PP, PSOE y Vox acuerdan en Castilla y León aprobar la ley de puestos sanitarios de difícil cobertura

La proposición de ley de puestos sanitarios de difícil cobertura podría cerrar el período legislativo ordinario con el apoyo unánime de los grupos de las Cortes de Castilla y León, según han trasladado este jueves sus representantes en la rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces.

Una iniciativa que presentaron PP y Vox en el mes de mayo de 2024 - todavía había una coalición de gobierno entre ambas formaciones - y que ha recibido numerosas enmiendas del resto del arco parlamentario, aunque algunas siguen vivas como una quincena de Soria Ya u otra del procurador del Grupo Mixto, Francisco Igea.

La portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Patricia Gómez, ha valorado que su intención siempre ha sido llegar a un acuerdo en esta materia y ha justificado su voto a favor con que se han aceptado todas sus enmiendas a través de transaccionales, una actitud que ha contrapuesto con la de la Junta por retirar la modificación de la Ley de Violencia de Género.

David Hierro (Vox) ha remarcado que su formación “siempre mantiene la palabra dada” y que “es una buena ley para los ciudadanos” mejorada con las enmiendas se tramitan “con diálogo y consenso”, lo que en su opinión muestra que cuando el PP quiere, “casi siempre cuando Mañueco no está por el medio, se puede llegar a acuerdos” y rompe con “el relato falsario de la pinza entre PSOE y Vox para dañar al PP”.

El portavoz de Soria Ya, José Ángel Ceña, ha incidido en que esta norma es muy necesaria para Soria y que la apoyará si no tiene grandes cambios, pese a que su partido mantiene quince enmiendas vivas y ha reconocido que “no es la mejor ley posible, pero es un punto de partida importante que mejora la actual”.

En el Grupo Mixto, Francisco Igea ha valorado que esta iniciativa “va a ser una buena ley para algunos territorios dentro de la Comunidad” como El Bierzo y que hay un grado de “consenso muy grande” y, aunque la ley no sea perfecta y no es la que él hubiera hecho, “es fruto de lo mejor del trabajo parlamentario: renunciar para llegar a acuerdos”

Pleno sanitario

Además de la proposición de ley de puestos de difícil cobertura, en el pleno de la próxima semana se debatirán sendas iniciativas para que la Junta devuelva el cobro de servicios esenciales a personas dependientes de grado 3 (PSOE) y para que los sanitarios colaboren con la policía en la identificación de migrantes ilegales (Vox).

La portavoz socialista ha recordado la sentencia del Tribunal Supremo que declaraba nulo el decreto de la Junta de Castilla y León por el que se cobraban mediante precios públicos los servicios esenciales y necesarios que se tienen que dar para garantizar la autonomía los grandes dependientes y personas mayores.

Gómez Urbán ha explicado que el ejecutivo autonómico ha aplicado un precio fijo en lugar de una tasa, de naturaleza tributaria y que podría aplicarse de forma progresiva en relación a la renta, y ha acusado a la Junta de “hacer negocio” porque el que tendrán que restituir unos 50 millones de euros repartidos entre más de 100.000 personas, según datos de la Plataforma Social de Castilla y León.

Por ello, el Grupo Parlamentario Socialista pide a la Junta que modifique su decreto y presente de manera urgente un proyecto de ley corregido; que se anulen de oficio todas las liquidaciones individuales practicadas por la Gerencia de Servicios Sociales, para que “no tengan que acudir a los tribunales”, y que proceda al reintegro total en un plazo de seis meses de las cantidades indebidamente cobradas.

Inmigración

En el próximo pleno, Vox defenderá en el hemiciclo una proposición no de ley para establecer un marco de colaboración entre la Consejería de Sanidad y la Policía Nacional y el Ministerio de Interior para que los sanitarios comuniquen que una persona accede a los servicios de salud, para conocer cuántas personas son y cuánto cuestan a las arcas públicas.

“Pedimos que aquellos inmigrantes ilegales que acudan a recibir una prestación o una asistencia sanitaria, el SACyL se comunique a la Policía y al Ministerio del Interior que son personas que se encuentran en situación irregular en España”, ha afirmado, antes de incidir en que “es una cuestión de primeras necesidad” y “de sentido común”.

Una idea que no ha compartido el procurador del Grupo Mixto, Francisco Igea, que ha rechazado esta premisa ya que de hacerse efectivas las propuestas de esta PNL se provocaría una “restricción del derecho a la salud y a la vida de los inmigrantes”.

Por su parte, el viceportavoz del PP, Miguel Ángel García Nieto, ha anunciado que en el próximo pleno su grupo llevará una PNL para pedir al Gobierno que retire el Estatuto Marco del Sistema Nacional de Salud de la ministra Mónica García (Sumar) - a la que ha tildado de “sectaria y que gobierna a espaldas del sector” - y recupere el diálogo efectivo con la Comunidades Autónomas.

Asimismo, presentarán otra PNL para que el ejecutivo nacional elabore en un plazo máximo de seis meses un Plan Nacional de Conservación Viaria por el mal estado de las carreteras, para que en Castilla y León haya “carreteras seguras y que dejen de castigar a los territorios que cumplen”.