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El Govern, obligado a detallar a una entidad contraria a la inmersión las clases en castellano de cada colegio

El Govern, obligado a detallar las clases en castellano de cada colegio. /EDU BAYER

Pau Rodríguez

Los 2.519 colegios públicos que hay en Catalunya tienen hasta el 15 de enero de 2019 para enviar una copia de sus proyectos lingüísticos a la Asamblea por una Escuela Bilingüe, destacada entidad contraria a la inmersión. En un correo electrónico enviado a todos los directores de centros escolares, a la que ha tenido acceso eldiario.es, el Departamento de Educación les apremia a hacerles llegar esta documentación que, por otra parte, ya deberían tener publicada en sus webs desde junio, algo que muchos no han hecho.

El origen de este correo, que los colegios recibieron el pasado 10 de diciembre, es una petición formulada en agosto por la presidenta de la Asamblea por una Escuela Bilingüe, Ana Losada, que desde hacer tiempo exige saber cuántas clases se dan en castellano en los colegios, aparte de la asignatura de Lengua Castellana. En un primer momento, Educación contestó a Losada que esta información se encontraba publicada en las webs de cada colegio, pero no es así en todos los casos.

De esta forma, y tras un recurso frente a la comisión de Garantía de Acceso a la Información Pública (GAIP), este organismo dio la razón a Losada y obligó a la Generalitat a que le remitiera a la solicitante los proyectos lingüísticos de cada uno de sus centros. Para hacerlo posible, la secretaria general de Educación, Núria Cuenca, ha optado esta semana por enviar la misiva a los directores. En ella les pide que hagan llegar sus planes de uso y aprendizaje de las lenguas al correo electrónico facilitado por la demandante, poniendo en copia a la Administración.

Fuentes de Educación alegan a eldiario.es que la intención del Departamento es que los centros sean “lo más transparentes posible” en cuestiones de organización y proyectos educativos (dentro de los cuales está el de lenguas). Por eso les conminaron en las instrucciones del curso 2018-2019 a publicar esta información, así como las normas y memoria anual de los centros. “Para que todas las familias que tengan que escoger escuela puedan consultarlo”, subrayan. Lo que pasa, añaden, es que algunos todavía no han tenido tiempo de hacerlo.

El llamado proyecto lingüístico de centro, que está regulado en Catalunya por la ley de educación de 2009, debe elaborarlo de forma autónoma cada colegio respetando el modelo de escuela en catalán fijado por la propia norma. Además de qué lenguas se consideran de uso en el centro -la denominada lengua vehicular-, tiene que establecer el plan de aprendizaje de catalán, castellano y las lenguas extranjeras y los usos lingüísticos en actividades fuera del horario lectivo.

En líneas generales, la lengua que usan los profesores para dar clase es el catalán, de ahí el nombre de la inmersión, aunque cada vez hay más centros, según Educación, que incorporan el castellano o el inglés como lenguas vehiculares. De hecho, en su último modelo lingüístico presentado recientemente, Educación animaba por primera vez a los colegios de zonas catalanoparlantes a dar más docencia en castellano si notaban que a los alumnos les faltaban competencias en esta lengua.

Este viraje, sin embargo, no convence a entidades como la Asamblea por una Educación Bilingüe, que consideran que el sistema escolar catalán debería ser netamente bilingüe. Asociaciones como la que preside Losada llevan años denunciando que las sentencias del Tribunal Constitucional o la leyes orgánicas de educación dejan claro que el castellano debe ser también lengua de uso en las aulas.

De hecho, Losada explica a eldiario.es que su intención es conocer cuáles son los centros en los que el castellano no es lengua vehicular para instar a la Generalitat a que lo enmiende bajo advertencia de llevarlo si no a instituciones estatales o europeas.

Esta asociación, como otras anti-inmersión, es muy activa también a la hora de alertar de supuestos casos de adoctrinamiento en las aulas catalanas. Su última denuncia ha sido llevar al Consejo del Audiovisual de Catalunya (CAC) el reportaje de TV3 ‘Educar bajo sospecha’, al considerar “de parte” este documental que abordaba las consecuencias en los centros educativos del referéndum del 1 de octubre.

Ahora mismo se desconoce cuántos colegios tienen el castellano como una de sus lenguas vehiculares. En 2014, la entonces consellera de Educación, Irene Rigau, aseguró en una respuesta parlamentaria al PP que eran el 14% de los centros. El dato podrá quedar actualizado una vez todos los colegios cumplan con su cometido de hacer público su proyecto lingüístico.

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