El Ayuntamiento acepta la retransmisión de la última junta de la Sociedad Valladolid Alta Velocidad si ADIF emite las reuniones previas

El Ayuntamiento de Valladolid ha comunicado a la Secretaría General de ADIF que no tiene objeciones a la retransmisión íntegra y en directo de la Junta General extraordinaria de Accionistas de la Sociedad Valladolid Alta Velocidad (SVAV), prevista para el próximo lunes 24 de noviembre a las 17:30 horas, siempre que también se emitan públicamente las reuniones previas del mismo día: la Comisión de Seguimiento del Convenio, fijada para las 16:30, y la sesión del Consejo de Administración, convocada a las 17:00.

El consistorio responde así al escrito de una docena de asociaciones —entre ellas colectivos ciclistas, ecologistas, sociales y vecinales— pidiendo que la reunión del día 24 se retransmita en directo y que la grabación quede posteriormente accesible, del mismo modo que ocurre con los plenos del Ayuntamiento o las comisiones parlamentarias autonómicas.

Las entidades reclaman “luz y taquígrafos” ante la última reunión de la SVAV

Las organizaciones consideran que, dado que la Junta extraordinaria abordará la disolución de la Sociedad Valladolid Alta Velocidad y el cierre definitivo del proyecto de integración ferroviaria iniciado en 2017, el encuentro tiene “un interés público evidente” y exige “total transparencia”.

Aseguran que la ciudadanía “tiene derecho a conocer sin filtros” las posiciones y argumentos de los consejeros de la SVAV —representantes de Administraciones Públicas—, especialmente ante decisiones que, recuerdan, impactarán “en todos los ámbitos sociales y económicos de la ciudad durante las próximas décadas”.

Las asociaciones critican que la sociedad mercantil no puede escudarse en su naturaleza jurídica para evitar la transparencia, dado su carácter público: está integrada por ADIF Alta Velocidad (30%), ADIF (7,5%), Renfe (12,5%), la Junta de Castilla y León (25%) y el Ayuntamiento de Valladolid (25%).

Entre las entidades firmantes se encuentran la Plataforma de Movilidad Sostenible, Asamblea Ciclista, Ecologistas en Acción, Greenpeace, la Federación de AMPAS, la Federación de Asociaciones de Vecinos Antonio Machado o la coordinadora estatal ConBici, entre otras.

Decisiones aún reversibles

Los colectivos también advierten de que algunas decisiones siguen siendo reversibles, citando en concreto la aprobación de los tres pasos de Ariza, avalados por los consejeros de la Junta de Castilla y León y del Ayuntamiento. Por ello, sostienen que la última reunión de la SVAV requiere la máxima claridad para evitar contradicciones entre las versiones que posteriormente trasladan las distintas administraciones.

La junta de la SVAV supondrá el fin de la integración ferroviaria

El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha dado por cerrada la etapa de la integración ferroviaria en superficie después de que Junta y Ayuntamiento rechazaran aprobar los nuevos pasos de Ariza, valorados en más de 20 millones. A su juicio, ambas administraciones han “boicoteado” el proyecto “sin base técnica alguna”, paralizando una sociedad que dispone de 100 millones en caja y proyectos listos para ejecutar. Puente anunció el 6 de octubre que promoverá la disolución y liquidación de la SVAV, y que si los socios se niegan, el Ministerio acudirá a los tribunales mercantiles porque, asegura, la sociedad “ya no cumple su fin social”.

El Ayuntamiento y la Junta rechazaron ese argumento. El consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, considera que no existe una causa legal para la disolución y acusa al Ministerio de actuar por motivos políticos. El alcalde Jesús Julio Carnero defendió que Valladolid debe transitar hacia el soterramiento y defiende que las obras de la estación y las de Ariza no deben solaparse porque colapsarían la movilidad de la ciudad. “Nadie va a marcar los tiempos a Valladolid”, afirmó el regidor.

El PSOE aacusó al Ayuntamiento y a la Junta de “condenar” a Valladolid a la paralización y a un riesgo financiero millonario al forzar, según los socialistas, la desaparición de la sociedad y la pérdida de inversiones ya comprometidas. Los socialistas Consideraron que la negativa a aprobar las actuaciones previstas responde a un “cálculo partidista” que antepone intereses políticos al interés general de la ciudad.