Una hoja de ruta entre nebulosas

¿Hasta dónde llegarán las renuncias y concesiones del Partido Popular tras asociarse con Vox para gobernar juntos en Castilla y León? Esa es la incógnita por despejar a la vista del parco contenido del “Acuerdo de Legislatura” suscrito entre ambos partidos, que, salvo anunciar un par de nuevas Leyes -una de ellas contra la llamada “violencia intrafamiliar”- no pasa de ser un conjunto de declaración de intenciones que pasa de puntillas, y en algún caso ni eso, sobre los principales problemas estructurales de la comunidad.

El fugaz paso de Alberto Núñez Feijóo por Valladolid, donde el pasado fin de semana compartió un acto con Alfonso Fernández Mañueco, ha revelado lo vergonzante que resulta para el primero esta alianza del PP con una ultraderecha que, pese a renegar del Estado de las Autonomías, se incorpora por primera vez al gobierno de una comunidad. Pese a que como líder “in pectore” del partido, es obvio que oficiosamente dio su visto bueno al acuerdo, Feijóo viene sacudiéndose esa corresponsabilidad con la torticera excusa de que formalmente aún no es el presidente del partido. Esta impostura le ha llevado al extremo de pasar por Castilla y León sin darse por enterado del pacto, dejando como exclusivo responsable del mismo a Fernández Mañueco. Por si fuera poco, este último vio cuestionado su tirón electoral por el propio Feijóo, quien, muy a la galaica, le restregó su decepción con los pobres resultados del PP el pasado 13-F, cuya manifiesta insuficiencia ha originado a la postre el vergonzante pacto con Vox.

Habrá que esperar al discurso de investidura del candidato a la reelección para comprobar cómo se concreta el programa inicial de su nuevo gobierno y hasta donde quedan en papel mojado las 1.000 medidas que recogía el programa electoral del PP. De momento sabemos que la número 473 no va a materializarse. Y no es una cualquiera: es la que anunciaba “una nueva Ley de atención integral a las víctimas de la violencia de género” que tenía como objetivo ampliar la vigente desde 2010 a los contenidos del Pacto Estatal aprobado en 2017.

El presidente en funciones y candidato a la investidura ha aclarado que la nueva Ley sobre Violencia Intrafamiliar coexistirá con la Ley de 2010, que no se derogará, pero tampoco será sustituida por esa nueva Ley de Atención Integral, cuyo Anteproyecto fue presentado por la Consejería de Familia el pasado mes de septiembre. Primera claudicación en toda regla del PP, que se presta a desvirtuar la lucha contra un problema social lacerante asumiendo una bandera de Vox que no aporta nada que no contemple ya el Código Penal. (Demoledor a este respecto el artículo publicado por el exconsejero de Educación de la Junta, Fernando Rey, catedrático de Derecho Constitucional).

Un PP acomplejado ante Vox

Para mayor inri, hemos tenido que soportar las desvergonzadas declaraciones de uno de los más destacados dirigentes de Vox, Iván Espinosa de los Monteros, vinculando la asistencia a las mujeres víctimas de violencia género a “chiringuitos podemitas” constituidos al calor de las subvenciones públicas. Un ex abrupto así no sorprende en alguien como Espinosa de los Monteros, pero lo realmente lamentable es que haya quedado sin respuesta por parte tanto de la consejera de Familia, Isabel Blanco, como del propio presidente Mañueco, que, con tal de no tener ningún roce con Vox, han mantenido un ominoso silencio, cuando lo cierto es que de la gestión de las casas de acogida subvencionadas por la Junta se ocupa una una red de atención de la que forman parte entidades del tercer sector como Cruz Roja, Caritas y otras vinculadas a la Iglesia.

El único que ha salido al paso, y cuando no le ha quedado más remedio, ha sido el Portavoz de la Junta en funciones, Carlos Fernández Carriedo, el mismo que como coordinador del programa electoral del PP aseguró durante la campaña que el catálogo legislativo afectado por la disolución de las Cortes sería rescatado en esta nueva Legislatura. Ya hemos visto que no será el caso de la nueva Ley de Violencia de Género, pero menos aún de la que se tramitaba sobre Derechos LGTBI o de las que impulsaba la consejería de Transparencia en materia regeneración democrática, entre ellas la creación de la Oficina contra el Fraude y la Corrupción.

