La Junta de Castilla y León retoma la Ley de Concordia de PP y Vox para que esté lista antes de junio de 2027

El consejero de la Presidencia de Castilla y León, Luis Miguel González Gago, ha asegurado este martes que la Junta está “avanzando en la definición del contenido” de la futura Ley de Concordia, uno de los compromisos del acuerdo de gobierno entre PP y Vox, que establece su aprobación durante el primer año de legislatura.

Gago se ha referido a esta norma durante su comparecencia ante la Comisión de Economía y Hacienda de las Cortes para presentar los presupuestos de su departamento para 2027, aunque sin concretar el calendario para su tramitación ni aportar nuevos detalles sobre su contenido.

El acuerdo de gobierno suscrito en junio por PP y Vox compromete a ambos partidos a aprobar antes de junio de 2027 una Ley de Concordia que “supere y actualice el marco normativo vigente” y reconozca a las víctimas de la violencia social y política, el terrorismo y la persecución ideológica o religiosa.

El propio Gago ya manifestó en julio ante las Cortes el compromiso de aprobar la norma durante el primer año de legislatura y defendió entonces que debe reconocer y dignificar a “todas las víctimas, sin exclusiones ni jerarquías”, dentro de una política que, según argumentó, persigue favorecer la convivencia y la reconciliación.

La futura ley recupera así una iniciativa que PP y Vox ya impulsaron durante la anterior legislatura, aunque aquella proposición no llegó a prosperar después de que el PP votara en septiembre de 2024 contra su toma en consideración tras la salida de Vox del anterior Gobierno autonómico.

Partidas para exhumaciones

En paralelo a la preparación de la nueva norma, Gago ha asegurado que la Junta continuará colaborando en la investigación, localización y recuperación de personas desaparecidas durante la Guerra Civil y la dictadura.

Para estas actuaciones, la Consejería de la Presidencia prevé aportar en 2027 un total de 245.000 euros de fondos propios, además de los recursos procedentes del Estado.

De esa cantidad, 105.000 euros se destinarán a proyectos de investigación desarrollados por las universidades públicas de Castilla y León y otros 140.000 a actuaciones de prospección, localización, exhumación e identificación de víctimas promovidas por asociaciones y entidades sin ánimo de lucro.