Así se repartía la publicidad institucional en Castilla y León: contratos que triplicaban su precio y medios que se fiscalizaban a sí mismos

La comisión de investigación sobre la publicidad de la Junta de Castilla y León en los medios de comunicación en los últimos cinco años ha celebrado este viernes su primera comparecencia. El que fuera número 2 de la Consejería de Presidencia, desde la que se gestionaban los contratos, el secretario general José Manuel Herrero, ha dado explicaciones poco concretas a las preguntas de la portavoz socialista en la comisión, Virginia Barcones, que ha reprochado la documentación incompleta que se ha recibido. Mucho más suaves han sido el Partido Popular y Ciudadanos, que fueron quienes pidieron la comisión y que han llegado a preguntar por el modelo de reparto de publicidad cuando el PSOE gobernó Castilla y León, hace 33 años.

Herrero ha asegurado que se realizó un reparto “equitativo” y que no se dejó fuera a ningún medio que cumpliese los requisitos marcados. “Los medios pueden conocer todas las campañas previstas por la Junta porque se publican a principios de año”, recordó. El acceso de los medios está marcado por los requisitos que se acordaron en octubre de 2014 según el tipo de medios (radio, televisión, prensa en papel, prensa digital) y su auditoría y la condición indispensable de tener “espacios autonómicos”, sin tener en cuenta a qué grupo editorial pertenecían.

El PP: “está claro que las cosas se hicieron bien”

“Lo que se exigía  era que esos medios tuviesen una sección de Castilla y León y que tuviesen una vida de un año como mínimo. A veces querían publicidad medios que ni siquiera lo eran, que eran blogs o que duraban poco tiempo. Por eso pedíamos que fuesen de ámbito autonómico y que estuviesen auditados.

La conclusión que ha sacado el Partido Popular es que “está claro que las cosas se hicieron bien porque se fue más allá de la Ley de Contratos de Sector Público, y además es trasparente antes y después de la contratación con fiscalización y auditorías”, ha dicho la portavoz de los 'populares' en la comisión, Leticia García.

 Más dura e inquisitiva ha sido la portavoz socialista, Virginia Barcones, que ha recordado que si la comisión de investigación la solicitaron Ciudadanos y Partido Popular es porque creen que algo no se hizo bien. Barcones ha querido que Herrero explicase por qué la mayoría de los contratos se realizaron mediante la fórmula del contrato menor y por qué entre la documentación remitida no aparece la invitación a tres empresas.

“No creo que tengan dudas o sospechas el PP y Ciudadanos porque hay un procedimiento bien claro”, ha afirmado Herrero que ha reconocido que muchas campañas se hacían mediante contratos menores pero “fiscalizados”. Ha aclarado además que nunca se hacían invitaciones a tres medios porque se elegía un medio determinado. “Esto no es como comprar un paquete de folios blancos”, ha dicho. Tampoco ha sido especialmente claro al explicar en que consistía la “fiscalización” de los contratos publicitarios, que según ha reconocido se basaba en una “declaración responsable del medio” que aseguraba cumplir con los requisitos.

En cuanto a los precios de lo que Barcones ha denominado “adjudicaciones directas”, Herrero ha dicho que variaba en función de su auditoría o de su carácter supraprovincial. Barcones se ha quejado de haber recibido expedientes de contratos sin oferta y sin soporte documental y ha preguntado como controlaba la Junta que la publicidad que contrataba se llevaba a cabo. El exsecretario general de Presidencia ha precisado que no hay soporte documental de cuñas de radio o anuncios de televisión, algo complicado según él, pero no ha explicado por qué no se guardaron en cada expediente los anuncios en prensa de papel.

Un contrato de publicidad en el Mundo que pasó de 9.000 euros a 21.000 en un año

“¿Tenían ustedes un rastreador que comprobase anuncios o cuñas radiofónicas? ¿Quién firmaba y qué control de fiscalización realizaba?”, ha insistido Barcones. “Había una factura y una declaración responsable del medio”, ha respondido Herrero. “O sea que el medio se controlaba a sí mismo, esto es como si una empresa constructora se certificara a sí misma ¿no?”, ha cuestionado Barcones. Pero José Manuel Herrero ha comentado que quien gestionaba la campaña “sabía si se había cumplido o no” y ha dicho que Barcones estaba haciendo “un batiburrillo”. Además ha reconocido que algún contrato no se llegó a pagar porque por algún despiste del medio no se insertaba la publicidad.

Lo que no ha podido explicar es cómo un anuncio en el diario El Mundo de Castilla y León en el día de la Comunidad costó 9.000 euros en 2014 y 21.000 en 2015. “¿Por qué se triplicó el precio?”, ha preguntado la procuradora socialista. “No lo sé, no tengo la documentación y no puedo responder por expedientes individualizados”, ha contestado Herrero. Además ha dicho que no recuerda haber realizado ningún contrato con la agencia Over Marketing, investigada por presunta financiación ilegal del PP de Baleares, Comunidad Valenciana y Comunidad de Madrid, y que obtuvo al menos 3,4 millones de euros de la Junta de Castilla y León entre los años 2000 y 2006. La investigación está acotada a los últimos 5 años a petición del PP.

Tal y como publicó este diario, durante el ejercicio 2018 los dos empresarios propietarios de Televisión Castilla y León y de un conglomerado de medios, Antonio Miguel Méndez Pozo y José Luis Ulibarri, fueron quienes más dinero recibieron en publicidad institucional de la Junta de Castilla y León.