La victoria medioambiental de un pueblo de Segovia: la Justicia cierra una planta de compostaje que dañaba el ecosistema

José Luis Ordóñez junto a los montones de basura acumulada en Fuentepelayo (Segovia), en julio de 2016.

Fuentepelayo es un municipio de Segovia de cerca de 900 habitantes. Desde hace casi una década, un puñado de vecinos ha luchado en contra de la empresa de compostaje Agraman) que dañaba al Medio Ambiente. Hoy, la Justicia les da la razón y obliga a la compañía a cerrar por el "grave peligro" que suponía su actividad para el medio ambiente.

La "mala gestión" de la planta de compostaje Agraman en Fuentepelayo durante años supuso "un peligro grave para el equilibrio de los sistemas naturales, las aguas y los terrenos", por lo que el Juzgado de lo Penal número 1 de Segovia ha ordenado a principios de marzo su cierre durante dos años y la inhabilitación para obtener subvenciones y ayudas públicas o contratar con el sector público durante el mismo periodo. La magistrada ha condenado, además, al administrador y gestor único -que no ha respondido a este diario- a un año de cárcel y una multa de más de dos mil euros e inhabilitación para administrar este tipo de empresas durante 18 meses. También deberán reparar todo el daño ambiental causado.

Todo comenzó con una primera denuncia que fue rechazada en 2009. El primero en plantar cara a Agraman fue José Luis Ordóñez reconoce hubo algún fallo en la denuncia y por eso fue desestimada. Pero el punto de inflexión se produjo en 2015, cuando se fue a vivir al pueblo y ya tuvo que convivir con los malos olores de la basura podrida acumulada en las parcelas agrícolas. "Fue un año muy duro". "Al principio pensábamos que era tierra, pero no. Jugándonosla y con cierto atrevimiento nos acercamos y vimos que se estaba pudriendo materia orgánica, botes de estos de cristal de legumbres, garbanzos, lentejas, alubias, huesos, pieles de cordero y cerdo y restos de caramelos...", explica Ordóñez, que calcula que ahí se acumulaba la carga de 40 o 50 camiones.

El problema de los malos olores estaba en la calle, pero había dos grupos, divididos por la edad, se quejaban, pero no habían interactuado para llegar a un acuerdo hasta que decidieron crear la plataforma 'No más mierda', la que finalmente impulsó la investigación policial y judicial en torno a Agraman. Era una plataforma ciudadana para intentar frenar al dueño de la empresa de compostaje, que vivía también en Fuentepelayo.

"Las mujeres han sido muy importantes"

En esta batalla, las mujeres resultaron clave: "Las mujeres del pueblo han sido muy importantes en el proceso. Se quejaban porque no podían ventilar bien la casa, se metía el olor y luego era muy difícil eliminarlo. Cuando sacaban la ropa a tender y olía, tenían que volver a lavar porque el hedor se quedaba impregnado", ejemplifica Ordóñez. Las mujeres más mayores se quejaban de que sus hijos -que vivían en Madrid y otras ciudades como Valladolid- no querían ir de vacaciones o con los niños porque no aguantaban esta peste olor tan penetrante que inundaba el pueblo. "Les decían [los hijos] que tenían que hacer algo, que cómo podían vivir así, pero ahí se quedaba el tema". 

Ordóñez es más concreto: "Es muy difícil entender el olor que había si no lo has vivido... No era como el olor a huevos podridos, sino más como de carne podrida. Por Fuentepelayo hay una fábrica de piensos y macrogranjas, que también producen olores a veces por los purines, sobre todo antes... No era ese olor". "Era el olor de la putrefacción", concluye el promotor de la organización 'No más mierda'. 

La plataforma habló con el Seprona (Guardia Civil). "El teniente nos quiso disuadir de denunciar porque decía que la legislación era muy escasa, que las denuncias se quedaban en agua de borrajas", recuerda. Una situación similar se mantenía en el pueblo, "nadie se atrevía a denunciar por el qué dirán. Yo me atrevía pero me parecía loco hacerlo solo. Así que decidimos que yo lo hiciese personalmente pero desde la asociación", indica. "Logramos que hubiera 350 personas en la asociación, en un municipio de menos de 900 habitantes", cuenta con orgullo. Así llevaron la denuncia a la Guardia Civil y comenzaron todos los trámites. La Junta de Castilla y León empezó a retirar los residuos a principios de 2018: 2.000 toneladas de restos en descomposición distribuidos en más de 30 parcelas de Fuentepelayo y Zarzuela del Pinar, el pueblo vecino, solo en la primera retirada. Supuso un cambio "apoteósico" para el municipio.

