El sector de las apuestas acudirá a los tribunales ante el “desamparo” de la Junta de Castilla y León

El sector de los establecimientos de apuestas en Castilla y León, representado por la Mesa Intersectorial de Juego Privado en la Comunidad, ha anunciado su “firme intención” de acudir a los tribunales ante el “desamparo político” demostrado por el gobierno autonómico. Los locales de apuestas llevan cerrados desde el 13 de noviembre de 2020.

Desde dicha representación siguen insistiendo: “No es sostenible ni jurídica ni éticamente que se quieran percibir tributos de juego, la llamada tasa de juego, cuando no ha estado autorizada la explotación de las maquinas por el cierre de los establecimientos debido a la Covid- 19”.

Dicho sector explica, a través de un comunicado, que no pretende ninguna condonación respecto a la tasa de juego, sino que no se cometa la “tropelía” de cobrar un impuesto por una máquina que no podía explotarse al no tener autorización para ello.

Indican que el asunto en Castilla y León es “aún más sangrante”, porque esta Comunidad “es la única en toda España” que no ha adoptado ninguna medida, administrativa o tributaria, que impida la tributación cuando las máquinas no han podido ser explotadas.

Por ello, entienden que la posición de la Junta de Castilla y León es todavía “más incomprensible” porque tiene ya reconocidas transferencias de recursos del Estado precisamente para “paliar” el descenso de ingresos derivados de las apuestas.

El sector del juego denuncia que, aunque a la Junta se le vaya a transferir una serie de cantidades por ese concepto desde el Gobierno con unos fondos recibidos de la Unión Europea, la Consejería de Economía y Hacienda pretende el cobro de la tasa de juego por la explotación de una máquina cuando, por otra parte, el propio Gobierno autonómico impedía su explotación.

A su juicio, es pura y simplemente “una actuación injustificada” que entraña un supuesto de un “patente enriquecimiento injusto”, lo que va a obligar al sector de juego privado en Castilla y León a solicitar el amparo jurisdiccional.

La Mesa Intersectorial entiende que la Junta “ha tenido y tiene” muchas oportunidades de rectificar legalmente una situación que “a todas luces resulta confiscatoria y anticonstitucional”, máxime cuando el sector de juego privado “ha tenido la receptividad y comprensión del resto de formaciones políticas, e incluso de agentes sociales, los cuales se mostraban a favor de dicha rectificación”.

Sin embargo, la Consejería de Economía y Hacienda ha resultado “absolutamente insensible” a un sector empresarial que da trabajo a más de 2.000 familias de forma directa, y recauda anualmente más de 70 millones de euros, e incluso argumentando en su respuesta a la Mesa Intersectorial que la imposibilidad de explotación de la máquina por razones de la Covid-19 debe equipararse con la paralización de la misma en períodos vacacionales, debiendo seguir abonándose la tasa en ambos casos, respuesta que el sector tilda de “increíble”.