Ulibarri intenta eludir la cárcel y reconoce delitos de blanqueo y fraude fiscal en el último juicio de la Gürtel

El contructor y propietario de medios de comunicación en Castilla y León, José Luis Ulibarri, intenta esquivar la prisión en el último juicio de la trama Gürtel que ha comenzado este lunes en la Audiencia Nacional. Ulibarri forma parte de los 20 de un total de 25 acusados que ha decidido reconocer delitos para ver reducidas sus posibles condenas.

En el caso de José Luis Ulibarri, el Ministerio Fiscal pide para él 14 años de cárcel por delitos contra la Hacienda Pública, blanqueo de capitales y falsedad documental continuada, que habría cometido para ayudar a Francisco Correa. De ellos, reconoce tan sólo dos, el fraude fiscal y el blanqueo. Comparte banquillo con los cabecillas de la trama, Francisco Correa y Pablo Crespo, han comunicado a la Audiencia Nacional que reconocen los mismos delitos que Ulibarri. En esta última pieza, la número 13 de la macrocausa, se enjuician los delitos fiscales y de blanqueo de capitales logrados por el entramado corrupto a través de sobornos a cargos del PP en ayuntamientos y comunidades autónomas para conseguir adjudicaciones de contratos entre 1998 y 2009.

Ulibarri, que posee el 50% de la televisión de Castilla y León –financiada por el gobierno autonómico– es propietario de varios medios en la Comunidad, entre ellos El Mundo de Castilla y León y varias cabeceras locales, además de explotar licencias de radio, ya tiene una condena de cárcel a sus espaldas. En abril de 2022 asumió 19 meses de prisión en la causa Gürtel Boadilla. La sentencia de la Audiencia Nacional lo consideró autor responsable y colaborador necesario de la trama de corrupción. En ese momento, el empresario decidió colaborar con la Justicia pocos meses antes de que arrancase el juicio en el que se exponía a una condena de 7 años de cárcel, y acabó reconociendo los cinco delitos.

En esta causa que afronta está acusado de encubrir el fraude fiscal de Francisco Correa, el hombre que recogía las mordidas del PP a las empresas a las que concedía adjudicaciones. Tanto Correa como Pablo Crespo, líderes de la trama, se enfrentan a 77 años de prisión por el entramado creado para eludir los pagos a Hacienda ocultando los fondos que habían obtenido. Correa habría ocultado más de 24 millones de euros mediante dinero en efectivo que integró en la 'caja B' de sus empresas gracias a un entramado societario y financiero en el extranjero y en España.

Así, se elaboraron facturas falsas “con el fin de ocultar los servicios realmente prestados o su destinatario final, o para simular el pago de servicios inexistentes que no solo facilitaban la deducción indebida de los correspondientes gastos, sino también la generación de fondos opacos con los que abonar parte de las dádivas entregadas a cargos públicos”, según el juez instructor. Ulibarri es uno de los empresarios que, presuntamente, participó en esa trama que falseó facturas por servicios no prestados. No es el único leonés que está imputado, también aparece otra constructora de la provincia, Teconsa.

La fiscal del caso ha pedido que declaren en primer lugar los acusados que han reconocido los delitos para evitar que perjudiquen el derecho de defensa de los que no lo han hecho. A excepción de Francisco Correa, que ha contestado a preguntas de la fiscal y de algunos abogados de otros acusados, el resto de encausados que han llegado a acuerdo con la Fiscalía, como Ulibarri, se han limitado a ratificar su conformidad y no han tenido que responder a preguntas. El juez les ha liberado de acudir a las siguientes sesiones del juicio.