Otra segunda sentencia vuelve a anular la orden de la Junta de Castilla y León para conceder licencias de radio

La justicia ha vuelto a tumbar por segunda vez el reparto de frecuencias de radio en Castilla y León. El Boletín Oficial de la Comunidad ha publicado este lunes 23 de marzo una nueva sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) que declara “nula de pleno derecho” la orden aprobada por la Junta en diciembre de 2022 para adjudicar licencias de radio en la Comunidad.

El fallo, con fecha el 16 de marzo de 2026, responde a un recurso contencioso-administrativo contra la orden con la que la Consejería de Movilidad y Transformación Digital resolvió el concurso público convocado el 29 de octubre de 2020 para repartir un total de 138 licencias de radio en frecuencia modulada. La resolución judicial no solo invalida ese reparto, sino que obliga a la Administración autonómica a dictar una nueva adjudicación conforme los criterios establecidos por el tribunal.

Se trata de la segunda sentencia que anula este mismo proceso y en la práctica, la orden deja sin efecto, como si nunca hubiera existido, lo que deja en el aire la situación de las licencias concedidas y obliga a la Consejería a rehacer el procedimiento.

El concurso afectaba a 138 frecuencias repartidas en 44 municipios de las nueve provincias de Castilla y León. De ellas, 124 llegaron a adjudicarse, mientras que 14 quedaron desiertas. Sin embargo, el proceso ha estado marcado desde el principio por los recursos judiciales, lo que ha impedido su desarrollo normal. De hecho, varias de las emisoras que obtuvieron licencia a finales de 2022 ni siquiera han llegado a iniciar sus emisiones.

En este segundo fallo judicial, el denunciante es Radioestudio SA, un grupo con sede en la Comunidad de Madrid y presencia en Cáceres o Badajoz, se presenta contra la propia Consejería y Radio Popular, S.A.; COPE; Libertad Digital, S.A.; Mediatel Multimedia, S.A.U., Grupo de Comunicación Promercal, S.L.U.; Diario de Ávila, S.A.U.; y Noticias Independientes de Soria, S.A.U.

La sentencia publicada ahora vuelve a dar la razón a uno de los recurrentes y obliga a la Junta a rehacer la resolución completa del concurso. Además, impone las costas a la Administración autonómica, aunque con un límite fijado en la propia resolución judicial. El fallo no es firme, por lo que cabe recurso en el plazo correspondiente.

Desde el Ejecutivo autonómico han venido defendiendo en anteriores ocasiones la legalidad del procedimiento y han señalado que modelos similares se aplican en otras comunidades autónomas.

Desde la Consejería de Movilidad han asegurado, a preguntas de elDiario.es, que la sentencia obliga a valorar de nuevo las ofertas presentadas por las diferentes emisoras. “Estamos iniciando los trámites al respecto, así como evaluando situación de las radios que han formalizado las licencias”, han zanjado sobre el tema.

Segunda anulación tras el fallo de mayo de 2025

A esta segunda sentencia se le suma una primera resolución judicial dictada en mayo de 2025 por la misma Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, que ya anuló de pleno derecho la orden de adjudicación del concurso.

En aquel caso, el tribunal estimó un recurso que cuestionaba el encaje de algunas de las licencias concedidas, especialmente a emisoras de carácter religioso que operan sin publicidad comercial y se financian mayoritariamente mediante donativos. El fallo consideró que la adjudicación no se ajustaba plenamente a las bases del concurso, que exigían la prestación de servicios radiofónicos comerciales. Eso sí, aunque la jurisprudencia sí permite que a este tipo de entidades que concurran concursos, la sentencia puso en duda la viabilidad económica de algunos proyectos y su adecuación a los requisitos exigidos.

El reparto aprobado por la Junta otorgaba un volumen significativo de frecuencias a este tipo de emisoras. Dos de ellas concentraban cerca de un tercio de las licencias adjudicadas.

Aquella sentencia de mayo de 2025 ya obligaba a la Junta a rehacer la adjudicación de las 124 licencias concedidas —las otras 14 habían quedado desiertas—, al entender que el procedimiento incurría en irregularidades sustanciales. Además, abría la puerta a revisar aspectos como la viabilidad económica de los proyectos o el cumplimiento de los requisitos exigidos en las bases. La resolución obligaba igualmente a la Administración autonómica a rehacer todo el proceso.

En el año 2020, la Junta convocó este concurso con 138 licencias en juego, que ya fueron ofertadas con este procedimiento en 2011, un proceso que fue suspendido en 2013 por la presentación de un recurso contencioso-administrativo. En el 2023, un recurso de Castilla y León Radio SA, cuya administradora es Adriana Ulibarri, hija del constructor y empresario de medios de comunicación condenado en Gürtel, José Luis Ulibarri, paralizó la adjudicación definitiva de las 124 licencias - las otras 14 quedaron desiertas al no presentarse ninguna solicitud - de radio en Castilla y León.

La Sociedad Española de Radiodifusión impugnó esta orden y alegó irregularidades sustanciales. Su denuncia se centra en que se otorgaron licencias a entidades como Radio María y La Undécima Hora, que ofrecen programación religiosa, sin publicidad comercial, y están financiadas por donativos. Esto, según el recurso, violaría los requisitos del concurso, que exigía prestar servicios radiofónicos comerciales.