Aprobado el decreto de medidas urgentes de Castilla y León con los votos a favor de PP y Vox y la abstención de la oposición

El Pleno de las Cortes de Castilla y León ha dado el visto bueno este martes con los votos a favor de los dos socios de Gobierno, PP y Vox, y la abstención de los grupos en la oposición a la convalidación del Decreto-Ley 2/2022, de 23 de junio, por el que se adoptan “medidas urgentes” para la agilización de la gestión de los fondos europeos y el impulso de la actividad económica.

Así se ha sustanciado en la votación de este Decreto-Ley que ha tenido lugar en un pleno extraordinario en el que PP y Vox han rechazado la solicitud del Grupo Parlamentario Socialista que condicionó su voto a favor de la norma a la tramitación como proyecto de ley, petición que sólo ha obtenido 31 votos a favor, frente a los 44 'noes' de PP y Vox y dos abstenciones.

Según ha explicado el consejero de la Presidencia, Jesús Julio Carnero, en la presentación del Decreto-Ley sometido a convalidación, la norma recoge “numerosas medidas” dirigidas en su totalidad a agilizar la gestión de los programas financiados con los fondos europeos asociados al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia para asegurar, a su vez, una “eficiente ejecución” de los fondos e “impulsar” a Castilla y León, “el objetivo prioritario a perseguir”.

En concreto, Carnero ha llamado a trabajar para conseguir un impulso de Castilla y León que se refleje en todos los ámbitos, económicos, laborales, sanitarios y sociales, y que beneficie “siempre” a los ciudadanos y a las personas de Castilla y León.

Carnero ha repasado los dos últimos años, marcados por la pandemia del COVID, una “situación desconocida en los últimos siglos”; por “la injusta invasión rusa de Ucrania” que ha paralizado el “incipiente” crecimiento iniciado en 2021 y por una inflación “desbocada” y unos costes energéticos “desorbitados”, para defender la necesidad de poner en marcha una serie de medidas que, a diferencia de las aprobadas en el 'Plan de Iniciativas de respuesta ante el agravamiento de la situación económica', sí requieren cambios legislativos.

El consejero se ha referido en primer lugar al 'Anteproyecto de Ley de rebaja impositiva urgente ante el agravamiento de la situación económica', para el que confía en su “pronta y exitosa” tramitación ante las Cortes, al que ha unido el Decreto-Ley 2/2022 sometido hoy a convalidación con “medidas de carácter general, sectorial y de protección social” y del que ha destacado “tres importantes modificaciones normativas”, entre ellas la que incluye las subvenciones financiadas total o parcialmente con los Fondos de los Planes Next Generation entre los supuestos extraordinarios previstos en la Ley de subvenciones para la aprobación y el compromiso de gastos que pueden ser autorizados por la Junta.

También se modifica la Ley de Medidas Tributarias, Financieras y Administrativas para exceptuar la obligación de incluir en los planes estratégicos de subvenciones las que se concedan con cargo a los Fondos de los Planes NG “exigiendo tan sólo el informe de los Servicios Jurídicos para la tramitación de sus bases reguladoras”.

Y se modifica de la Ley de la Hacienda y del Sector Público de la Comunidad en lo relativo a las autorizaciones y compromisos de gastos con cargo a ejercicios futuros para ampliar las excepciones a los límites establecidos en la Ley para incluir los gastos financiados con recursos finalistas para lograr “una mayor agilidad en los procedimientos”.

En el ámbito del sector público autonómico, se modifican las competencias reconocidas al Ente Público Regional de la Energía de Castilla y León para dotarle de capacidad para tramitar y conceder subvenciones a fondo perdido a entidades públicas, entidades privadas y particulares “con plazos de gestión muy reducidos” que requieren de entidades especializadas para tramitar con solvencia, agilidad y eficacia proyectos de carácter técnico.

También se da el visto bueno a gestionar nuevos registros oficiales en materia de eficiencia energética y de energía renovable que requieren una especialización para su gestión, automatización, explotación e intercambio de datos con la Administración estatal.

El Decreto Ley también recoge la colaboración entre la Sociedad Pública de Medio Ambiente de Castilla y León con la Gerencia Regional de Salud para flexibilizar y reducir trámites administrativos para ejecutar infraestructuras sanitarias a financiar con fondos europeos. En concreto, se habilita a Somacyl a realizar obras, estudios, proyectos, la dirección de obras, consultorías o asistencias técnicas para la construcción, reforma o ampliación de infraestructuras sanitarias que tengan carácter urgente previo encargo de la Gerencia Regional de Salud.

Entre las medidas sociales ha destacado el incremento del umbral de ingresos de los posibles beneficiarios y del importe máximo a recibir y la mejora de la protección social de los más vulnerables y protección “a un espectro más amplio de población que anteriormente quedaba excluido” desde el reconocimiento de que “la vida de 2013 --cuando se creó esta prestación-- no es la vida de 2022”.

A esto ha añadido que se crea el Bono de Urgencia Social para atender a las personas en situación de necesidad sobrevenida y que requieren un apoyo puntual y urgente de la Junta, un nuevo mecanismo que permite conceder subvenciones directas a las personas con mayor vulnerabilidad que están incluidas en el Sistema de Acceso Unificado de los Servicios Sociales.

En materia de vivienda y urbanismo, se modifican las normativas reguladoras del urbanismo y la vivienda para tratar de ajustar los procedimientos de la Junta a la gestión de los fondos europeos que, según ha explicado, exigen una “agilidad extraordinaria” en la tramitación.

También ha informado de que se crea un nuevo modelo de vivienda, la vivienda colaborativa protegida que puede beneficiarse de un programa específico del Plan Estatal para el acceso a la vivienda 2022-2025, que permite a los más jóvenes desarrollar su proyecto de vida en hogares independientes sufragando servicios esenciales de forma común.

Y para impulsar la promoción de viviendas de protección pública en el medio rural, se elimina la exigencia de que estas viviendas fueran promovidas exclusivamente para uso propio lo que permitirá canalizar fondos europeos hacia suelos de zonas rurales donde la Junta puede revertir situaciones de carestía de vivienda para colectivos vulnerables y de especial protección y al mismo tiempo luchar contra la despoblación.

Por otro lado, se agiliza la tramitación de cerca del 50 por ciento de los procedimientos de modificación del planeamiento urbanístico que se tramitan actualmente, especialmente en el medio rural para “aliviar” la carga burocrática “una vez que se ha constatado a lo largo de estos años que determinados instrumentos del planeamiento carecen de incidencia sobre el medio ambiente”.

De esta manera, ha precisado el consejero, se habilita “de forma eficiente” la ejecución de “multitud” de inversiones necesarias, como infraestructuras básicas, vivienda, industria o servicios, “muchas de las cuales se financian con fondos europeos de recuperación y resiliencia, muy estrictos en cuanto a la ejecución de las dotaciones previstas en 2022 y 2023”.

Y en el ámbito del patrimonio natural y política forestal, ha explicado que para fomentar el desarrollo socioeconómico y la implantación de energías renovables se pasan a considerar compatibles las actividades que no sean susceptibles de generar un efecto apreciable en el lugar, siendo por tanto compatibles con los objetivos de conservación.

Por último, ha explicado que entre otras medidas para agilizar la puesta en el mercado del aprovechamiento maderable o leñoso de los montes se elimina la obligatoriedad de presentar con 15 de días de antelación la declaración responsable requerida cumpliendo así el compromiso adquirido con la Administración General.