Las ayudas del Diálogo Social, que reparte Vox en Castilla y León, excluirán a UGT, CCOO y CEOE

Las ayudas vinculadas al Diálogo Social de Castilla y León dejarán de ser exclusivamente para UGT, CCOO y CEOE. La Consejería de Industria, Comercio y Empleo ha publicado este miércoles en Gobierno Abierto las bases de las subvenciones DS+, que buscan abrir las ayudas a sindicatos y asociaciones empresariales a una veintena de organizaciones y eliminar así la exclusividad de los dos sindicatos mayoritarios y la patronal. 

Desde la Consejería de Industria, Comercio y Empleo han indicado que lo que buscan con este nuevo modelo de ayudas es “establecer un diálogo y una participación en las relaciones laborales más democráticos y plurales”, que cuenten “con todas las organizaciones”, según ha expresado el consejero Mariano Veganzones en un comunicado remitido por la Junta.

Según ha argumentado la Consejería, tradicionalmente, “hasta una veintena de organizaciones sindicales y empresariales se han quedado fuera de las convocatorias de ayudas por ejercer su labor”, situación que se modifica para “no dejarlas desatendidas”.

De este modo, la Empleo ha diseñado este plan para “superar lo que de facto podía considerarse como una posición única, en palabras del Tribunal Supremo”, ha argumentado Empleo.

El programa de fomento de las actividades de los interlocutores sociales se distribuirá mediante “un prorrateo en proporción a su capacidad representativa en la negociación de convenios colectivos”.

Este “ensanchamiento” del número de agentes económicos y sociales que pueden recibir ayudas, en la línea de iniciativas de otras comunidades autónomas del norte de España, viene avalado, como ha destacado la Junta, por decisiones judiciales en el país.

En este sentido, han mencionado que la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo anula el Real Decreto 1027/2022, de 20 de diciembre, por el que se regula la concesión de subvenciones directas y exclusivas para los llamados “interlocutores sociales más representativos”.

De forma que se establece que “no son los sindicatos de clase y la patronal los únicos interlocutores representativos, por lo que la idea de posición única carece de toda justificación”, asumiendo por parte de la Justicia que otros interlocutores deben poder participar de estas subvenciones.