En el limbo ha quedado la reforma de la Ley de Ordenación territorial y con ella la aprobación de los mapas que deben fijar los servicios esenciales en el ámbito rural. Y ninguna de las 34 “acciones” de que consta el acuerdo PP- Vox hace referencia a la Ordenación Territorial. La Sanidad, otro de los grandes problemas pendientes de abordar, apenas ocupa tres líneas en las que se afirma que se reforzarán las inversiones y los presupuestos, sobre todo en atención primaria. No consta el compromiso de destinar a la Sanidad un 7 por ciento del PIB ni el de dedicar a la atención primaria el 20 por ciento del gasto sanitario, tal como recoge el programa del PP, ni tampoco la célebre promesa de mantener la asistencia presencial (médica y de enfermería) en todos los centros de Salud y en los 3.665 consultorios locales de Castilla y León.

Otra omisión clamorosa es la de todo lo referido al envejecimiento, la dependencia y el modelo de residencias de ancianos. Ni la menor mención al respecto. Ni siquiera a la nueva Ley de Atención residencial que el PP consideraba urgente y prioritaria para corregir las graves carencias puestas al descubierto por la pandemia, que hasta el momento se ha cobrado más de 4.300 vidas entre los usuarios de las residencias de ancianos.

Y nada se concreta sobre el problema de la despoblación, al que simplemente se define como “cuestión prioritaria” a abordar en coordinación con todas las Administraciones Públicas.

A la vista de tal cúmulo de omisiones –tampoco se hace ninguna mención al Dialogo Social-, la hoja de ruta del gobierno en ciernes permanece oculta entre nebulosas que veremos en qué medida se despejan durante el debate de investidura. Mañueco proclamó que en la negociación con Vox el PP en ningún caso abandonaría “principios básicos que no pueden ser obviados”. Pero lo ocurrido en torno a la Violencia de Género remite a una de las célebres frases de Groucho Marx: “Estos son mis principios, y si no le gustan, tengo otros”.

El reparto de consejerías, un parto asistido

Entretanto, sigue sin cerrarse el reparto de las áreas de gobierno, cuestión que ha sumido en un mar de dudas a Vox, dada la conflictividad social latente en sectores que se proponía gestionar, caso de la Agricultura y la Ganadería, sacudidas en la actualidad por la más perfecta de las tormentas. Entre las que el PP les ha dado a elegir, también resulta de su preferencia la consejería de Industria, que, al ser hasta ahora también la de Empleo, tiene como contraindicación ser la competente en materia de Diálogo Social.

Si el PP no quiere que el Diálogo Social salte por los aires, no puede encomendar dicha competencia a Vox, por lo que no habría que descartar que Empleo se mude a distinta consejería. Aunque se habla también de Fomento, de las tres consejerías asignadas a Vox en el reparto la única que se da por cerrada es la de Cultura y Turismo.

Paralelamente, tras la polvareda levantada por la indecorosa subida del ya desmesurado sueldo de los miembros de la Mesa de las Cortes, que ha pasado a ser de 97.955 euros anuales, el jefe de filas de Vox y próximo vicepresidente, Juan García-Gallardo, se ha descolgado anunciando que su partido va a proponer una reducción del “gasto político” en los capítulos referentes a las subvenciones de los grupos parlamentarios y a los procuradores liberados por cuenta de la Cámara. Veremos hasta donde llega esa propuesta en las Cortes y también cómo actúa Vox cuando llegue a la Junta por ejemplo respecto a la tropa de asesores (44) nombrados a dedo en la anterior Legislatura al servicio del presidente, vicepresidente y consejeros. Aunque el mayor despilfarro político que pudiéramos encontrarnos en esta nueva etapa sería sin duda el de mantener una vicepresidencia sin cartera liberada de la gestión directa de cualquier competencia. Una figura política con cargo al erario sin parangón en ninguna comunidad autónoma.