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Castilla y León mantiene los 'indultos' vinculados a la tuberculosis bovina pese al aumento de casos

Imagen de archivo de unas vacas pastando en un prado. EFE/ Eliseo Trigo

Alba Camazón

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Castilla y León mantiene los 'indultos' vinculados a la tuberculosis bovina pese al aumento de casos hasta cinco reses en la zona de Riaño (León). Eso sí, el consejero de Economía y portavoz del gobierno autonómico, Carlos Fernández Carriedo, ha anunciado que se cambiará el sistema de control si suben más los contagios o no se puede preservar el aislamiento, según ha informado este jueves Carriedo.

En las últimas semanas han aparecido cinco vacas en la zona de Riaño con tuberculosis pertenecientes a cuatro explotaciones diferentes de casi 700 cabezas de ganado: una en Lario y tres en Riaño, aunque estas tres se consideran una única explotación a efectos epidemiológicos y sanitarios, ya que comparten medios de producción. A pesar de estos animales positivos, la Junta defiende a través de un comunicado que “no hay nada” que impida mantener a León como una provincia oficialmente “libre de tuberculosis bovina” porque de momento se cumplen los parámetros necesarios.

La explotación de Lario cuenta con un censo de 141 animales y fue la primera en la que se diagnosticó un animal positivo, momento en el que la Consejería de Agricultura (dirigida por Vox) dejó sin efecto la resolución de vaciado sanitario y decidió sacrificar solo a la vaca con tuberculosis.

Después aparecieron cuatro animales positivos en tres explotaciones de Riaño con un censo de 547 animales y El director de Producción Agrícola y Ganadera, Agustín Álvarez Nogal, fue cesado el 10 de mayo y la dimisión de la jefa de Servicio de Sanidad Animal de la Consejería, Olga Mínguez, la semana pasada.

Carlos Fernández Carriedo ha asegurado que no está previsto “en principio” modificar el protocolo ni la ley vigente y ha atribuido este indulto —del que el vicepresidente autonómico se ha jactado en redes como mérito de Vox— a unas “circunstancias” concretas que han analizado “los técnicos”. Carriedo ha enumerado los criterios que se han tenido en cuenta: el tamaño de la explotación, el número de los brotes y capacidad de aislamiento y el posible contagio o no a las especies silvestres.

El gobierno autonómico “garantiza” con estos indultos, que han sido criticados por los veterinarios, el cumplimiento de la ley de Sanidad Animal, el Protocolo de erradicación de la tuberculosis bovina y el reglamento europeo. “El objetivo es garantizar la salud de la cabaña bovina y el futuro de las explotaciones ganaderas”, ha afirmado Carriedo.

El plan de actuación del 'indulto'

Sanidad Animal elaboró un plan de actuación: se realizarán pruebas diagnósticas a todas las reses cada 90 días y aquellos que den positivo serán sacrificados en un plazo máximo de 15 días y sometidos a analítica para la detección del agente causal de la tuberculosis.

Estas pruebas se repetirán hasta un mínimo de cuatro ocasiones, salvo en el caso de un agravamiento de los resultados sanitarios que obligue a tomar otras medidas. En caso de seguir consiguiendo el aislamiento del agente a partir de la cuarta prueba, se volverá a evaluar la situación.

Además, la Unidad Veterinaria realizará una georreferenciación exhaustiva de los animales ubicados en cada pasto, una auditoría de bioseguridad en la que se comprobará la existencia de cerramientos, estructuras e instalaciones que restrinjan el acceso de la fauna silvestre; comederos y bebederos selectivos para ganado bovino y evaluación de las medidas de limitación de acceso de los animales silvestres a los espacios habitualmente utilizados por el ganado bovino.

Si las medidas de limitación no fueran adecuados, se fijará un plazo de dos meses para subsanar las incidencias y la puesta en práctica de medidas correctoras. Una vez al mes se llevará a cabo una visita de comprobación del mantenimiento de las medidas de bioseguridad y se comunicarán las medidas correctoras que correspondan.

También se solicitará un plan sanitario asociado al plan de caza, que deberá ser entregado a los servicios veterinarios oficiales durante la inspección a los pastos, quienes evaluarán especialmente lo referente a medidas sanitarias y, en caso necesario, se les informará de las correcciones que tengan que llevar a cabo así como el plazo de realización de las mismas.

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