Varios testigos reconocen que la adjudicación de Perla Negra se hizo “condicionada” por no tener una tasación “clara”

El juicio de corrupción por el sobrecoste del edificio de la Consejería de Economía conocido como 'Perla Negra' ha arrancado este lunes con la fase testifical con la declaración de varios técnicos de la empresa pública ADE Parques que han coincido en señalar que la adjudicación para la construcción y alquiler con derecho a compra del inmueble en el año 2006 se produjo de manera “condicionada”. Los pliegos obligaban a efectuar una tasación previa del precio de construcción y alquiler pero Tinsa llegó a hacer dos informes en los que se daban valoraciones distintas y “poco claras”. En lugar de dejar desierto el concurso al que sólo se presentó la promotora Urban Proyecta, optaron por una adjudicación “condicionada” que consistía en hacer una tasación una vez que el edificio fuese una realidad. En esta jornada no se ha aclarado por qué el proyecto pasó de ADE a la otra empresa pública, Gesturcal, por qué el concurso que se convocó tenía un plazo de presentación de ofertas de tan sólo 15 días o por qué, después de estudiar posibles ubicaciones en Valladolid capital se optó por construir en Arroyo de la Encomienda.

El primer testigo que ha declarado ante el tribunal de la Audiencia Provincial de Valladolid ha sido Jesús C, exfuncionario de Gesturcal que en 2012 denunció en un escrito interno, el presunto pelotazo que se había producido tanto con la adjudicación del edificio como con la compra de los terrenos para un polígono en Portillo (Valladolid) y que según él habían dejado un agujero de 400 millones de euros. Este testigo, funcionario de carrera, ha relatado que se había jubilado en 2008, con 68 años, porque había tensiones cuando Gesturcal se había unido a ADE Parques, y él era el único funcionario y quien “enseñaba los dientes” cuando consideraba que las cosas no se hacían correctamente.

Trabajadores que eran “familiares de políticos” y que se salvaron del ERE

En 2012, ha recordado, se produjo un ERE en el que 27 empleados de Gesturcal “fueron a la calle” mientras que en ADE Parques, donde los 26 trabajadores eran “familiares de políticos”, no se produjeron despidos. “Me indignó”, ha reconocido. “Gesturcal funcionó bien durante 40 años y dejó de funcionar cuando se unió a ADE Parques, con personas nuevas que la llevaron a la ruina. Hasta 2007 los temas se llevaban perfectamente y las auditorías eran correctas. ADE Parques se creó para llevar el Polígono de Portillo, con trabajadores elegidos a dedo”, ha señalado. En su momento, Gesturcal se encargaba de la compra de terrenos para polígonos y las gestiones se hacían directamente pero, cuando entró ADE Parques, se empezó a utilizar “empresas intermediarias”, según su versión. “TenÍa 68 años y ante las barbaridades que se cometían pedí la baja, llegamos a un acuerdo perfecto porque ellos estaban deseando largarme, era el único funcionario de carrera en la empresa, y era el único que se atrevía a decir las cosas, yo les enseñaba los dientes y me largaron encantados”, ha rememorado.

Intentó denunciar los hechos “pero el periodismo no era tan libre” y no se publicó nada

El exgerente, no recordaba haber mencionado en el escrito de denuncia que acabó en Fiscalía y supuso el arranque de la investigación, haber mencionado a uno de los acusados, Alberto Esgueva, si bien ha lamentado que tiene 82 años y está perdiendo memoria. A pesar de ello, su declaración sí ha sido detallada: en 2012, ha dicho “el periodismo no era tan libre”, ya que intentó dar a conocer el presunto pelotazo que ahora se juzga en medios de Zamora, León o Palencia sin que se publicase nada, pero cuando envió su escrito a sus antiguos compañeros de trabajo “se expandió”. De uno de los acusados, Juan Carlos Sacristán, que fue consejero delegado de Gesturcal ha dicho que lo recuerda “fenomenal”. “No creo que este metido en este jaleo igual que Salvador Molina -exdirector gerente de Gesturcal que también está acusado- les largaron a los dos, y pusieron a subdirectores secundarios”, ha precisado. Sobre la adquisición de terrenos para el Polígono de Portillo, que nunca se llegó a ejecutar, ha dicho que fue “un disparate” porque el pueblo “ni era cabecera de comarca ni un núcleo importante de población” y en ese momento ya tenían un polígono en Cuéllar (Segovia) que es “cuatro veces Portillo”, con la mitad “sin vender”.

Un concurso al que se presentó una sola empresa y que se adjudicó en un día a pesar de las dudas

