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UGT pide a la Junta de Castilla y León el cese de los puestos de libre designación con un catálogo inexistente o acudirá a los tribunales

De izquierda a derecha, Fernando Contreras, Tomás Pérez Urueña y Julio César Martín Nevado.

EUROPA PRESS

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UGT ha pedido por escrito a las consejerías de la Junta de Castilla y León el cese y la revisión de los nombramientos de los puestos de libre designación por haberlo hecho en base a un catálogo anulado judicialmente por un fallo que no se ha recurrido y ha advertido de que si no se atiende el requerimiento acudirá a los tribunales.

Así lo ha afirmado el secretario general de la Federación de Empleados de Servicios Públicos (FeSP) de UGT, Tomás Pérez Urueña, quien ha ofrecido una rueda de prensa junto al secretario de Administración Autonómica de la Federación, Julio César Martín Nevado, y el funcionario y delegado sindical Fernando Contreras.

Pérez Urueña ha incidido en que es la primera vez que la Junta no recurre en primera instancia un fallo judicial, en este caso del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL), contrario de este tipo, en el que se anula el catálogo de puesto tipo y, por tanto, las relaciones de puestos de trabajo y el concurso de traslados, y en esta ocasión ha dejado de “pelear” por su propio trabajo y ha “perjudicado gravemente”.

Así, ha concretado que a pesar de su anulación, el catálogo ha servido de base para el nombramiento de muchos puestos de libre designación, de forma que hay una “contradicción grave” que perjudica a los trabajadores, que no podrán acceder al concurso de traslados, y beneficia a las personas nombradas por libre designación, que además

Por ello, han iniciado el “periplo judicial” frente a esta decisión con un requerimiento a todas las consejerías para que cesen a estas personas y revisen los nombramientos porque si el catálogo “ha desaparecido para lo uno, también para lo otro”.

Martín Nevado ha destacado el perjuicio que ha supuesto la anulación del catálogo porque deja a los funcionarios de la Junta sin concurso de traslados, que es la única opción de acercarse a sus domicilios o lugares de origen, algo que la Junta lleva “30 años cercenando” y que afecta a 16.500 trabajadores.

Discriminación

Sin embargo, hay casi 1.000 puestos de libre designación, que suponen algo más de un 5 por ciento de estos trabajadores, por lo que a su juicio se ha “cerrado la vía” al 90 por ciento de estos empleados al perder la oportunidad de acceder al concurso abierto y permanente. Según un primer cálculo, desde agosto se ha nombrado a un centenar de cargos de libre designación. A este respecto, ha censurado el “tratamiento diferenciado” que se da a unas personas por la confianza de un alto cargo frente a un puesto objetivo.

Además, los responsables de UGT, en cuanto al anuncio de la Junta de elaborar un nuevo catálogo de puestos tipo, han advertido de que esto puede suponer entre año y medio y dos años de negociación y vaticinan que hasta final de legislatura podría no haber concurso, lo que supone, en definitiva, “más de 20 años negociando”, ha aseverado Pérez Urueña.

En esta línea, el secretario general de FeSP ha expresado su extrañeza por el hecho de que el mismo partido esté eliminando cosas que hizo el gobierno anterior, que era del mismo color y parece que ha entrado en la Junta otro, al tiempo que ha afirmado que esto se junta con la “duplicidad” de un ejecutivo en el que lo que aprueba uno lo tiene que aprobar también el otro. Esto supone “un paso para adelante y tres para atrás” y un “retraso de todos los derechos”.

Por otro lado, UGT también ha criticado el incremento de los puestos de personal eventual, que se elevan a 44, algo que ya criticó la oposición. Aunque Fernando Contreras ha aclarado que es una competencia de la Junta y por ello queda fuera de la negociación con los sindicatos.

Sin embargo, ha lamentado el incremento de gasto que supone para la Administración porque a la mayoría se le homologa con el máximo nivel retributivo, cuando a los funcionarios se les ha puesto como excusa para no incrementar salarios la limitación presupuestaria y para nombrar a este tipo de personal, que no tiene por qué ser funcionario, “no ha habido problema”.

En esta línea, ha afirmado que en muchos casos se trata de políticos que han perdido sus escaños o puestos en otros lugares y han llegado a la Junta como si fuera una “agencia de colocación” del PP. “Este gobierno hace una cosa y dice la otra”, ha añadido Fernando Contreras.

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