Los sindicatos ven “intolerable” el “acoso” de Castilla y León a las mujeres que quieran abortar y tachan de “delirio ideológico” la medida

La secretaria de Políticas Sociales e Igualdad de UGT en Castilla y León, Victoria Zumalacárregui, ha expresado su “tajante” rechazo a las nuevas medidas anunciadas por el Gobierno autonómico para los procesos de interrupción voluntaria del embarazo en lo que ha considerado un “acoso y coacción” y “un nuevo ataque inadmisible a los derechos de las mujeres” de la Comunidad Autónoma“ que, según advierte la sindicalista, ”no están dispuestos a tolerar“.

El sindicato ha advertido a la Junta de que si sigue adelante con su “inaceptable propuesta”, van a tener en frente a más de la mitad de la población de esta Comunidad, “porque no podemos admitir que otros dobleguen la voluntad de las mujeres y fuercen nuestras decisiones a base de coacción, acoso y derribo”.

“Todas las medidas acordadas en el Consejo de Gobierno, que implican y comprometen a las personas profesionales sanitarias, con la

complicidad e implicación de la Consejería de Sanidad, no son más que un conjunto de trabas para impedir ejercer este derecho a las mujeres que, en libertad y criterio propio, toman sus propias decisiones“, ha advertido la sindicalista.

Para Victoria Zumalacárregui las medidas anunciadas este jueves por el vicepresidente de la Junta, Juan García-Gallardo, de Vox, son “inauditas” y suponen, además, “un atraso terrible que atenta contra los derechos humanos de las mujeres castellano y leonesas”. “Un paso más de extrema gravedad que viene a formar parte de la política reaccionaria, negacionista y ultraderechista del que se ha contagiado la Junta de Castilla y León”, ha lamentado.

A través de un comunicado de prensa, la secretaria de Políticas Sociales e Igualdad se ha reafirmado en que las medidas anunciadas este jueves por el vicepresidente de Vox son “indignantes”. “Nosotros defenderemos el derecho de las mujeres a decidir libremente sobre su cuerpo, su maternidad, su vida, como ciudadanas con plena capacidad para la autodeterminación”, ha aseverado al respecto.

Dicho esto, ha pedido al Gobierno autonómico que garantice los derechos de toda la ciudadanía y vele por prestar “unos servicios sanitarios públicos y de calidad que permitan a las mujeres abortar en

las mejores condiciones de salud, que eliminen todo riesgo“.

En este punto, apela a una sentencia el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, a la Ley y a demás normativa de aplicación, para recordar que la Administración autonómica debe dedicarse a garantizar la seguridad jurídica de la mujer embarazada que desee abortar “y no limitar, obstaculizar o impedir las posibilidades reales de realizarlo”. Por lo tanto, según Zumalacárregui, “el Gobierno de PP-Vox de Castilla y León debe acatar la ley, porque, con estas medidas están bordeando el delito, un delito de acoso y coacción a las mujeres tipificado en Código Penal”.

También UGT ha exigido la “garantía del presupuesto necesario y suficiente que garantice el ejercicio del derecho al aborto en libertad”.

La organización sindical también se ha mostrado “muy crítica” con el principal partido del Gobierno de coalición, el PP, y no ve “entendible” que el PP “se preste” a una “afrenta contra las mujeres, una vez más”. “No es posible entender que no haya presupuesto para luchar contra la Violencia de Género o para proteger a las mujeres víctimas y sus familias incluso y sí exista presupuesto para financiar medidas absolutamente perversas y dañinas para las mujeres embarazadas, que son ahora tomadas por enfermas mentales porque deciden ejercer su derecho, y llevar a término su decisión”, reprochan a los de Alfonso Fernández Mañueco.

Por este motivo, UGT Castilla y León ha recomendado al PP que “recupere la cordura” para “volver al lado de la ley y la razón” desde el convencimiento de que las medidas anunciadas este jueves suponen “otra forma de violencia de genero institucional contra las mujeres castellanas y leonesas”. El sindicato insiste al PP en la necesidad de que “de marcha atrás” pese a que, “con Vox como compañeros de viaje, han empezado a negar las diferentes formas de violencia machistas y la igualdad de mujeres y hombres porque consideran a las mujeres ciudadanas de segunda incapaces de tomar nuestras propias decisiones”.

CCOO tacha de “delirio ideológico” la medida

El sindicato Comisiones Obreras ha criticado el intento del vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Juan García-Gallardo, de “tutelar y atacar” los derechos de las mujeres en la Comunidad con el anuncio de unas medidas de fomento de la natalidad que, “en su delirio ideológico”, suponen “atentar directamente contra la dignidad de las mujeres, culpabilizándolas y responsabilizándolas del uso de sus libertades”.

Para el sindicato, la “estrategia” de Vox evidencia las “contradicciones del PP” y la “fragilidad” del acuerdo de gobierno que “intentan adornar como un pacto ideal”, han señalado fuentes de CCOO en un comunicado remitido a Europa Press.

“Si desde que comenzó la legislatura en Castilla y León se advertía de que había dos gobiernos, a estas alturas, y en vísperas de las elecciones en los ayuntamientos y en muchas comunidades autónomas, se demuestra que no hay dos, sino tres: el de Mañueco, el de Vox y el del PP”, han criticado desde el sindicato.

Se trata de una situación que “ha quedado patente” el “aval” del consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, a las tesis de Vox con su presencia en la rueda de prensa en la que el vicepresidente de la Junta anunció las medidas para el fomento de la natalidad que calificó de “provida”.

Además, Comisiones Obreras ha culpado al presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, se encuentre “desaparecido, fiel a su estilo escurridizo”, mientras el Partido Popular, a nivel nacional, a través de su nuevo portavoz, Borja Sémper, “desacredita el pacto de gobierno de Castilla y León y, especialmente, la política consentidora del presidente de la Junta”.