Uno de cada cinco ciudadanos de Castilla y León está en riesgo de exclusión social

En Castilla y León hay 170.778 personas en pobreza severa, el 7,2% de su población y 9.013 personas más que en 2021, que viven en hogares con ingresos inferiores a 6.725 por persona al año, mientras que su tasa AROPE, que mide los ciudadanos en riesgo de pobreza o exclusión se situó en el 2022 en el 22,1%, esto es 525.248 personas, un punto porcentual menos que un año antes, y 49.667 personas menos en dato absoluto.

Así lo recoge el informe elaborado por la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social (EAPN) sobre el estado de la pobreza en las Comunidades Autónomas de mayo de 2023, que refleja una desigualdad entre regiones, en función de si están al norte de Madrid, con tasas bajas, o al sur, más altas.

Así, la tasa AROPE (personas en riesgo de pobreza y exclusión social), osciló en el 2022 entre el 14,5% de Navarra, con un 15,7 en el País Vasco, y el 36,9 en Extremadura, con una media del 26% en el conjunto nacional. Castilla y León se mantuvo en la novena posición con ese 22,1% , que en términos de personas suponen el 4,4 por ciento menos que en el 2021. Valencia, con un 10,3% menos de personas en riesgo de pobreza o exclusión social, fue la que más mejoró en el último año.

La Tasa Arope, un indicador propuesto por la Unión Europea, tiene en cuenta el porcentaje de personas que residen en hogares con carencia material y social severa; el porcentaje de población en riesgo de pobreza; y el porcentaje de personas en situación de baja intensidad en el empleo.

Si se tiene en cuenta el dato de riesgo de pobreza, este afecta al 17,8% de la población de Castilla y León, también el noveno menor nacional, con 421.000 personas en la Comunidad, 4.664 menos que en el 2021, el 0,1 por ciento menos en dato relativo.

El informe recoge que aunque la Comunidad ha mejorado “tímidamente respecto a 2015, se aprecia una desviación de unas 80.000 personas que ya deberían haber salido de la situación de riesgo de pobreza y/o riesgo de exclusión para así poder cumplir con los objetivos señalados en la Agenda 2030”.

El estudio precisa que “ hasta que llegó la pandemia, la contribución de esta comunidad se ajustaba a dichos objetivos”. Además, el informe de la EAPN señala que en Castilla y León las pensiones por jubilación “juegan un papel esencial en la contención de la pobreza y la desigualdad”.

“Su tasa de pobreza aumentaría en 5,3 puntos porcentuales si sólo existiesen las pensiones por jubilación y supervivencia, si no hubiese ningún tipo de aportación pública, más de dos quintas partes de la población castellano y leonesa (43,8 %) estaría en riesgo de pobreza (+26,0 p.p.)”, analiza el informe.

Y en la misma línea ocurriría con las personas en pobreza severa, “que aumentaría en 4,5 puntos si sólo hubiese pensiones y en 26,0 puntos de no producirse ningún tipo de transferencia pública. La continuidad de estas diferencias a lo largo de los años refleja la importancia que juega el Estado en su papel redistributivo, y, en casos como el de esta comunidad autónoma, en buena medida a través de las pensiones por jubilación”.

“Como sucede a nivel nacional, en 2021 el impacto que tuvieron las transferencias en la contención de la pobreza fue mayor aún. En 2022 este efecto se atenúa y regresa a niveles similares a antes de la pandemia. Así, como se ha señalado más arriba, en el caso de esta comunidad el papel de las pensiones es clave para mejorar las condiciones de vida de la gente”, concluye el informe sobre Castilla y León.