La Justicia da carpetazo a la investigación de la aparición de 16 jabalíes muertos en Valladolid

La Justicia pone punto y final a las investigaciones para depurar responsabilidades por la aparición de 16 jabalíes muertos hallados en una furgoneta abandonada en Valladolid el pasado día 8 de marzo. Tras haberse personado como acusación personal, Pacma ha criticado esta decisión apuntando a que había “indicios suficientes para investigar la comisión de un presunto delito contra la fauna y la salud pública” y han apuntado que “ni la Fiscalía Provincial, ni el Juzgado de Instrucción nº4, ni la Sección 4ª de la Audiencia Provincial de Valladolid han cumplido con su obligación legal de investigar los hechos”. El partido animalista ha asegurado que “estos órganos judiciales no han querido investigar presuntos ilícitos penales relacionados con la caza o los animales”.

En un comunicado, han recordado que el hallazgo de los animales se produjo en un avanzado estado de descomposición y sin el precinto de caza obligatorio y que permanecieron durante días los cadáveres de más de una quincena de jabalíes de distintas edades en una vieja furgoneta abierta en el centro de Valladolid. Fue la policía local la que, guiada por el olor nauseabundo que emanaba del vehículo, realizaron una inspección para acabar encontrando la dantesca escena a principios de marzo.

Desde PACMA sostienen que, “al carecer los animales del precinto obligatorio de caza, podrían haber sido capturados de manera ilegal, lo cual podría suponer un presunto ilícito penal de caza furtiva”. Sin embargo, como han apuntado finalmente, “los hechos no serán investigados después de que los órganos judiciales hayan desestimado el último recurso interpuesto por la formación política animalista a finales de junio, que intentaba evitar el sobreseimiento del caso”.

En ese entonces, el Partido Animalista ya declaraba que no se habían efectuado las “diligencias mínimas de investigación para unos hechos que podrían ser constitutivos del presunto ilícito penal de caza furtiva o contra la protección de la fauna del art. 335 1 y 4 del Código penal, y otro presunto delito de amenaza grave a la salud pública humana y animal, del art. 326 del Código Penal”.

Por su parte, tanto el Juzgado como el Ministerio Fiscal consideran que “no se puede estimar que concurran los presupuestos típicos que consigna la norma penal citada”, pero tampoco abren investigación para esclarecerlo y determinar, con seguridad, si esos presupuestos se hubieran cumplido, quedando la muerte de estos más de 16 animales sin condena alguna.

Para la formación política animalista, se trata de “un varapalo más” a la credibilidad y confiabilidad de la justicia española en materia de protección animal: “estamos estancados en un limbo de intereses e influencias ante un órgano del Estado que debería ser un ejemplo de imparcialidad. Una vez más se demuestra que los Tribunales no quieren investigar presuntos ilícitos penales relacionados con los animales, dándoles una protección especial e indebida a los cazadores, por encima del resto de los ciudadanos”, han explicado.