Ha declarado también Pilar M.B, encargada de consejos de Gesturcal que entró a trabajar en la sociedad en 1998 y que ejercía como asesora jurídica. La trabajadora, que estuvo en todas las reuniones de la Mesa de Contratación, ha comentado que supo que la Consejería de Economía buscaba un edificio para ubicar a todas las empresas públicas cuando se solicitaron los pliegos del concurso, si bien antes hubo “rumores de traslado” porque el edificio que se utilizaba en la calle Duque de la Victoria estaba en un “estado deplorable” y su mantenimiento era “costosísimo”. Así, ha declarado que se tuvo que pedir un nuevo informe de tasación del alquiler y la compra del edificio porque el que se presentó en primer lugar “no era independiente” sino encargado por la propia promotora, Urban Proyecta. “Tinsa no dejaba claro precio de compra, y por eso se pidió un segundo informe”. A pesar de ello, el concurso se adjudicó al día siguiente “porque las dudas no iban a aclararse”. Así “se decidió la adjudicación pero condicionada, porque no había certeza de que los precios fuese ajustados a lo que se decía en el pliego y la duda era el futuro del edificio y el precio”, ha explicado. Pilar M.B también ha respondido a preguntas de la Fiscal que en alguna reunión se habló de las obras de adaptación que habría que hacer en el edificio -en concreto las de división interior y señalética por las que se acabaron pagando, sin concurso previo 4,4 millones de euros a Unifica, el mismo estudio de arquitectura que reformó la sede del PP en la calle Génova a cambio de dinero negro- y ha asegurado que “la idea era que Gesturcal no corriese con esos gastos”, sino que los pagase la promotora.

Un concurso con 15 días de plazo “un fallo por falta de experiencia o desconocimiento”

Tomás P.P, que trabajo en ADE en el departamento de Modernización ha explicado que antes de que se adjudicase la construcción del Perla Negra, se estudiaron ubicaciones en el antiguo colegio El Salvador, otro inmueble detrás de la Feria de Valladolid, el que ahora es un hotel en el barrio de Covaresa o incluso se barajó la cesión de un terreno de la Diputación de Valladolid en el barrio Villa de Prado. Nunca vieron ningún edificio fuera de Valladolid.

José Antonio M.M, un contratado laboral que pasó por varias consejerías antes de recalar en ADE, fue jefe de presupuestos y de auditoría interna y ha reconocido que no le consta que hubiese urgencia para adjudicar el concurso en el que se acabó estableciendo un plazo de 15 días para la presentación de proyectos cuando lo normal es un mes. El extrabajador, que presidió la Mesa de contratación, también ha asegurado que no le consta que se filtrasen los pliegos antes de que se publicase en el Bocyl. “No sé por qué el plazo era de 15 días, fue un fallo, no sé si por falta de experiencia o desconocimiento”, ha aseverado. Respecto a las tasaciones, ha explicado que no se sabía si el precio que establecían estaba en la horquilla del precio de mercado. “La dificultad estaba en que el edificio no estaba construido y en la Mesa de Contratación decidimos que se construyese primero y que se hiciesen luego esas tasaciones porque los precios testigo que se daban eran de edificios de Madrid y no nos parecían adecuados”, ha concretado. La fiscal le ha preguntado si con todas las dificultades para establecer un precio de alquiler con derecho a compra no se plantearon dejar el concurso desierto. “No podíamos excluir a Urban, porque cumplía el pliego”, ha respondido.

El jefe del Área de Auditoría Interna de ADE Parques y vocal de gasto en la Mesa de Contratación, Juan José G.A, ha explicado que el “debate principal” estaba en unos informes que “no eran concluyentes” porque “eran tasaciones sobre un proyecto”. “Se barajó dejar desierto el concurso pero se cumplían las condiciones técnicas y decidimos una adjudicación condicionada”, ha declarado. Lo que no ha sabido explicar es por qué el proyecto pasó de la ADE a Gesturcal. La última testigo de la jornada ha sido Virginia S.S, una arquitecta que trabajó en la ADE en un “periodo corto” en 2006 como técnico de apoyo al director de Gestión Económica y Modernización, y técnico asesor en la Mesa de Contratación. Su papel se limitó a revisar el proyecto desde el punto de vista arquitectónico. Lo conoció cuando se procedió a la apertura de sobres de la única oferta que se presentó y sí recuerda que se presentó “un problema con el precio”.

En esta jornada se ha ahondado más en la adjudicación del edificio, pero la causa incluye la compra de terrenos para el polígono de Portillo en en el que presuntamente se beneficiaron varias mercantiles entre las que se encuentra la promotora del Perla Negra, Urban Proyecta, comprando previamente el suelo que luego se vendió a la Junta de Castilla y León nueve veces más caro. La Fiscalía sostiene que se trata de una trama urdida desde la cúpula de la Consejería de Economía con determinados empresarios mediante la que se cometieron presuntos delitos de prevaricación, cohecho, revelación de secretos, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos y fraude a la administración 

Antes de que arrancase la vista, el tribunal se ha pronunciado sobre las cuestiones previas que plantearon las 12 defensas de los acusados. Ha desestimado todas: Ni se ha vulnerado el derecho de tutela judicial efectiva ni las partes han recibido la causa de manera parcial, sino que se ha proporcionado en dos formatos distintos, digital y papel y no se ha certificado. El tribunal ha dejado para el momento de dictar sentencia la prescripción de los delitos de tráfico de influencias y revelación de secretos, algo sobre lo que no puede pronunciarse en este momento procesal. Tampoco ha entendido a la nulidad y mucho menos a las dilaciones indebidas, algo que puede tenerse en cuenta como atenuante. Además ha rechazado la petición de la defensa de Rafael Delgado de expulsar a la Junta de la causa y ha precisado que sí puede estar como perjudicada al tener que asumir la deuda de una empresa pública, en referencia a Gesturcal.

El juicio continuará este martes con una nueva tanda de testigos del total de 90 a los que se ha citado.