Suspendido el juicio por el mayor accidente minero de España porque algunas defensas alegan que hay seguros no personados

La magistrada del Juzgado de lo Penal número 2 de León ha decidido este lunes suspender la primera sesión del juicio del accidente minero del pozo Emilio del Valle de la empresa Hullera Vasco Leonesa porque los acusados se han acordado ahora de que en el momento del accidente que costó la vida a seis mineros y dejó heridos de distinta gravedad a otros nueve, el 28 de octubre de 2013, tenían seguros de responsabilidad civil.

Sin saber si existen tales pólizas de seguros o no y que en caso afirmativo las empresas aseguradoras tuviesen o no la responsabilidad civil de lo acaecido, la jueza ha decidido no realizar las tres primeras declaraciones a los acusados que estaban previstas para este lunes y dar paso a la comprobación de unas diligencias previas que se deberían haber realizado en la fase de instrucción para que, en caso de que los acusados sí tuviesen en vigor un seguro, no se tuviesen que anular las declaraciones efectuadas y también el juicio.

De esta manera, el juicio queda pospuesto como mínimo hasta mañana, trastocando todo el desarrollo de las sesiones que estaban inicialmente previstas en horario de mañana, de lunes a miércoles, desde este 5 de abril hasta mediados del mes de mayo.

En el banquillo de los acusados tendrán que sentarse, antes o después, los principales responsables de la entonces Hullera Vasco Leonesa, en proceso de desguace tras su quiebra en 2015, los Del Valle, como el que fuera su presidente, Antonio del Valle; el vicepresidente y consejero delegado, Arturo del Valle; y el vocal, Aurelio del Valle. También están imputados el director general, Marco Calvo, y el director facultativo de la explotación, José Eliseo Solís. El resto de acusados, hasta 16 antiguos responsables de la empresa minera, son ingenieros y vigilantes de seguridad de la compañía que debía garantizar la explotación. Además, también pasarán por la sala 60 testigos y peritos propuestos por las diferentes partes.

Las peticiones de condena van desde los tres años y medio de prisión por seis delitos de homicidio con imprudencia grave y otro de lesiones por imprudencia de la Fiscalía a los seis años y medio que piden las acusaciones particulares de las familias de los fallecidos. Las defensas, en cambio, piden la libre absolución de los imputados alegando que el accidente, el más grave en una explotación minera en los últimos 30 años en España, fue “imprevisible”.

De la misma manera, se piden indemnizaciones económicas desde 770.000 euros a 1,1 millones para las familias de los heridos y los fallecidos.

En el auto de apertura de juicio oral se argumentaba que se trabajó en la zona afectada por el derrabe (derrumbamiento de carbón) sin las medidas de seguridad adecuadas, lo que ponía en peligro la integridad física de los mineros, como ocurrió. Como responsables civiles figuran la compañía Hullera Vasco Leonesa, en liquidación, y la aseguradora.

El accidente tuvo lugar a casi 700 metros bajo tierra, en una galería donde, según el informe del Servicio de Minas de León, se produjo un hundimiento de carbón que provocó de forma muy rápida un gran aporte de gas grisú hacía la galería de la planta séptima donde trabajaban los mineros Carlos Pérez, Manuel Moure, Antonio Blanco, Orlando González, José Luis Arias y Roberto Álvarez, que fallecieron por asfixia.

En las instalaciones del pozo Emilio del Valle, en el municipio leonés de La Pola de Gordón, se instaló un monolito en su recuerdo. Hoy, el antiguo lugar minero es una explotación ganadera y el monolito se ha traslado a la cercana localidad de Ciñera.