La Junta de Castilla y León ha autorizado la construcción del parque eólico 'Berg I', que promueve la empresa Energía Eólica Berg, S.L.U., tras declarar favorable su impacto ambiental, según se ha publicado en el Boletín Oficial de Castilla y León este martes 22 de julio. Sin embargo, la resolución publicada señala que el proyecto solo podrá ejecutarse si se aplican uas medidas correctoras y preventivas de impacto ambiental concretas.
El parque se desarrollará en el corazón de la comarca los Montes de Oca, y afecta a los términos municipales de Villaescusa la Sombría, Arraya de Oca, Cerratón de Juarros, Valle de Oca, Alcocero de Mola, Barrios de Colina y Arlanzón, todos en la provincia de Burgos. Está prevista la instalación de ocho aerogeneradores de 179 metros de altura, con una potencia conjunta de casi 50 megavatios, además de una línea subterránea de evacuación de energía de 12,5 kilómetros de longitud.
La infraestructura se ubicará en un entorno de alto valor ambiental y patrimonial: la línea eléctrica cruza zonas incluidas en la Red Natura 2000, como la Zona de Especial Conservación (ZEC) 'Riberas del Río Oca y afluentes', y los aerogeneradores se levantarán a pocos metros del Camino de Santiago. También se encuentran en las cercanías yacimientos arqueológicos catalogados y montes de utilidad pública.
La Junta reconoce en su resolución que el impacto paisajístico será “significativo”, y que el emplazamiento del proyecto se encuentra en una zona ya saturada por infraestructuras similares. Sin embargo, el informe concluye que el impacto global será moderado y compatible, siempre que se cumplan las condiciones impuestas.
Exigencias ambientales
La Junta ha condicionado la puesta en marcha del parque eólico al cumplimiento de una serie de medidas ambientales concretas. El Ejecutivo autonómico exige la instalación de sistemas automáticos de parada en las turbinas para proteger a las aves y murciélagos que sobrevuelan la zona, así como la paralización estacional de los aerogeneradores durante las noches de verano, en los meses más sensibles para los quirópteros. También se impone la prohibición del uso de herbicidas, la recuperación de toda la vegetación eliminada y el uso de áridos reciclados en las obras.
Para garantizar la protección del suelo y de las aguas, el promotor deberá impermeabilizar todas las áreas de maquinaria, controlar el drenaje, evitar cualquier vertido, y vigilar los cauces de ríos y arroyos cercanos. Los residuos, tanto peligrosos como no peligrosos, deberán ser almacenados con protocolos específicos, separados, etiquetados y entregados a gestores autorizados.
El proyecto tampoco podrá ocupar de forma permanente las vías pecuarias. El promotor tendrá además la obligación de revisar y modificar el trazado de caminos para evitar atravesar bosques o hábitats protegidos. La Junta también requiere coordinar la iluminación nocturna del parque con otros proyectos eólicos de la zona, para reducir el efecto acumulado de las luces sobre la fauna.
Desde los pueblos más próximos, se han recogido firmas a través de plataformas como Change.org, y se ha denunciado “la falta de transparencia, el exceso de infraestructuras energéticas y el deterioro del paisaje rural”. A pesar de las críticas, la Junta concluye que el proyecto es compatible con los valores naturales y culturales de la zona, siempre que se ejecute conforme a lo aprobado. La resolución señala que todas estas condiciones ambientales serán vigiladas de forma continua durante la construcción del parque, la explotación y su posible desmantelamiento en el futuro.
Segundo proyecto en Burgos
No es la primera vez que la empresa promotora, Energía Eólica Berg, S.L.U., intenta levantar un parque eólico en esta zona de los Montes de Oca. Ya en 2024, según publicó Diario de Burgos, la compañía - filial del grupo alemán ABO Wind - presentó un proyecto muy similar en estos municipios burgaleses, con ocho aerogeneradores de gran tamaño y una línea de evacuación subterránea que atravesaba espacios naturales y áreas de interés arqueológico.
Aquel primer intento generó una fuerte crítica vecinal. Se recogieron alegaciones formales y firmas ciudadanas, tanto de manera presencial como a través de la plataforma Change.org, expresando la preocupación por el impacto ambiental y paisajístico del proyecto, situación que se ha repetido en esta ocasión. Según reflejaba entonces Diario de Burgos, el malestar se debía también a la creciente “saturación eólica” en la comarca, que ya soporta múltiples instalaciones similares. Aunque el proyecto fue sometido a información pública, nunca recibió la autorización definitiva.