La supresión del Impuesto de Sucesiones de Castilla y León queda relegada por la pandemia

Fue uno de los compromisos de gobierno que adquirieron Partido Popular y Ciudadanos cuando sellaron el pacto para liderar Castilla y León: la práctica supresión del Impuesto de Sucesiones y Donaciones. Sin embargo, la pandemia ahora provoca que este proyecto quede relegado, en un segundo plano.

La ley iba a aprobarse en el pleno de las Cortes el 17 de marzo de 2020, sesión que tuvo que suspenderse ante la declaración del estado de alarma, la pandemia de la COVID-19 y el sucesivo confinamiento. Esto provocó que se anulara el pleno y, por lo tanto, no se eliminara este impuesto que solos pagan aquellos con herencias que superen los 400.000 euros. Esta supresión puede beneficiar a entre 5.000 y 15.000 ciudadanos de la Comunidad, según calcula la Junta.

Con la desescalada, poco a poco comienza a llegar la normalidad a todos los ámbitos, incluida la política. Esta semana se ha celebrado el primer pleno ordinario en meses, y ni rastro de la supresión del impuesto, que supone que la Junta deje de ingresar 17,4 millones de euros este año y 34,6 millones el próximo ejercicio. Un recorte en los ingresos que ahora mismo no está claro si se aplicará con tanta inmediatez como se pretendía inicialmente. 

“La idea es posponer un poco la tramitación en función de cómo sean los ingresos de la Comunidad ante el incremento del gasto derivado de la pandemia”, explica a eldiario.es el portavoz de Hacienda del Grupo Popular, Salvador Cruz. El 'popular' defiende que se aprobará en esta legislatura porque es un compromiso electoral, “pero no de forma inmediata”. Puesto que ya ha finalizado su tramitación, “es susceptible de llevarse a pleno en cualquier situación plenaria”, agrega Cruz. Sin embargo, de momento no hay fechas ni plazos establecidos para aprobarse esta modificación legal.

Una vez ha terminado la fase de presentación de enmiendas, solo falta que se tramite su aprobación -con el apoyo de PP y Ciudadanos, por lo menos- en el pleno de las Cortes. El PSOE presentó una enmienda a la totalidad -que fue desestimada en pleno- y, poco antes del confinamiento, cinco enmiendas parciales que aspiraban a cambiar el articulado pero que no tuvieron éxito.

La Junta de Castilla y León mantiene que se cumplirá este compromiso, pero que la pelota está en el tejado de las Cortes. Concretamente, depende de la Junta de Portavoces, después de que la Mesa de las Cortes ya haya hecho la calificación. Está pendiente de pleno, pero no existen plazos para llevar el proyecto de ley al pleno. Es decir, podría estar 'parado' hasta el final de la legislatura, algo que ya sucedió en el pasado mandato con la ley LGTBI, que estuvo en 'stand by' durante meses y que finalmente ni siquiera se tramitó.

Este Proyecto de Ley establece que es “necesario” dar “un paso más” para “favorecer las sucesiones y donaciones entre familiares directos”. “La presente ley persigue reducir de forma significativa el coste fiscal al que se encuentran sometidas las donaciones y sucesiones de bienes y derechos entre cónyuges, descendientes y ascendientes”, señala el Proyecto, que busca “ayudar” al relevo intergeneracional de empresas y negocios, además del emprendimiento, “sin que el pago del impuesto sea una traba para ello”. 

La modificación del Impuesto de Sucesiones y Donaciones iniciada por la Junta de Castilla y León pretende establecer un sistema fiscal “favorable” entre familiares directos al reducir al 99% el coste fiscal al que se encuentran sometidas las adquisiciones de bienes y derechos por herencia o donación entre familiares directos, cónyuge, descendientes y ascendientes. “Con esta medida se establece un sistema fiscal más favorable, eliminándolo prácticamente entre familiares directos”, resume la exposición de motivos.

El Grupo Parlamentario de Ciudadanos se muestra“dispuesto” a negociar la parte que queda por bonificar del impuesto de donaciones y sucesiones. En la legislatura anterior ya se bonificó a cerca del 96% de la población Castilla y León y, por parte de Ciudadanos, “no habría problema” en aplazar ese 5% restante.

Mientras tanto, muchos empresarios aguardan este cambio en la ley. Apenas una semana después de que comenzara el estado de alarma, el Colegio de Economistas de Valladolid exigía a la Junta que se añadiera una disposición para que la supresión tenga un carácter retroactivo desde el estado de alarma. Una petición que no parece vaya a aceptar el parlamento autonómico, que no menciona siquiera la pandemia en el articulado del Proyecto de Ley.