El PSOE preguntará en el Pleno si la Junta ha desmentido la “relación” de Mañueco con un “presunto narcotraficante”

El PSOE preguntará en el Pleno de las Cortes del próximo martes “qué medidas se han tomado desde la Junta de Castilla y León para desmentir la relación entre el Presidente de la Junta de Castilla y León y un presunto narcotraficante, tal y como se ha reflejado en varios medios de comunicación”. La procuradora por Salamanca, Rosa Rubio, se refiere a los dos asesores que, sin contrato, recalaron en el Ayuntamiento de Béjar y han accedido a instalaciones y a expedientes en los últimos meses. Los asesores, hermano y hermana, son de nacionalidad española si bien hablan con acento colombiano.

A finales de enero, una concejala del ayuntamiento que había abandonado el PP después de denunciar al asesor, explicó en un Pleno que el propio alcalde, Luis Francisco Martín, le había asegurado que esos asesores se los había mandado Alfonso Fernández Mañueco.

“Usted, señor alcalde, cuando le he preguntado por sus asesores me ha asegurado que eran de su total y absoluta confianza, y al preguntarle que quién se los había mandado, ha dicho que el Partido Popular, y más concretamente el señor Alfonso Fernández Mañueco. Cuando le preguntamos qué llevaban en esas mochilas negras, que llevaban a todas partes, su respuesta fue que llevaban pistolas porque usted estaba amenazado y se quedó tan fresco. Yo personalmente he vivido un infierno junto a usted, un desvarío, una locura. Toda esta situación no trata de colores políticos ni rojo ni azul. Esto trata de la inutilidad de una persona para ser alcalde, que no ha venido a trabajar, y una concejala de Vox que haría cualquier cosa por estar sentada donde está ahora”, dijo en una extensa intervención.

Tal y como publicó elDiario.es, el hombre Guillermo Ramón Barceló Barrachina, aparece en una operación policial y en una sentencia en un caso de narcotráfico en Chile, e incluso puede verse en un vídeo policial que apareció en un programa de televisión. En el reportaje, un fiscal chileno, Miguel Ángel Orellana, contaba que en las escuchas policiales a las que se le sometió se dieron cuenta de su “doble vida”, ya que en algunas conversaciones “hablaba en un perfecto español” y en las que tenían que ver con su vida familiar “había un marcado acento dominicano o colombiano”. El tipo llegó a reunirse con empresarios en el propio aeropuerto para ofrecerles participar en el negocio. Según esa investigación, Barceló Barrachina hizo negocios similares para meter droga en Europa, si bien nunca ha sido detenido. Las imágenes registraron también cómo portaba una placa de apariencia policial- la policía descubrió que tenía autorización para trabajar como guardia de seguridad- que le permitirían moverse con mayor facilidad. “El mago cumplió con el encargo del líder de la red, adquirió una empresa para utilizarla de fachada y traficar grandes y millonarias cantidades de droga”, dicen en el reportaje. El plan era meterla dentro del estómago del pescado que se exportaba. La sentencia posterior, del año 2008, no condenó a Barceló Barrachina -no se le juzgó porque la red no usó sus servicios finalmente- pero aparece citado en ella.  “Barceló Barrachina que está en España tratando de ser empresario, de quien la policía conoce su actividad ilícita, si Carabineros de Chile fuera la Policía de Sudamérica todas estas personas que actualmente no están como imputados, estarían sentados acá también como tales”, decía un policía que participó en la investigación.

Por otro lado, el pasado 4 de enero la Policía Nacional detuvo en Béjar, en la vivienda de los asesores, a un italiano del que no se han facilitado datos, sobre el que pesaba una orden de búsqueda y detención para extradición desde el 29 de enero de 2024, por haber hecho desaparecer activos de una empresa mediante la retirada de grandes sumas dinero sin autorización y realizar transacciones financieras contra varias compañías llevándolas a la quiebra. Además, tenía en vigor una orden de ingreso en prisión emitida el 18 de julio de 2023 por las autoridades italianas por llevar a la quiebra o insolvencia a varias empresas en compañía de otras personas imponiéndole una pena de siete años de prisión, de los cuales ya ha cumplido diez meses.