Extrabajadores de Gesturcal consideran que el precio de compra de terrenos en Portillo “fue muy bueno”

La tercera jornada de juicio del caso Perla Negra por el sobrecoste de un edificio de la Consejería de Economía y la compra de terrenos para un polígono en Portillo (Valladolid) ha contado hoy con el testimonio de varios trabajadores de ADE Parques que han defendido que lo mejor que pudo hacer la Junta de Castilla y León fue comprar los terrenos del fallido polígono a un grupo de empresarios también relacionados con la promotora del edificio de Soluciones Empresariales en Arroyo de la Encomienda (Valladolid).

La primera testifical ha sido la del actual viceconsejero de Economía y que en el momento de los hechos era vocal de Gesturcal y director general de Industria, Carlos Martín Tobalina. Según ha explicado, conoció a uno de los acusados, Francisco Esgueva, que presidía Industria San Cayetano, a principios de 2008. Como director de Industria, Martín Tobalina participaba en las negociaciones para que San Cayetano se quedase con los 40 trabajadores de Smurfit tras su cierre definitivo, y Esgueva aprovechó para pedirle ayuda en la venta de los terrenos que poseía junto a otro empresarios junto a los que intentaba impulsar un parque empresarial. Según el viceconsejero de Economía, en ese momento le dijo que no era un asunto de su competencia y le instó a contactar con la Consejería. Sin embargo, poco después, cuando ya era vocal de Gesturcal, Rafael Delgado le instó a unir en una reunión a los directivos de Gesturcal, que había asorbido a Ade Parques con los promotores de ese suelo industrial en Portillo, dado que ya los conocía. El la reunión participaron el director financiero, Francisco Armero, y el consejero delegado de Gesturcal, Juan Carlos Sacristán. Esgueva acudió con otro socio que no recuerda.

El viceconsejero ha precisado que fue el entonces consejero de Economía, Tomás Villanueva, quien había señalado la necesidad de aumentar la bolsa de suelos industriales y que era necesario hacer ese esfuerzo. Así, ha recordado existía un Acuerdo Marco de Competitividad Industrial desde diciembre de 2005 y que lo habían firmado UGT, CCOO y CEOE y la Junta. La idea del consejero era apostar por suelo en el sur de Castilla y León, en concreto Ávila, Segovia, sur de Valladolid y partes de Soria y Salamanca para atraer a empresas de Madrid, que suponían el 30% de las que se captaban para la Comunidad.

Que la compra para el polígono se había hecho efectiva se conoció en la rendición de cuentas de 2010, que se hizo en un Consejo el 31 de marzo de 2011. Fue ahí cuando algunos consejeros detectaron un “incremento de existencias” al que pusieron “objeciones”.

En este sentido se pronunció Andres Guijarro, funcionario de carrera que era vocal del Consejo de Gesturcal y secretario general de Hacienda cuando detectó la compra de los terrenos. “Se nos dijo que era legal porque el presidente de Gesturcal tenía poderes, y que era una buena fórmula - comprar suelo a empresarios promotores- porque un proceso mediante expropiación podía judicializarse”, ha comentado. Según Guijarro nunca se habló del precio de los terrenos.

El actual director general de Industria de la Junta de Castilla y León, Jesús Jiménez Miguel, también ha declarado este miércoles como testigo para relatar su participación en la compra de los terrenos cuando era el director general de Gesturcal. Según ha recordado, se negociaron los precios, si bien no sabían por cuánto habían comprado los empresarios. A la entonces viceconsejera de Economía, Begoña Hernández, “no le gustaba ni la operación ni los pagos que según ella no deberían haber hecho”. De hecho, ella llegó a paralizar un pago y Delgado ordenó que se hiciese efectivo.

Según Jiménez, la decisión de compra fue de Delgado como consejero delegado de Gesturcal y su intención al usar a esas “empresas interpuestas” era que no se encareciese el precio y ahorrar en trámites administrativos y expropiatorios. A la pregunta de si había empresas interesadas en instalarse en el futuro polígono, ha dicho que “los empresarios manifestaban que sí, pero no dijeron qué empresas”. También ha reconocido que la operación sólo se conoció en la presentación de cuentas. Aun así, ha insistido en que el precio de compra “fue muy bueno” porque los empresarios pedían 34 euros por metro cuadrado y se acabaron pagando 12, lo que marcó el TSJ cuando se les condenó en un proceso de expropiación. “Cuanto más suelo, mejor precio de servicios generales de agua, electricidad, por eso se pedían más metros. Si los propietarios de suelo saben que una administración está detrás, el precio se calienta”, ha justificado. Así, ha señalado que el precio de venta de suelo en el Polígono de San Cristóbal (un espacio que lleva décadas asentado en Valladolid capital) es de 240 euros por metro cuadrado. También ha reconocido que Gesturcal funcionaba como pagadora, pero que las decisiones se tomaban en la Consejería de Economía.

El resto de testigos han sido funcionarios y extrabajadores que tuvieron alguna participación en la compra de Perla Negra, pero que apenas recordaban algún detalle por haber sido circunstancial y por los tres lustros que han pasado desde entonces.

La tesis de la Fiscalía es que la Consejería de Economía actuó en connivencia con distintos empresarios de la construcción para comprar el edificio y unos terrenos para desarrollar un polígono industrial en Portillo (Valladolid). En concreto, la Consejería favoreció a la promotora del edificio, Urban Proyecta PM3, que también tenía intereses en el polígono. Así, se considera que la licitación para construir el edificio que Economía quería alquilar con opción a compra, se amañó para que lo ganase esa promotora. El concurso se publicó en las navidades de 2005 y el plazo para los licitadores fue de 15 días, escaso para un proyecto de esas características. De hecho, el arquitecto que diseñó el Perla Negra, Carlos Lamela, reconoció durante la instrucción que tuvo acceso a los pliegos antes de que fuesen públicos. El de la promotora ganadora fue el único proyecto que se presentó. Los acusados se enfrentan a condenas por presuntos delitos de prevaricación, cohecho, revelación de secretos, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos y fraude a la administración.

El juicio se reanudará el próximo lunes.