El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León cuestiona “la viabilidad y efectividad” del plan de reactivación judicial e insta al Gobierno a levantar la suspensión de los plazos procesales
La Sala de Gobierno del TSJCyL se ha reunido este lunes para elaborar y aprobar un plan de reactivación judicial tras ser instada por el CGPJ a través del “Protocolo de actuación para la reactivación de la actividad judicial y salud profesional” y la “Guía de buenas prácticas para la reactivación de la actividad judicial y adopción de medidas de salud profesional para la prevención de contagios en sedes judiciales”.
El TSJCyL cuestiona la viabilidad y efectividad de un plan de reactivación judicial en el ámbito de este territorio, en tanto no se proceda al levantamiento de la suspensión de los plazos procesales acordada en la disposición adicional segunda del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. Además,
Una vez analizadas todas las propuestas recibidas por parte de los presidentes de Sala y de Audiencias Provinciales, de los jueces decanos y de los jueces unipersonales de partidos judiciales únicos, la Sala de Gobierno cree en primer lugar que es “fundamental” activar de nuevo la vida judicial y para ello levantar “ya” la suspensión de los plazos procesales acordada por el Ministerio de Justicia, siempre con las precauciones sanitarias oportunas.
El TSJCyL considera que la declaración del estado de alarma, la emergencia sanitaria y la crisis económica derivadas del COVID-19 han supuesto un duro impacto para la Administración de Justicia, han paralizado prácticamente la actividad jurisdiccional y han dejado reducida en lo sustancial la atención de los servicios esenciales. Por ello, al alto tribunal estima prioritario reanudar paulatinamente dicha actividad hasta recuperar el ritmo ordinario en los distintos juzgados y tribunales.
Actuación conjunta y coordinada
La Sala de Gobierno estima que el proceso de reactivación precisa de una debida planificación, mediante una actuación conjunta y coordinada del CGPJ y del Ministerio de Justicia, con carácter previo a la intervención y la colaboración de las Salas de Gobierno de los Tribunales Superiores de Justicia.
Por otro lado, el TSJCyL cree que el proceso de reactivación de la actividad judicial necesita para su efectiva puesta en funcionamiento el necesario suministro de medios de protección individuales y colectivos que garanticen la salud de las personas que prestan servicios, intervienen o acuden a las distintas sedes judiciales.
Igualmente, debe ponerse a disposición de todos los integrantes de la Administración de Justicia los medios informáticos precisos para que puedan hacer efectivo el teletrabajo.
La Sala de Gobierno aprecia que, dadas las características propias del ámbito territorial de este Tribunal Superior, existen serias dificultades para la adopción de un plan de reactivación como el que se insta, habida cuenta que hay cinco Salas del TSJ, nueve Audiencias Provinciales, 41 partidos judiciales y más de 300 jueces.
El TSJCyL cree más conveniente el establecimiento de unos criterios generales de actuación, sin perjuicio de facultar a los presidentes de Sala y de Audiencias Provinciales, los jueces decanos y los jueces unipersonales de partidos judiciales únicos para que, una vez se alce la suspensión de los plazos procesales, puedan proponer al TSJCyL y al CGPJ para su aprobación aquellas medidas concretas encaminadas a la reactivación judicial efectiva según el orden jurisdiccional y el territorio.
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