Fuentepelayo en Bruselas

En 2016 denunciaron ante la Guardia Civil, aunque la Benemérita ya tenía informes de las irregularidades de Agraman desde 2010. Esta queja fue acompañada de una campaña mediática, de presión y política que llevó a Fuentepelayo incluso al Parlamento Europeo a mediados de 2018. "Tuvo mucha trascendencia lo del Parlamento Europeo. A petición de Izquierda Unida, José Luis Ordóñez acudió a Bruselas para explicar cuál era su situación. "Fuentepelayo en Bruselas, ¿cómo puede ser? Una decena del pueblo sí habría venido, pero era mucho dinero y solo pagaban un billete, así que fui yo en una visita exprés". Pero a esta iniciativa se sumaron manifestaciones, en Fuentepelayo y en Valladolid, además de reuniones con dirigentes políticos. Todo para hacerse oír.

El juez de Instrucción tuvo que pedir una prórroga seis meses después de comenzar. Se convocó el juicio y tuvo que aplazarse porque "faltaban papeles", relata Ordóñez. "El juez tuvo que rehacer la instrucción". En total, dos años de instrucción, pero finalmente han ganado los vecinos de Fuentepelayo. "Teníamos todo en contra y muy poco a favor. Pero con paciencia, tranquilidad y reflexión hemos hecho las cosas bien", explica este geógrafo residente en Fuentepelayo. 

Ahora, años después de ese primer paso, el Juzgado de lo Penal número 1 de Segovia reconoce que, durante estos años, ha existido "riesgo biológico grave para las personas, la fauna silvestre y el medio ambiente" debido al no compostaje de plumas, sangre y huesos animales y pieles de cordero, entre otros subproductos animales no destinados al consumo humano (SANDACH). 

Los agentes del Seprona comprobaron que había depositados residuos sólidos sin compostar como vidrio, plástico, papeles de caramelos, plumas... y que estaba "todo mezclado". "El material que salía de la planta claramente no estaba compostado o lo estaba de una manera deficiente", indica la sentencia. La conclusión de la jueza es que a veces soltaba la carga de los camiones en la planta de compostaje y en otras ocasiones, no.

Las aguas se volvían "oscuras" al pasar por la planta

La actividad irregular de la empresa suponía un peligro para las aguas por las filtraciones de líquidos residuales y tóxicos (lixiviados) "reiterados" a la cacera (canal) de las Cabras, que desemboca en el río Malucas, que produjeron "un grave riesgo de atrofiación del río", señala la sentencia. La Guardia Civil constató que las aguas de la cacera "bajaban claras y se tornaban oscuras, turbias, cuando pasaban por la planta".

El perito de la Fiscalía aseguró que no era necesario disponer de analíticas de aguas arriba y aguas abajo ni de caudal porque las cantidades eran "tan sumamente elevadas y contaminantes, que no hace falta hacerlo para saberlo". El perito recalcó varias veces en el juicio que la carga del vertido era "una verdadera barbaridad".

La sentencia también determina que el suelo también resultó damnificado por el depósito de estos lixiviados y otros residuos ante el riesgo de que se filtraran los residuos a los acuíferos de la zona y la futura contaminación del suelo, "además del riesgo biológico que supone la existencia de depósitos de subproductos animales no destinados al consumo humano mal compostados". Estos residuos pueden ser especialmente problemáticas ante la fauna silvestre de la zona.

El terreno estaba muy contaminado, pero las muestras del suelo no superaron los niveles máximos permitidos, porque, asegura el Instituto de Toxicología y el perito adscrito a la Fiscalía, a que los niveles máximos son "realmente muy elevados", "lo cual no quiere decir que se hayan apreciado altas concentraciones de fósforo y nitrógeno (material orgánico) en relación con la muestra de suelo blanco". Los facultativos subrayan que un vertido "reiterado" en el suelo puede repercutir a las aguas subterráneas, si las hubiere. 

La empresa recibía residuos "muy por encima de su capacidad"

La magistrada del caso concluye "sin ningún género de duda" que la planta de Agraman recibía residuos "muy por encima de la capacidad idónea", lo que producía una situación y un estancamiento en la planta. La empresa extraía los restos antes de que terminara el proceso de compost y los depositaba en las parcelas para conseguir espacio libre y seguir recibiendo más restos. Esto supone el incumplimiento de "las condiciones higiénicas y de seguridad mínimas establecidas por la legislación para el tratamiento de estos residuos". 

Así, tanto la empresa Agraman como su propietario son responsables de un delito contra el Medio Ambiente de Valorización y Transformación de Residuos, por lo que son obligados a reparar en "los daños y perjuicios causados". "Es evidente que se ha ocasionado un daño que se tiene que reparar por lo que deberán llevar a cabo las tareas de limpieza necesarias de las parcelas en las que depositaron los residuos y lodos, limpieza de la Cacera de las Cabras en la que realizaban el vertido de lixiviados y la gestión y compostaje de la totalidad de los residuos existentes en la Planta y en las instalaciones", señala la sentencia.

El portavoz de la plataforma 'No más mierda' reconoce que la tarea que la jueza impone es "casi infinita". Ordóñez pedirá la ejecución de la sentencia, que dice "algunas cosas gordísimas" sobre la incorrecta gestión de los residuos. De momento, la batalla en Fuentepelayo por esta planta de compostaje, que deberá cerrar, ha concluido. "Todo ha merecido la pena".

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Publicado el
29 de marzo de 2020 - 20:57 h

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