La Generalitat insta a Sánchez a retirar a la Abogacía del Estado de las causas contra el procés

“El Gobierno sabe que hay muchos instrumentos para sacar la cuestión del referéndum de los tribunales y llevarlo a la mesa de negociación política”. Con estas palabras, el vicepresident de la Generalitat catalana, Pere Aragonès, ha querido dejar claro que el Estado tiene en su mano desjudicializar el procés como un gesto ante la nueva relación existente entre el Govern y el Ejecutivo de Pedro Sánchez.

Tras reunirse en Madrid con la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, ha asegurado que “no solo es la Fiscalía General del Estado la que presentó la querella contra los miembros del Govern, y por tanto el papel de la Fiscalía es importante, sino también en muchos de esos procedimientos la Abogacía del Estado está personada como parte”. Por ello, ha añadido, el Estado “tiene muchos instrumentos a su alcance para aligerar esta situación”. 

“Hay alguna oportunidad de que haya una oportunidad de que haya algún acuerdo”, ha asegurado Aragonès, que se ha asegurado tener “un 90% de escepticismo y un 10% de optimismo” respecto a la  posibilidad de que ambas administraciones logren pactos “en cuestiones del día a día”. No obstante, ha matizado que “en la cuestión fundamental” que para la Generalitat es el derecho de autodeterminación, no ve un acuerdo posible. “Estamos muy alejados”, ha insistido.

Aragonès ha considerado que, en todo caso, “es fundamental que en la interlocución de los dos presidentes se traten estas cuestiones de fondo, porque sin tratarlas el problema seguirá vivo”. Se ha remitido, así, a un futuro encuentro de Pedro Sánchez y Quim Torra, como el que mantuvieron a principios de semana, que fue una toma de contacto y que facilitó el deshielo entre la Generalitat y el Gobierno. 

Sobre la decisión de la justicia alemana de extraditar al expresident Carles Puigdemont por malversación pero no por rebelión, Aragonès ha considerado que “se ha demostrado y queda claro que no hay delito de rebelión”, una acusación que responde a una “construcción jurídica artificial” que “no pasa la prueba del algodón de otras jurisdicciones europeas”. “Estamos convencidos de que tampoco hay malversación, ha añadido. ”Lo que ha quedado claro es que la rebelión debe decaer“, ha concluido, antes de pedir al juez Pablo Llarena que ”revise la instrucción“ contra los dirigentes políticos independentistas encarcelados.