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La Junta de Castilla y León admite que eliminó el IVA de un contrato a la mujer de un alto funcionario sin tener un documento que lo justifique

Alfonso Fernández Mañueco y Juan Carlos Suárez-Quiñones (en el centro de la imagen) en el Puesto de Mando Avanzado de la Sierra de la Culebra (Zamora), durante el gran incendio del pasado verano.

Laura Cornejo

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La Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León eliminó el IVA del contrato de comunicación de incendios sin tener documento alguno que avale esa decisión. Así lo ha reconocido en la respuesta que da a elDiario.es tras la resolución del Comisionado de Transparencia que obligaba a facilitar ese documento a este diario o a reconocer que no existía. “No consta documento en el que se justifique la exención del Impuesto sobre el Valor Añadido que aparece en la oferta económica presentada por la adjudicataria del contrato”. dice en su respuesta.

De este modo, parece claro que la Consejería, que licitó un contrato de servicios en que figuraba un presupuesto base sin IVA, y el presupuesto con el 20% de IVA, eliminó este requisito fiscal obligatorio una vez adjudicado el contrato a la pareja de un alto funcionario de Medio Ambiente. El IVA desapareció en la formalización, sin que la Consejería explique el motivo, y mientras el otro licitador que concurría sí presentó un presupuesto con el IVA incluido, como es preceptivo. Tal y cómo informó elDiario.es, el contrato se adjudicó en febrero del año pasado, después de un intento fallido. La Consejería. dirigida por Juan Carlos Suárez-Quiñones, había decidido externalizar el servicio de comunicación para el Operativo para la prevención y extinción de incendios forestales y la gestión de la cuenta de Twitter @naturalezacyl porque según explicaba en un informe, carecía de medios suficientes para llevarlo a cabo con su personal.

En junio de 2021 se publicó la licitación abierta para realizar e implantar un plan de divulgación y comunicación y la gestión de comunicación durante la campaña de incendios incluyendo la cuenta de Twitter durante 28 meses con un presupuesto máximo de 154.033.00 euros. Con un plazo de 17 días para presentar ofertas, el concurso quedó desierto y meses después, en septiembre de 2021, optó por un procedimiento negociado sin publicidad. Este procedimiento, legal cuando una primera licitación ha quedado desierta, permite que la Junta elija a las personas o empresas que van a participar, y cursó invitaciones el 4 de noviembre de 2021 a dos agencias de comunicación y a dos personas físicas que en ese momento no tenían constituida ninguna empresa. Una de ellas era la mujer de un asesor de la Dirección General de Patrimonio Natural (perteneciente a la Consejería) y otra pareja de un funcionario de Medio Ambiente que en agosto de 2022 fue nombrado temporalmente jefe del Servicio Territorial de Valladolid. Solo esta última y una agencia presentaron oferta.

La oferta de la agencia fue de 111.720 euros, que con el 21% de IVA hacía un total de 135.181,20 y la de la pareja del funcionario fue de 127.000 euros “exenta de IVA”, tal y como aparece en el expediente. Aunque el pliego hacía constar que había que aportar la oferta económica y el total sumando el IVA, se aceptó una oferta que directamente omitía el pago de impuestos. Según pudo saber este diario, se comunicó a la agencia que su propuesta era la más barata. De ese modo, estaba dando por hecho que había que sumar el IVA a la de su oponente y que el montante final superaba el de la agencia.

Sin embargo, como el “único aspecto objeto de negociación” por parte de la Consejería era el precio, se solicitó a los licitadores la mejora o ratificación de las ofertas. La agencia no presentó oferta de negociación, pero la otra licitadora sí: bajó su oferta económica hasta los 104.000 euros, de forma que mejoró la de la agencia y se hizo con el contrato. La adjudicación se produjo el 16 de febrero y se formalizó el contrato un mes después. ElDiario.es intentó por todos los medios que la Consejería aclarase los motivos de admitir una oferta sin IVA primero, y declararla exenta después, pero en todo momento se esquivó esa explicación. “La mesa de contratación no encontró impedimento de legalidad”, argumentaron como toda respuesta. De este modo, este diario se vio obligado a solicitar la información a través de Transparencia, y la Consejería contestó a algunas de las cuestiones planteadas, pero siguió esquivando la referente al IVA hasta que el Comisionado de Transparencia, a través de una resolución ejecutiva le instó a hacerlo.

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