UGT exige que la Junta de Castilla y León depure responsabilidades por la compra de “mascarillas fake”

La Federación de Servicios Públicos de UGT Castilla y León exige a la Junta en un comunicado que depure responsabilidades por la compra de “mascarillas fake”. El pasado sábado, la consejera de Sanidad, Verónica Casado, admitió que se habían retirado 20.000 mascarillas compradas en China y que a pesar de que contaban con los certificados de calidad exigidos, no son válidas para su uso. Tal y como ha informado eldiario.es este domingo, la Junta realizó compras de batas y mascarillas a una empresa china a la que pagó más de 10 millones.

UGT recuerda en su nota que las mascarillas que la Junta ha retirado “llevan siendo usadas por los profesionales de la sanidad pública desde hace más de tres semanas” tiempo por el que esos profesionales se sienten “legítimamente engañados” por la administración sanitaria de la Junta de Castilla y León.

El sindicato señala que “como la propia consejera reconoció en rueda de prensa”

el día 24 de abril se enviaron las mascarillas al Ministerio de Sanidad para verificar su validez como EPI, “lo que revela por un lado que ya la propia Gerencia Regional tenía dudas sobre su idoneidad cuando ya se llevaban usando más de 10 días”. UGT considera “triste, preocupante y descorazonador” que “aunque ya sospechaban de su validez, siguieron dotando de ellas a los profesionales hasta la misma mañana de su retirada”. Así pregunta “dónde queda la tan cacareada y convertida en mantra de las comparecencias telemáticas de la consejera preocupación por la seguridad de los trabajadores de Sacyl”.

El sindicato también afirma que no se trata de un hecho único “sino que empieza a ser norma” ya que ya denunció la existencia de material defectuoso acumulado en los almacenes del Hospital Clínico de Valladolid, por lo que la Consejería se debería “replantear” sus mecanismos de control en las compras de material de protección. “No es entendible que algo se compre sin comprobar su calidad, que algo se distribuya a los profesionales sin haber validado su grado de protección para los mismos, y que tengan que ser los propios profesionales los que denuncien el estado del material y los que además deban ser vigilantes de su propio estado de salud por las actitudes tan laxas en el control por parte de los servicios de Prevención de las distintas gerencias provinciales”, sostiene.

El sindicato quiere saber además cuánto han costado esas mascarillas, qué medidas se van a tomar para recuperarlo y si se han hecho más compras de material a la misma empresa. “La contundencia y la claridad en la respuesta será la única medicina para intentar restaurar la herida por la que se escapa a borbotones la credibilidad de la Junta”, apunta.

Por último, exige que “se depuren responsabilidades y consecuentemente se asuman las mismas por los responsables; que se mejoren los sistemas de compra y de control del material; una disculpa formal a todos los trabajadores y trabajadoras que están cargados de razones para sentirse engañados y menospreciados por la Consejería y que se tomen las medidas suficientes y conformes a los protocolos del Ministerio y del propio Sacyl para el seguimiento por parte de los respectivos servicios de Prevención de los profesionales afectados por el uso de estas mascarillas impropias de su profesionalidad y dedicación”.