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Las condiciones en Catalunya para abrir los centros de día de mayores: dos metros de distancia y controles de temperatura

Desinfección de un centro de día para discapacitados

Pau Rodríguez

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El primer día de la fase 1 en varias zonas de Catalunya ha dejado imágenes de algunas terrazas y comercios abiertos, los dos sectores sobre los que se posaban todas las miradas en Terres de l'Ebre, Camp de Tarragona y Alt Pirineu i Aran, las regiones sanitarias que avanzaban la desescalada. Los que no han abierto todavía, sin embargo, son los centros de día de gente mayor y personas con discapacidad, que debían hacerlo también este lunes pero que lo veían precipitado y permanecían a la espera de instrucciones más claras sobre cómo proceder.

Tras una reunión con las patronales y trabajadores, el Departamento de Trabajo, Asuntos Sociales y Familia ha elaborado este lunes un documento con las condiciones que deberán cumplir estos centros para poder abrir. Entre ellas, tendrán que garantizar dos metros de distancia tanto entre usuarios como entre profesionales, tomarles la temperatura cada día antes de entrar y evitar las visitas de colectivos vulnerables. Así ha quedado recogido finalmente en una resolución aprobada este lunes y que ha podido consultar eldiario.es.

La decisión del Gobierno central de permitir la prestación de estos servicios en la fase 1 cogió con el pie cambiado a patronales y trabajadores del sector, que consideraron precipitada la apertura de unos centros que trabajan con colectivos tan frágiles. Tal como apareció en el BOE publicado el 9 de mayo, se disponía para la fase 1 la apertura de servicios de terapia, rehabilitación, atención temprana y atención diurna para personas con discapacidad o en situación de dependencia, pero no se concretaban las medidas para hacerlo de forma segura.

En el caso de Catalunya, la resolución aprobada este lunes no obliga a los centros a abrir, sino que pide que aquellos cumplen los requisitos cursen una petición a la Secretaría de Asuntos Sociales y Familia junto con una “declaración responsable” conforme han aplicado las medidas de higiene y seguridad. Esta declaración responsable, según la resolución, permitirá la apertura desde que se presenta la solicitud y a la espera de que la Generalitat pueda hacer posteriormente inspecciones para comprobar que no se están infringiendo las medidas.

Además de estas solicitudes, las direcciones de los centros tendrán que elaborar un plan de actuación para atender “cualquier contingencia” en relación a la COVID-19, así como formar a su personal según estas medidas. También deberán garantizar que ni usuarios ni personal han presentado síntomas en los últimos 14 días y el control periódico de su estado de salud mediante test PCR o serológicos, aunque en este punto especifican que dependerá de lo que establezca la autoridad sanitaria.

En Catalunya hay en estos momentos 18.000 plazas para gente mayor en 905 centros de atención diurna, de los que un 23% son públicos y el resto privados. En las zonas que han pasado a la fase 1 se cuentan un centenar de centros y 2.000 plazas. En cuanto a los que son de terapia ocupacional para discapacitados, entre Terres de l'Ebre, Camp de Tarragona y Alt Pirineu y Aran suman 1.439 plazas.

Sobre la resolución de la Generalitat todavía no se han pronunciado las principales patronales del sector –aunque antes de su elaboración no veían nada claro abrir en fase 1–, pero quienes sí han entrado a valorar sus detalles son algunos sindicatos, como UGT. Carme Ruiz, portavoz de Educación Especial, ha pedido más concreción para saber cómo se garantizará la separación física en servicios que requieren de mucho contacto, y ha exigido material de protección individual para todo el personal.

Ruiz también ha alertado del potencial riesgo de abrir unos centros que en muchas ocasiones están integrados dentro de geriátricos y se nutren en parte de su usuarios de las propias residencias. “El peligro de que vuelva a suceder lo mismo que en las residencias es real”, ha advertido, y ha remarcado que antes de abrir estos servicios habría que garantizar la realización de pruebas PCR o tests de anticuerpos a todos los usuarios y profesionales de geriátricos en los que ha habido algún contagio.

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