Castilla y León aprueba el primer Plan de Igualdad en la Administración con 94 medidas con procedimientos de revisión
El Consejo de Gobierno ha aprobado este jueves el I Plan de Igualdad para la Administración de la Comunidad de Castilla y León, en cumplimiento al compromiso adquirido entre la Administración y las organizaciones sindicales firmantes del Acuerdo marco de fecha 29 de octubre de 2015.
Este Plan, que configura el primero de esta naturaleza en la Junta de Castilla y León, se sustenta en tres pilares: económico, social y personal. Este plan se desgrana a través de ocho ejes de actuación: aplicación transversal de la perspectiva de género; acceso al empleo público; igualdad en las condiciones de trabajo y en el desarrollo de la carrera profesional; ordenación del tiempo de trabajo, corresponsabilidad y conciliación de la vida personal, familiar y laboral; salud laboral y prevención de riesgos laborales desde la perspectiva de género; atención a situaciones necesitadas de especial protección; formación en igualdad, información y sensibilización; y retribuciones.
Asimismo, cuenta de 21 objetivos específicos y 94 medidas, cada una de las cuales consta de un responsable y procedimiento de revisión
El objetivo del Plan, cuyo texto se encuentra a disposición para su consulta en el portal del Empleado Público de la web de la Junta de Castilla y León, tiene por objeto garantizar la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, la promoción, el fortalecimiento y el desarrollo de la igualdad de trato y de oportunidades entre las mujeres y los hombres que prestan sus servicios en la Administración General de la Comunidad y sus organismos autónomos.
Según ha explicado el vicepresidente y portavoz, Francisco Igea, el plan se fundamenta en los siguientes principios básicos: igualdad entre mujeres y hombres, transversalidad, participación, seguimiento y mejora continuos, comunicación no sexista, flexibilidad y adaptación a la diversidad de circunstancias de los distintos sectores y categorías.
El Plan consiste en un conjunto ordenado de medidas adoptadas después de realizar un diagnóstico de situación, tendente a alcanzar la igualdad de trato de oportunidades entre mujeres y hombres y a eliminar la discriminación por razón de sexo. Su ámbito de aplicación es la Administración General de la Comunidad de Castilla y León y los organismos autónomos dependientes de esta que tengan personal funcionario, estatutario o laboral a su servicio; en concreto se aplicará a personal al servicio de la Administración General, personal al servicio de las instituciones sanitarias y personal docente no universitario de los centros públicos de Castilla y León.
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