Lino Rodríguez vuelve al banquillo de la Audiencia de Valladolid el 5 de octubre por otra denuncia de Asaja

El que fuera presidente de Asaja en Valladolid entre 1990 y 2015 vuelve al banquillo de los acusados el próximo martes, día 5 de octubre, en la Audiencia Provincial con motivo de un nuevo juicio, también con la organización profesional agraria como entidad denunciante, en el que compartirá banquillo con su esposa, Ana de la Fuente, y el que fuera miembro de la Junta directiva del sindicato Enrique Vallejo Hernando.

Las causas judiciales se le amontonan al expresidente provincial de Asaja, quien a las tres sentencias condenatorias con que ya cuenta, la primera de dos años y ocho meses por fraude en el cobro de subvenciones a la Junta, la segunda de diez años y cuatro meses de cárcel por las 'tarjetas black' y una tercera, el pasado mes de julio, de dos años y seis meses por estafa y administración desleal, podría sumarse ahora un cuarto fallo condenatorio con motivo del juicio que se verá en la Sección Cuarta de lo Penal de la Audiencia Vallisoletana.

En sus respectivos escritos de calificación, en la presente causa Fiscalía y Asaja tipifican los hechos como constitutivos de un delito de falsedad en documento mercantil en concurso medial con otro de estafa procesal en grado de tentativa. Del primero están acusados los tres como autores y del segundo ella y los otros dos como cooperadores necesarios, según informaron a Europa Press fuentes jurídicas.

Hasta dos años y tres meses

Las peticiones oscilan entre un año y nueve meses de cárcel y multa de 2.700 euros para cada uno de ellos, según el escrito de la acusación pública, y los dos años y tres meses y sanciones económicas por importe de 3.000 que solicita Asaja.

En esta ocasión, el tribunal habrá de analizar las supuestas artimañas para el intento de cobro de diversas facturas por importe de más de 27.819 euros que Lino Rodríguez y su esposa trataron de cargar a Asaja en concepto de prestación de servicios una vez finalizada la relación entre la OPA y Sodeprin, sociedad de la que primero fue administrador único el sindicalista y luego su pareja.

Las dos acusaciones sostienen que para cobrarse dicha cantidad, la mujer de Lino presentó demanda contra Asaja e hizo constar que la deuda se correspondía con servicios recogidos en el contrato de fecha 9 de abril de 2015 suscrito entre las partes.

Sin embargo, tanto el fiscal como el sindicato mantienen que ese contrato, cuya firma no fue autorizada ni por la junta directiva ni por el comité ejecutivo de la OPA, fue confeccionado por Ana de la Fuente, Lino Rodríguez y Enrique Vallejo en fechas previas a la presentación de la demanda con el único fin de aportarlo como prueba en el procedimiento civil, y que para dar más apariencia de autenticidad estamparon el sello de Asaja en el documento.

Tras la demanda presentada, que dio lugar a un procedimiento monitorio seguido en el Juzgado de Primera Instancia número 9 de Valladolid, transformado más tarde en procedimiento ordinario, Asaja presentó denuncia ante la jurisdicción penal, lo que motivó la suspensión de la causa por prejudicialidad.

Otros tres procedimientos pendientes

A mayores de esta causa penal en la Audiencia de Valladolid, el enfrentamiento entre Asaja y su expresidente mantiene en curso otro procedimiento que se verá el 26 de octubre en el Juzgado de lo Penal número 1, con Lino Rodríguez, Enrique Vallejo y el exvicepresidente de la OPA Gerardo Rico en el banquillo, por supuestos delitos cometidos en la sectorial Campo Abierto, de la que fue presidente el primero; así como otros dos procedimientos que por separado se siguen en el Juzgado de Instrucción número 6.

El primero de estos dos últimos tiene a Rodríguez y Vallejo igualmente como acusados y se circunscribe a la asociación Remolacheros, de la que también fue presidente el sindicalista, y el segundo procedimiento tiene como protagonistas al expresidente y al exvicepresidente del sindicato.

En este último se imputa a los investigados la emisión de un certificado falso que Lino Rodríguez presentó en una demanda en la que hizo constar que Asaja había autorizado recurrir la resolución de la Seguridad Social que anuló el polémico contrato laboral del exlíder agrario.