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CATALUNYA

Colau encarrila la batalla contra los apartamentos turísticos ilegales con más de 3.000 pisos cerrados

El Ayuntamiento ha ordenado el cese de 4.900 pisos, de los que un 62% ya están clausurados y el 38% han pasado a vivienda de alquiler o de sus propietarios

Pese a la mejora en sus relaciones, Airbnb y HomeAway han llevado a los tribunales las multas de 30.000 y 600.000 euros que les impuso el Ayuntamiento en 2016

Los expedientes abiertos en los barrios céntricos de Ciutat Vella y el Eixample suponen el 58% de los 13.000 que ha habido en toda la ciudad

Dos fallos avalan la suspensión de licencias de pisos turísticos en Barcelona

Colau da la batalla contra los pisos turísticos ilegales casi por concluida con más de 3.000 cierres EFE

El gobierno de Ada Colau ha tomado la medida a los pisos turísticos ilegales. Al cierre de su mandato, el contador de apartamentos clausurados sobrepasa los 3.000 y, según el Ayuntamiento, en las distintas webs de anuncios sólo quedaban, a finales de 2018, 272 pisos sin licencia (una cifra que va fluctuando a medida que los inspectores los detectan y ordenan su cierre).

A la vista de las elecciones municipales, el equipo de gobierno de Barcelona en Comú ha adelantado su balance anual del plan de choque contra las viviendas de uso turístico ilegales, que suele ser en verano. Lo han hecho para sacar pecho y reivindicar que están cerca de dejar el contador a cero en una ciudad que se estima que llegó a tener más de 6.000 pisos que se alquilaban a turistas sin licencia para ello.

El consistorio puso en marcha su plan para erradicar esta actividad económica irregular en verano de 2016, en plena consolidación de plataformas como Aibnb y HomeAway. Desde entonces, ha abierto 13.014 expedientes sancionadores, de los cuales 6.453 han derivado en multas que van de los 30.000 euros a los 600.000 (en caso de reincidencia). El Ayuntamiento ha rehusado sin embargo informar de cuántas de estas sanciones se han cobrado hasta la fecha.

En cuanto a las órdenes de cierre de pisos, que van siempre acompañadas de sanción, el Ayuntamiento ha efectuado desde 2016 un total de 4.900. De ellas, 3.038, el 62%, han acabado en el cierre del piso. Las otras, según el consistorio, pueden estar todavía en trámite o haberse revertido tras las alegaciones del propietario.

El dato que más ha enorgullecido a Janet Sanz, la teniente de alcaldía de Ecología, Urbanismo y Movilidad, es que el 38% de los pisos cerrados han cambiado ya de uso y son vivienda de alquiler (937) o del mismo propietario (234). Sanz ha defendido que su gobierno ha puesto coto a una actividad que había tenido "barra libre" en la capital catalana.

Las multas a Airbnb y HomeAway, recurridas

La batalla del consistorio contra los pisos turísticos se ha encarrilado después de que las principales plataformas accedieran a que todos sus usuarios –los llamados hosts– tengan que facilitar el número de licencia de vivienda turística antes de registrarse. Esta medida la aceptaron de entrada las empresas que formaban parte de la mesa de buenas prácticas del Ayuntamiento, entre ellas HomeAway, Booking, Rentalia y Tripadvisor. Y al final se acabó sumando a ellas Airbnb.

Con esta última, el Ayuntamiento llegó además a un acuerdo por el que Airbnb se comprometía a facilitar el acceso a los datos de sus usuarios, como el nombre, el DNI, la dirección postal o el correo. 

Aun así, los avances en las negociaciones con estas empresas no borran el historial de agrias disputas vividas al inicio del mandato. El Ayuntamiento llegó a poner dos multas a Airbnb y HomeAway por valor de 30.000 y 600.000 euros a cada una de ellas. Ambas firmas las han recurrido al tribunal contencioso-administrativo, según ha informado Sanz.

Aumentan los cierres antes del precinto

Desde que Colau puso en marcha el plan de choque, el ayuntamiento ha detectado cómo los propietarios son más receptivos a sus apercibimientos y optan por retirar el piso de las plataformas de anuncios sin tener que llegar hasta las últimas consecuencias, que es el precinto por parte de la Guardia Urbana. Si en 2016 el 48% de las clausuras fueron por precinto, en 2017 estos representaron sólo el 7% y, en 2018, el 4%. Los que no llegan a este extremo es porque dejan de operar a partir de la multa, primero, o de la orden de cierre, después. 

A partir de los 13.000 expedientes abiertos se puede constatar también cómo los barrios céntricos, que en Barcelona son los más turísticos, son los que tienen una mayor presión de esta actividad irregular. Solo entre Ciutat Vella y el Eixample albergan el 58% del total de apartamentos supervisados en la ciudad, con 3.737 y 3.820, respectivamente. 

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