El PP de la Diputación de Valladolid graba la negociación del convenio de bomberos con el Ayuntamiento y la manda por WhatsApp

El PP de la Diputación de Valladolid grabó la negociación sobre el convenio de bomberos que mantuvo con un concejal del Ayuntamiento de la capital y la mandó por WhatsApp. El encuentro entre el edil socialista Alberto Palomino y el portavoz del PP en la Diputación, Agapito Hernández, tenía como objetivo desencallar las negociaciones sobre el servicio de bomberos que hasta ahora el Ayuntamiento de la capital del Pisuerga da a una treintena de municipios del alfoz.

La difusión de la conversación en un grupo de WhatsApp de portavoces ha llevado al Grupo Socialista en la Diputación de Valladolid ha exigir la dimisión “irrevocable del portavoz del PP en la institución. La petición la han realizado tanto el portavoz de los socialistas en la Diputación, Francisco Ferreira, como el propio edil del PSOE a quien el diputado del PP grabó la conversación con su móvil sin su conocimiento. Ambos representantes han coincidido en que lo ocurrido es un hecho ”gravísimo, totalmente reprochable“ que ha de llevar a la dimisión de Hernández o, en su defecto, a su cese por parte del presidente de la institución provincial, Conrado Íscar (PP)

“A partir de ahora no tendremos mucha confianza cuando estemos hablando con representantes del PP, pues se ha demostrado que son capaces de grabar de forma secreta una conversación de buena fe, algo que por otra parte es descartable que sea delito por cuanto ha habido difusión de la misma”, ha censurado el diputado y abogado socialista, Francisco Ferreira, quien, sin embargo, descarta acudir a la vía judicial pero sí mantiene la petición de responsabilidades políticas que deben concluir con la dimisión del autor de estos hechos.

En el supuesto de que siguiera en su cargo, Ferreira, en declaraciones recogidas por Europa Press, ha anunciado su negativa y la del resto de integrantes de su grupo a mantener cualquier tipo de reunión en la que esté presente Agapito Hernández, dada la posibilidad de que vuelva a las andadas, con lo que descarta participar en la junta de portavoces prevista para mañana si antes el PP no toma cartas en el asunto.

El propio concejal del PSOE a quien grabó el diputado del PP, Alberto Palomino ha mostrado su profundo malestar por lo sucedido y todavía no da crédito. “¡Por más que lo pienso no sé qué decir, me deja perplejo porque pensé que esto solo pasaba en las películas de espías, mafiosos o en tramas como la Gürtel!”, apunta Palomino, quien se pregunta si lo ocurrido es una práctica habitual en el seno del Partido Popular.

“Es una falta de ética impresionante pero, al mismo tiempo, una torpeza de Hernández porque luego cuelga la conversación en el grupo de Whatsapp, donde además el peor parado sale él ya que en un momento dado pide que prorroguemos al menos un año el contrato ya que reconoce que la Diputación no está preparada para ofrecer el servicio”, añade el concejal socialista encargado de negociar ese acuerdo con la Institución provincial vallisoletana.

Aunque el portavoz de los socialistas ya pidió explicaciones a Hernández y obtuvo las disculpas de éste, Ferreira insiste en que no le valen y que la única salida pasa por su dimisión. “Si en política cometemos un error de ese tipo, tenemos que irnos para casa”, sentencia diputado del PSOE.

Mientras tanto, las negociaciones para la renovación de otro convenio por otros cuatro años para que el Ayuntamiento de Valladolid presenta servicio de extinción de bomberos en los municipios del alfoz se encuentran totalmente rotas debido a las diferencias económicas existentes entre ambas partes.

Al respecto, el concejal Alberto Palomino se queja de que con el actual convenio, cuya vigencia expira el 31 de diciembre, el Ayuntamiento asume un coste de 2.185.000 euros, con lo que el servicio está costando al vecino de la capital un total de 27 euros y al del alfoz menos de seis, de ahí las pretensiones del Consistorio de lograr reequilibrar el gasto al solicitar a la Diputación 1.200.000 euros, con lo que el coste del mismo al residente en la ciudad y al del municipio beneficiado se situaría en 24 y 13 euros, respectivamente.

En estos momentos, y tras la última negociación, las partes mantienen una diferencia de 50.000 euros, entre el 1.150.000 euros que pide el Ayuntamiento y el 1.100.000 que está dispuesto a satisfacer la Diputación provincial.