega en cuestión a abonar el importe de esta ayuda una vez descontados los costes de destilación.

El alcohol obtenido en esta destilación se destinará a usos industriales, incluida la fabricación de desinfectantes y productos farmacéuticos o energéticos, nunca con fines de boca o alimentarios. El volumen de vino a destilar por solicitante deberá justificarse mediante los contratos celebrados entre la destilería y el productor del vino que lo entregue a tal fin, por un mínimo de 10 hectolitros por contrato.

Los bodegueros interesados tendrán que firmar un contrato con el destilador, y para ello la Consejería pondrá a disposición, mañana día 11, en la página web de la consejería, las fichas técnicas para que los viticultores puedan realizar la solicitud correspondiente.

Ayudas al almacenamiento

Las ayudas al almacenamiento privado, para 2,25 millones de hectólitros, de los cuales 2 millones están dirigidos exclusivamente a vinos con denominación de origen protegida y 0,225 millones para vinos con indicación geográfica protegida recibirán, en suma, 15 millones de euros. Las bodegas tendrán un importe de ayuda de 0,027 euros por hectolitro de vino y día de almacenamiento, para un periodo de 180 días en todos los vinos, que puede ampliarse hasta los 270 o 360 días en caso de tintos. Los almacenamientos serán en depósito o almacén precintable, salvo para los espumosos que, por su proceso de elaboración, se almacenan en botella.

Esta medida se ha mejorado parcialmente, respecto a inicio. Desde la Consejería se había pedido al Gobierno que hubiera un incremento de los 0,02 euros por hectolitro/día a 0,04 euros por hectolitro/día.

Una misma bodega podrá acogerse a ayuda al almacenamiento privado y a destilación, siempre que no se refieran al mismo vino.

Cosecha en verde

El paquete de medidas incluye además la posibilidad de aplicar, por primera vez en España, la cosecha en verde en aquellas comunidades que así lo decidan para parcelas amparadas bajo denominaciones de origen protegidas. La medida cuenta con un presupuesto de 10 millones de euros que se abonarán directamente a los viticultores.

En este apartado, desde la Consejería, se exigía necesariamente una ayuda media por destrucción que sea igual en todo el territorio nacional que se podría establecer en 600 euros por hectárea.

Se podrán acoger a esta ayuda los viticultores inscritos en alguna DOP y la parcela deberá de tener como mínimo 0,3 hectáreas y no se permitirán parcelas plantadas en las tres últimas campañas (2016-2017, 2017-2018 y 2018-2019).

Esta actividad podrá realizarse de manera manual, mecánica o química entre el 23 de julio y el 4 de agosto. La ayuda a la cosecha en verde se calculará sumando una compensación por los costes directos de destrucción o eliminación de los racimos de uvas y otra por la pérdida de ingresos vinculada a la destrucción o la eliminación de estos.

La Consejería publicará en el bocyl en breve, los importes de las ayudas por Denominaciones de Origen y estará a disposición la solicitud teletramitable.

Autorregulación

A lo que sí obliga el Real Decreto es a la autorregulación. En ese caso los Consejos Reguladores tendrán que tomar sus decisiones para reducir la producción antes del 30 de junio, de acuerdo a las particularidades de cada Denominación de Origen, sin estar sometidos a un porcentaje mínimo obligatorio, y comunicarlo al Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León (Itacyl).

En definitiva, Carnero ha indicado que “el paquete de medidas extraordinarias no responde a nuestras pretensiones, pero no obstante es una oportunidad que tenemos que aprovechar puesto que con toda seguridad habrá bodegueros y viticultores interesados en acogerse a ellas. Los plazos son muy cortos, finaliza el 23 de junio, y la Consejería va a facilitar a todos los interesados la presentación de las solicitudes, para que los pagos puedan realizarse antes del 16 de octubre”.