El Poder Judicial no sancionará al juez de Castilla y León que comparó al PCE con el Partido Nazi alemán
La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha confirmado que no abrirá expediente disciplinario al presidente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL), José Luis Concepción, quien comparó al Partido Comunista de España (PCE) con el partido nazi alemán en una entrevista.
En la resolución que da respuesta a los diferentes recursos de alzada planteados tanto por la vocal del CGPJ Concepción Sáez como por la asociación FAI-RADE --que reúne a abogados con ideología de izquierdas-- el órgano de gobierno de los jueces señala que, tal y como se dijo en la primera ocasión en la que se rechazó sancionar al magistrado, cuando expuso que las manifestaciones efectuadas por un juez no tienen encaje en ningún tipo disciplinario, “no procede en modo alguno aperturar la vía disciplinaria”.
Las declaraciones que propiciaron esta petición, fueron realizadas por el presidente del TSJCL en una entrevista concedida a 'El Diario de Burgos'. En la misma, aseguró que el Partido Nacional Socialista de Adolf Hitler “también llegó al poder por las urnas en Alemania en 1933”. “Y no hay que recordar las consecuencias que acarreó su victoria”, añadía, al ser preguntado en concreto por el Partido Comunista, integrado en el Gobierno de coalición que lidera Pedro Sánchez.
En concreto, la asociación de abogados consideraba que el presidente del TSJ castellano-leonés podría haber incurrido en la pérdida de su neutralidad política y en una provocación reiterada de choques “graves” con el Gobierno “por motivos ajenos” al de su cargo.
Los límites a la libertad de expresión del magistrado
Ahora, el órgano de gobierno de los jueces insiste en su acuerdo de más de 50 páginas, al que ha tenido acceso Europa Press, en que esas declaraciones al Diario de Burgos no encajan en ninguna de las conductas que integran los tipos disciplinarios y que “actúan como límites a la libertad de expresión de un magistrado”.
Y recuerda que esos límites son la revelación de secretos, la creación de enfrentamientos graves con las autoridades de la circunscripción en que ejerce, la corrección del ejercicio de la función jurisdiccional de otros integrantes o la falta de consideración debida.
Al hilo, el CGPJ apunta que el duodécimo dictamen, de 16 de octubre de 2020, de la Comisión Iberoamericana de Ética Judicial reconoce que “los miembros de la judicatura gozarán de las libertades de expresión, creencias, asociación y reunión, con la salvedad de que, en el ejercicio de esos derechos, los jueces se conducirán en todo momento de manera que preserven la dignidad de sus funciones y la imparcialidad e independencia de la judicatura”.
Y añade que en esos mismos términos se expresa el dictamen de abril de 2022 de la Comisión de Ética judicial cuando, con motivo del examen de la adecuación a los principios de ética judicial de expresiones y manifestaciones de jueces en redes sociales, dice en sus conclusiones que “los jueces y juezas, como cualquier ciudadano, gozan de la libertad de expresión, y como tales pueden intervenir en las redes sociales y medios de comunicación”.
“Situación genérica de posicionamiento político”
En este sentido, y entrando de lleno en la entrevista que concedió el presidente, el CGPJ indica que a pesar de que la concedió por razón de su cargo, las expresiones que originaron la queja “no se realizan en ejercicio de la potestad jurisdiccional, tampoco se vinculan a ninguna causa concreta y determinada, si no que se refieren a una situación genérica de posicionamiento político personal del entrevistado”.
“Por tanto, lo manifestado no se subsumiría de manera clara, indubitada, precisa y suficiente en las conductas que definen el tipo de lo que es el límite del derecho a la libertad de expresión que se han descrito, y por ende, no tendría relevancia disciplinaria”, apostilla.
No obstante, indica que las objeciones críticas efectuadas por las recurrentes sobre el proceder del presidente son “comprensibles” a pesar de que “no tiene relevancia disciplinaria”. Y recuerda que la apelación a la libertad de expresión y su ejercicio por los miembros de la carrera judicial, “y de manera más determinante cuando ostentan altos cargos gubernativos, requiere un especial respeto, cuidado, moderación y prudencia, sobre todo en atención a que pudiera afectarse a la percepción del deber de imparcialidad judicial (y de su apariencia), y a la obligación de neutralidad objetiva”.
Sorprendidos en el PCE
Tras conocerse la decisión del CGPJ, el líder del PCE y dirigente de IU, Enrique Santiago, ha calificado la misma de “sorprendente” y considera que esa permisividad “pone en cuestión la capacidad del actual Consejo General del Poder Judicial para garantizar de forma efectiva la neutralidad política de los jueces”.
Asimismo, insiste en que las declaraciones del presidente del TSJCyL “le desautorizan para desempeñar la representación del Poder Judicial en una comunidad autónoma”, y ello no solo por “su contenido absolutamente imprudente, sino por ser contrarias a los valores democráticos y al ordenamiento constitucional”.
Frente a las razones del CGPJ para no continuar adelante con la petición de sanción, Santiago indica que “estos insultos vertidos por José Luis Concepción suponen (...) una reiteración de manifestaciones de este tipo en la falta al mínimo respeto exigible a un juez hacia todas las fuerzas políticas democráticas, incluyendo al Partido Comunista de España que, sin duda, es una de las que con más esfuerzo y sacrificio de su militancia luchó y lucha por una democracia plena en nuestro país”.
Hace mención a las declaraciones del mismo magistrado de febrero de 2021 cuando aseguró que la democracia en España “se pone en solfa desde el momento en que el Partido Comunista está en el Gobierno”. Para IU, los reiterados “exabruptos y salidas de tono del magistrado solo han merecido hasta ahora algún leve tirón de orejas por parte del CGPJ”.
Se refiere a la resolución de 15 de mayo de 2020, que también se menciona en el nuevo acuerdo, cuando se recordaba que los jueces debían caracterizarse “por actitudes de mesura, prudencia y responsabilidad institucional en sus intervenciones, recordando los límites más estrictos de la libertad de expresión de Jueces y Magistrados”.
Por último, Santiago, en un comunicado recogido por Europa Press, muestra también su “sorpresa” ante “la contundencia y rapidez con la que desde el CGPJ se responde de continuo a las valoraciones que pueden realizar representantes de otros poderes del Estado, que no llevan implícito ni suponen insulto concreto alguno, y la manga ancha con la que se actúa en el caso de este magistrado”.
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